Por Juan Héctor Vidal.22 de Enero. Tomado de El Faro.
Desde que tomaron posesión los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional, resultó obvio que algo anduvo muy mal por mucho tiempo en el máximo tribunal de justicia y, por derivación, en todo el sistema. Las primeras expresiones de ese “algo” estuvieron vinculadas, hasta cierto punto, con nimiedades: uso abusivo de vehículos oficiales, venta de plazas, viajes de placer y otras cosas por el estilo. Para medio enderezar lo que andaba torcido, la Corte dedicó más de un año, pero todo indica que aun para corregir lo adjetivo, falta un gran trecho.
Mientras la atención se centraba en lo “pedestre”, la mora judicial iba en aumento y la ciudadanía quedó informada de ello, cuando la misma Sala de lo Constitucional empezó a saldar su propia deuda y enjuició a la instancia responsable de los asuntos penales. Con esto último se abrió otro capítulo en la impartición de justicia, el cual estuvo precedido por las históricas sentencias con las candidaturas independientes, las transferencias presupuestarias y la (des)penalización de la crítica periodística.
Sin embargo, el ideal de la pronta y cumplida justicia sigue siendo una tarea sólo eso, un ideal. Es más, pareciera que impartir justicia en este país, es casi sinónimo de repartir prebendas. Es como si las prácticas de antaño –donde medio mundo trataba de sacar la mejor tajada del presupuesto y peor aún, de los privilegios que pueden obtenerse de un sistema que, según se dice, siempre estuvo al servicio de los grandes intereses – se mantuvieran intactas. Pero con una diferencia. Hoy en día, es difícil identificar con certeza quién mantiene realmente maniatada a la víctima.
Lo que sale a la superficie son temas que pueden asimilarse a la punta del iceberg como es el paro que mantienen los sindicalistas. Y si bien este no es un problema menor (por el daño que ya ha causado al sistema, con la liberación de presuntos delincuentes por el bloqueo de los tribunales, los cadáveres putrefactos que mantienen en vilo a familias enteras por el contubernio en medicina legal y, sobre todo, por el mensaje que se le está enviando a la ciudadanía sobre la existencia de un Estado donde las leyes están virtualmente escritas en papel mojado), queda la interrogante de si todo se reduce reivindicaciones salariales que, dicho sea de paso, también están propiciando un efecto contagio. Curiosamente, en este caso aparecen casi los mismos actores que desde el principio desafiaron los fallos de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
La justicia sigue secuestrada, a pesar de los intentos de algunos pocos por liberarla. Y aunque el secuestro también impone el silencio, es posible que en el imaginario colectivo la misma justicia, con su martirio, haga suya aquella sentencia de Patrick Henry: “Denme libertad o denme muerte”.
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