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2011/01/06

La Página-Dos pecenistas se abstienen y uno vota en contra para reformar condena a torturadores-Diario digital de noticias de El Salvador

 Los pecenistas consideran que se deja desprotegidos a los miembros de la Fuerza Armada con estas reformas

Escrito por Carmen Rodríguez.06 de Enero. Tomado de La Página.

 

Mientras que los 64 diputados que consideran la tortura como un delito de lesa humanidad y votaron para que se reforme la condena a este delito con 12 años de cárcel para los torturadores y los autores materiales, Rubén Orellana y Vidal CarriLlo se abstuvieron de votar y Reynaldo Cardoza, emitió su voto en contra, los tres del partido de las manitas.

Los tres diputados pecenistas se mantuvieron en contra de dichas reformas por considerar que deja desprotegidos a los miembros de la Fuerza Armada.

Cardoza, asegura que en las tareas conjuntas que realizan los militares para el combate de la delincuencia, puede pasar que un delincuente denuncia ser víctima de tortura, "puede pasar que amarren a un delincuente y que este aduzca que lo torturaron, por eso voté en contra, no se considero la posición de la Fuerza Armada ante estar eventualidades". Los otros dos pecenistas no quisieron emitir declaraciones al respecto.

Con la reforma legislada, la condena por el delito de tortura aumenta de seis a 12 años y se procesará tanto a quien la ejerza como al autor material, además, los parlamentarios tomaron en cuenta a los funcionarios públicos que se valgan de su cargo para "conseguir" por medio de este delito favores o documentos de una persona.

Por su parte la parlamentaria del FMLN, Margarita Velado, dijo que su grupo parlamentario dio los votos a estas reformas por considerarlas importantes, ya que es un punto importante para la construcción de la democracia en el país.

Las torturas fueron prácticas comunes en el pasado conflicto armada que vivió el país en las décadas de los 70 y 80, tanto como de la guerrilla como del ejército, para obtener algún tipo de información o confesiones o como venganza. En 1975 la asamblea general de la ONU definió la tortura por "todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves... con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión...".

Para los diputados este delito se comete en la actualidad, mayormente, en los casos de privación de libertad o de secuestro, en los cuales los delincuentes presionan a los familiares de las víctimas para el pago de los rescates.

Diario digital de noticias de El Salvador

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