Federico Hernández Aguilar.19 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.
Ya está servida la primera escaramuza del año entre el FMLN y el Presidente de la República. No fue necesario avanzar mucho en este 2011 para que las advertencias y las interpretaciones de Mauricio Funes a sus funcionarios y viceversa, rozaran los límites de la hostilidad. Otra vez.
No vendrá mal recordar algunas cosas que se dijeron antes de llegar al punto en que estamos. En diciembre pasado, el mandatario indicó a su gabinete que quienes tuvieran la intención de mezclar lo partidario con lo público iban a tener que renunciar a sus cargos. Hizo énfasis, por supuesto, en el proselitismo político, dada la coyuntura electoral en que estamos a punto de sumergirnos.
Pues bien, entre los últimos días de 2010 y los primeros de este año, la reacción de los funcionarios efemelenistas a la instrucción presidencial adquirió una amplia variedad de matices. Desde el ministro que repentinamente olvidó las ácidas críticas que hiciera, hace apenas tres años, a un ex gobernante que tampoco se separaba orgánicamente de su partido, hasta la ministra que dijo a los medios que había que pedir explicaciones a su jefe, el actual Presidente, las declaraciones brindadas por los personeros aludidos dieron cuenta del enorme desconcierto que cundió al interior del oficialismo.
Cuán real fue este desconcierto lo atestiguan las frases deslizadas, como chiquillos regañados, por algunos personajes emblemáticos del FMLN. Uno de ellos dijo que solamente iba dedicar "unas horitas" al trabajo partidario, en domingo. Otro aseguró que los fines de semana eran "libres" para cualquier servidor público. Una viceministra interpretó que el mandatario se refería a evitar el proselitismo "al interior de las instalaciones" de las carteras del Estado. Finalmente, con el "tacto" a que nos tiene acostumbrados, un alto funcionario, segundo en importancia dentro del gobierno, espetó que él podía hacer lo que quisiera los sábados y los domingos.
Semejantes niveles de heterogeneidad en su gabinete hicieron que Mauricio Funes delimitara aún más la orden, acompañándola de un expresivo decreto. En esta histórica disposición —merecedora de todos los elogios posibles—, el Presidente establece que "los funcionarios públicos, mientras permanezcan en sus cargos, están obligados a cumplir las regulaciones y prohibiciones relacionadas con la política partidista establecidas en el ordenamiento jurídico, y en especial, aquellas que les inhiben propaganda electoral, en consecuencia, no podrán realizar o involucrarse en la realización de actos políticos o electorales".
Hoy nos informamos, respecto de las celebraciones que hizo el FMLN este fin de semana, que los servidores públicos que acudieron tienen una nueva y muy conveniente lectura del decreto presidencial. Como no han pedido el voto, argumentan, no han hecho proselitismo; por tanto, han respetado (hasta donde entienden) la tajante orden de Mauricio Funes.
Con todo respeto, y a menos que los funcionarios tuvieran la bondad de explicarnos qué significa para ellos "acto político", es difícil encontrar una razón válida que justifique su protagónica presencia en una actividad conmemorativa del FMLN. Tendrían alguna excusa si el Presidente se hubiera referido únicamente a la solicitud del voto en propaganda abierta; pero la disposición, claramente, va más allá.
Hoy me pregunto qué hará Mauricio Funes. Respetar la letra del primer decreto que expidió este año equivale a firmar, sin contemplaciones, varias órdenes de remoción. Y no debería temblarle la mano. La otra opción es aceptar como válida la forzada interpretación que están haciendo sus funcionarios y evitar, en lo sucesivo, acorralarse a sí mismo, porque de nada sirve hacer exigencias, por muy firmes que parezcan, si quedan reducidas a simples amenazas.
Lógica y entusiasta adhesión causan los esfuerzos de un mandatario que desea poner orden al interior de su gobierno. El orden, sin embargo, no es producto de la espontaneidad ni de una particular fuerza discursiva. La práctica de las mejores disposiciones éticas debe partir, muchas veces, de cierta cantidad de ejemplares escarmientos, porque muy mal se respeta a un gobernante que no hace cumplir sus órdenes.
Cualquiera podría creer que el Presidente de la República desea, de verdad, proteger la institucionalidad. Y en este tema, amén del reto que le plantean algunos miembros de su gabinete —habituados como están a darle cuentas exclusivas a su partido—, Mauricio Funes enfrenta un enorme desafío de credibilidad. El fallido intento de remover a Yolanda de Gavidia de la SIECA, pasando por encima de los procesos internos del organismo, es la última de varias acciones que no cuadran con el discurso ético del mandatario.
Otra incongruencia mayúscula, originada por la sorprendente alianza del FMLN y ARENA en la Asamblea, es la obediente sanción de Funes al decreto que regula las candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas. Con este juego político a tres bandas, el gobernante no sólo está respaldando una desvergonzada afrenta a la democracia y a la institucionalidad, sino que vuelve a demostrar que su afición a las palabras bien dichas es proporcional a la aversión que tiene por las cosas bien hechas.
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