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2011/01/10

El Faro-Iberoamérica contra los golpes de Estado - ElFaro.net

Por Carlos Calles.10 de Enero. Tomado de El Faro.

El ejercicio del poder político se ha desarrollado por sucesiones de mando de todo tipo; este escenario ha sido prolífico en la variedad de “golpes” palaciegos y/o cuartelazos y/o golpes de mano. Tanto en las tragedias, Hamlet y Julio César, como en sus obras históricas (v. gr. Enrique V) Shakespeare nos ilustra esa práctica. Así también, Gabriel García Márquez en El General en su Laberinto recrea el ejercicio de apoderarse del poder por medio del desplazamiento absoluto de sus oponentes. Sin dejar en el tintero esos despidos intempestivos, motivados por celos y recelos.

Establecer la vía expedita, sin involuciones y no cruenta, en la sucesión de mando es una aspiración loable; puede alcanzarse estableciendo y desarrollando la inmanencia del ejercicio de los derechos políticos, eso es algo ya logrado en varias sociedades europeas.  El pasado 4 de diciembre del 2010, en Mar del Plata, Argentina, La Comunidad Iberoamericana en el marco de la XX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, suscribió la Declaración Especial Sobre “La Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica”. Los acuerdos suscritos, son sustentados por el siguiente manifiesto: “… nuestro rechazo y condena a todo intento que pretenda trastocar o subvertir el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones en cualquier estado Miembro de la Conferencia Iberoamericana.”

La declaración del Mar del Plata está en relación directa a los sucesos en Honduras de junio del 2009, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya; y “el intento de golpe de Estado perpetrado el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador”. Parafraseando a Max Weber, el esquema conocido de  Golpe de Estado puede explicarse como un cambio de mando en la administración política de los dominios sultanescos. Jorge Basadre, historiador peruano, hace una buena descripción del dominio sultanesco para América Latina: “Entonces apareció el caudillo que tenía, más o menos fugazmente, el control de un grupo clánico o improvisado por medio del carisma. Ante la falta de grupos de interés económico poderosamente desarrollados y en interacción que robustecieran con fuerza e interés el proceso constitucional, los nuevos países se vieron arrastrados a regímenes alternados de anarquía y de tiranía personalista”. Y así, el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, define como Golpe de Estado la “Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerza militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes.” No hay cambio de rumbo. Hay matices.

Cosa distinta sucede con la subversión, ejercicio político que no tiene patente de corso; puede ser ejercido por derechas e izquierdas. Al respecto, el miércoles 11 de diciembre de 1963, en el Paraninfo de la Universidad de El Salvador, Guillermo Manuel Ungo exponía  “que el derecho de insurrección no es sino la natural consecuencia del principio constitucional que establece que ‘todo poder público emana del pueblo’; y que, en consecuencia, según la famosa frase consagrada de la Declaración de Virginia y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, existe el derecho inalienable de abolir al gobierno que no garantice al pueblo la felicidad y la seguridad”.

En el ejercicio de la defensa y preservación de un régimen político hay que distinguir, entonces, los usos tácticos para responder a un momento y los usos estratégicos que conllevan la pretensión de perennizar situaciones políticas y/o definiciones de la realidad. En este último caso es la pretensión  a mantener la vigencia de un sistema que se cree absoluto y verdadero; su preservación descansa en la conculcación de los procesos de desarrollo de las sociedades políticas por medio del ejercicio del uso de la fuerza del Estado. Las insurrecciones populares, las desobediencias civiles, las rebeliones son gestadas en el mismo seno del sistema como respuesta a eliminar gobiernos no deseados; una sociedad madura puede conjurar las causas insurreccionales. En muchos de nuestros países latinoamericanos están vigentes las causas que activan las expresiones de poder político y soberano de los pueblos, expresiones no contempladas por la ley pero si por la costumbre, tal como el derecho a la insurrección. Y no son contempladas por la ley ya que lo jurisdiccional obedece a la defensa y preservación de lo establecido. Pero una de las fundamentales fuentes, y quizá la principal, de Derecho es lo consuetudinario y en ello descansa el ejercicio de la real soberanía.

Extirpar las posibilidades de golpes de Estado y conjurar las subversiones están en relación directa a la modernización de la vida política en nuestras sociedades. Dante Caputo en el artículo Una Agenda para la Sustentabilidad de la Democracia publicado por la revista Foreign Affairs En Español, Octubre-Diciembre 2005, hace notar que el Informe sobre la Democracia en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, 2004, asumió la concepción de Democracia “como un modo de organización de la sociedad y, más precisamente, del poder en la sociedad” concepción que va más allá del elemental y ritual proceso de elección de gobernantes.

El ejercicio político de elegir y ser elegido es un componente esencial para la sanidad política de las sociedades, pero no basta; en palabras de Caputo debemos reconocer que  “Las sociedades no están formadas por electores, sino por mujeres y hombres que quieren ser ciudadanos. Una democracia que sólo los mire como electores, y no como personas que buscan que sus derechos se vuelvan reales, tangibles y cotidianos, corre el riesgo de ingresar en una liturgia sin sustancia.” Es así que él hace la sentencia de que “en consecuencia la calidad de la democracia depende de su capacidad para construir ciudadanía. Lo he resaltado en cursivas pues la razón de ser de la democracia es la construcción de ciudadanía, la cual es modificada de acuerdo a la evolución del modo de organización de la sociedad y esta organización es modificada por la calidad y extensión de ciudadanía; puede parecer un retruécano o una galimatías, pero es la expresión del proceso dinámico de la evolución de la organización política moderna y contemporánea que le da sustento a la calidad de la república tanto como organización estatal  y como escenario del ejercicio del poder.

En El Salvador tenemos abierto el panorama para iniciar ese proceso modernizante de construcción de ciudadanía; Samuel P. Huntington  sostiene que “la Modernización es un proceso multifacético que implica una serie de cambios en todas las zonas del pensamiento y la actividad humana”. Huntington registra cinco planos o campos en los que se realizan esos cambios: 1.- el plano sicológico, 2.- el campo intelectual, 3.- el plano social, 4.- el terreno económico, y 5.- el de la política.  Para Huntington la modernización política se expresa en aspectos que pueden ser agrupados en tres categorías o cualidades que se retroalimentan: i- la racionalización de la autoridad, el reemplazo de un gran número de autoridades políticas tradicionales, religiosas, familiares y étnicas por una única autoridad política secular, nacional; ii- la diferenciación de nuevas funciones políticas y el desarrollo de estructuras especializadas para ejecutarlas; y iii- una participación en política de grupos sociales de toda la comunidad. ¡Los hechos están de nuestra parte, actuemos!

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