EDH-La indiferencia detrás del desorden sindical en el Órgano Judicial

 Carlos Ponce.26 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.

El país continúa sumergido en una profunda crisis delictiva y no se advierten señales que esto se revierta en el corto plazo. Al contrario, la problemática probablemente empeore antes de mejorar. En el artículo de la semana pasada, hice un breve recuento de algunos de los más alarmantes hechos criminales registrados durante los primeros días de este año, entre los que figuran asaltos a instituciones financieras, fugas de reos y asesinatos de efectivos policiales y penitenciarios. También señalé que cualquiera de estos incidentes podría, sin ningún inconveniente, ser retomado por los escritores de Hollywood, quienes fácilmente los podrían incorporar como el tema central de las series policiales televisivas estadounidenses más populares. Sin embargo, como expliqué anteriormente, parece que los salvadoreños nos estamos acostumbrando tanto a este peligroso ambiente, que asumimos una actitud relativamente indiferente ante la comisión de graves ilícitos.

Cada semana se agrega una dimensión de gravedad al complejo tema delincuencial, paralelamente incrementando nuestra indiferencia ante la seriedad de los hechos. Este lunes, por ejemplo, este rotativo publicó una nota revelando el grado de penetración que tienen las organizaciones de tráfico de droga mexicanos en la Policía, identificando hasta una estructura de reclutamiento al interior de la corporación policial. Además, la semana recién pasada, en medio de la crisis delictiva antes mencionada, sindicalistas de diferentes agrupaciones de empleados judiciales paralizaron el trabajo del Instituto de Medicina Legal y los tribunales a nivel nacional.

En consecuencia, según reportaron diferentes rotativos, una importante cantidad de delincuentes detenidos fueron liberados, ya que los plazos legales se vencieron antes de que sus casos fueran atendidos por los juzgados correspondientes. Adicionalmente, las evidencias presentes en decenas de cuerpos de víctimas de homicidios se desvanecieron de forma acelerada debido a su proceso de descomposición, primero en las escenas de su levantamiento y, posteriormente, en las improvisadas morgues masivas habilitadas en diferentes nosocomios durante la acción sindical.

Las víctimas y sus familiares, por lo tanto, recibieron un trato menos que digno de parte del aparato estatal de justicia penal, una respuesta casi que nula ante ilícitos cometidos en su contra. Víctimas de violaciones, que se armaron de valor para ir a denunciar, no tuvieron la oportunidad de que un médico forense recolectara oportunamente evidencia de su agresión y, por lo tanto, las probabilidades de que sus victimarios sean condenados por los ataques perpetrados, se vieron disminuidas exponencialmente. Los familiares de personas asesinadas, además del dolor derivado de la abrupta muerte violenta de sus seres queridos, tuvieron que lidiar con atípicos obstáculos burocráticos y jurídicos que les impidieron dar digna sepultura a los cuerpos de sus parientes con la rapidez deseada.

Algunos analistas sugieren que los sindicalistas actuaron principalmente motivados por intereses políticos, más que por razones económicas. Hechos suscitados en el marco de la acción sindical sustentan esta apreciación. Uno de los más notorios es que los sindicalistas que agredieron a fiscales en el municipio de Mejicanos, fueron trasladados por la Policía al Hospital Médico-Quirúrgico sin autorización de la Fiscalía. Otro incidente importante es que personajes de la izquierda radical del país se hicieron presentes para solidarizarse con los sindicatos de empleados judiciales, que participaron en protestas y tomas de cedes judiciales.

No obstante, independientemente de quiénes o qué haya propiciado la acción de los sindicatos, la opinión vertida en mi último artículo se confirmó: los salvadoreños nos hemos vuelto indiferentes ante la situación delincuencial que vivimos. Si no fuera así, los organizadores del desorden en el Órgano Judicial no hubieran sobrepuesto sus intereses ante los de miles de víctimas de ilícitos o contribuido inadvertidamente a empeorar la crisis delincuencial que experimenta el país. La ciudadanía debe de condenar dichas acciones y a las personas que las apoyan, ayudan y organizan.

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