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2011/01/06

LPG-Abogados señalan nuevo código viola la Constitución

 Litigantes rechazan disposición de nueva normativa procesal penal que les obliga a defender de forma gratuita a imputados en casos excepcionales. También consideran que juicios sumarios violentan principio de igualdad.

Escrito por Jessica Ávalos.06 de Enero. Tomado de La Prensa Gráfica. 

 

“El gremio también cree que es atentatorio al principio de inocencia el hecho que los jueces de Paz tienen vetado sobreseer.”

Luis Martínez,presidente de FEDAES

“No es justo para los abogados que se viole la libertad del ejercicio profesional ni es justo para el imputado no poder elegir su defensor.”

Manuel Chacón,abogado

“El punto es técnico. Yo, por ejemplo, prefiero que me impongan sanción administrativa que defender a acusados de quemar un microbús.”

Arístides Perla,abogado

judicial

La Federación de Abogados de El Salvador (FEDAES) señaló ayer que algunos apartados del Código Procesal Penal, en vigor desde el 1.º de enero, violan el principio de legalidad e igualdad consignados en la Constitución de la República.

“Los abogados litigantes sienten que hay violación a los principios de legalidad e igualdad porque con el juicio sumario se vulneran garantías, porque debe haber balance para que los defensores puedan hacer su labor y con el nuevo código la balanza está para favorecer al fiscal”, manifestó el presidente de la federación, Luis Martínez.

Los juicios sumarios permiten que para cinco tipos de delitos (robo, hurto, tenencia de armas, posesión de droga y conducción temeraria) los fiscales puedan solicitar a los jueces de Paz un proceso rápido para que haya sentencia a más tardar en un mes.

“El gremio también cree que es atentatorio al principio de inocencia el hecho que los jueces de Paz tienen vetado sobreseer”, agregó el abogado, en referencia al apartado que imposibilita a los jueces de Paz dejar en libertad definitiva a un procesado.

Los jueces de Paz, según lo dispuesto en el artículo 350 del nuevo código, deberán imponer algún tipo de medida cautelar para que todos los imputados que lleguen a esa instancia pasen a la etapa de instrucción. Ayer, por ejemplo, con el nuevo código se celebró una audiencia en la que el Juzgado Sexto de Paz decretó la detención provisional a un sexagenario acusado de violación sexual de una niña.

Hay abogados que, según el presidente de FEDAES, ya preparan recursos de inconstitucionalidad que presentarán a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los litigantes también expresan sus inconformidades con los plazos que se han otorgado con la nueva normativa, porque cree que son muy cortos. Los artículos 450 y 451, en efecto, reducen los tiempos para la investigación en el caso de los juicios sumarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) ya reconoció que no se siente capaz de cumplir con las exigencias que dicta el nuevo código. FEDAES cree que al igual que el ministerio público, tampoco la Procuraduría General de la República (PGR) está en capacidad de responder a la nueva normativa.

Defensa gratuita

El código vigente establece la figura de defensor de oficio para que, cuando un imputado no cuente con un defensor privado y no haya disponible un abogado de la PGR, los jueces puedan seleccionar al azar un litigante privado para que asuma el caso.

El penalista Manuel Chacón considera que esta disposición atenta contra la libertad del ejercicio profesional y contra la libertad del imputado de seleccionar quién es su defensor.

“El defensor de oficio nació en la época de los cincuenta y se quitó porque se le dio más fortalecimiento a la procuraduría. El venir ahora con el defensor de oficio no solo hace ejecutar un trabajo sin ninguna remuneración, sino a veces hace incurrir en costos. No es justo cuando hay profesionales bien pagados por el Estado y tienen las prestaciones de ley”, cuestionó Chacón, quien cree que tampoco es justo que los imputados reciban asistencia de un defensor que puede hacer su trabajo con “desgano” porque no lo hace por voluntad.

“Esa figura estaba en el código de los sistemas inquisitivos, que fue superado con el código de 1998. Ya tenemos una base constitucional y quien representa los derechos de los imputados es la Procuraduría General. En todo caso debe ser la Procuraduría General la que se debe reforzar”, coincidió el abogado Arístides Perla.

Él agregó: “La incomodidad no es porque el punto sea mercantil, sino eminentemente técnico. Porque yo, por ejemplo, prefiero que me impongan sanción administrativa que defender a acusados de quemar un microbús”.

El artículo 133 del código en vigor habla de sanciones para aquellos abogados que desobedezcan la orden de un juez de defender a un imputado sin remuneración.

Pese a los cuestionamientos, el gremio de abogados, cree que todas las instituciones del sector justicia deben de redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a la nueva normativa. Consideran que pese a que no cuentan con todas las herramientas, necesitan más unificación y colaboración.

Abogados señalan nuevo código viola la Constitución

4 comentarios:

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