Contra Punto-Violencia contra mujeres: entre privado y público - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Morena Herrera.18 de Enero. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR - La reciente noticia sobre la denuncia de abusos y maltratos que Ana Marta Rodríguez Llerena de Acosta presentó contra Mario Acosta Oertel, confirma aspectos fundamentales sobre los que las feministas venimos insistiendo para la comprensión y abordaje de la violencia contra las mujeres como grave problemática social y un asunto de seguridad pública.
Una de las primeras cosas que salta a la vista, es que la violencia contra las mujeres es un problema que afecta a mujeres de todas las clases y sectores sociales. El silencio en torno a estos hechos violentos, es común también en la mayoría de mujeres que sufren diversos tipos de violencia. Se estima que de cada diez mujeres que sufren violencia de pareja, sólo una toma la decisión de denunciar.  La diferencia está, en que las mujeres de sectores y clases sociales pudientes, suelen enfrentar mayores presiones para ocultar este sufrimiento, o en que el poder de su pareja, alcance a asegurar que, aunque las mujeres denuncien, los expedientes “se pierdan en las instituciones”, y la situación permanezca como un asunto privado en el que sólo intervienen la pareja, familia o amistades más cercanas.
Este caso también revela como las instituciones públicas, aún las encargadas de asegurar que las mujeres que denuncian tengan un trato adecuado y accedan a la justicia, como en este caso es el ISDEMU, se convierten muchas veces en cómplices de estas agresiones, cuando “ocultan o pierden” los expedientes, en los casos en que los agresores ocupan una posición pública destacada. La administración que estuvo al frente del ISDEMU en la época que la señora Rodríguez Llerena presentó la denuncia, deberá dar cuenta de este hecho que representa el delito de “Obstaculización del acceso a la justicia”, pero más allá de que lo haga, este hecho confirma la denuncia que insistentemente se ha venido haciendo desde el movimiento de mujeres: muchas instituciones no están jugando el papel para el cual han sido creadas, y el ISDEMU en particular, se mantuvo durante ese período, alejado de su misión institucional, aún cuando en este ámbito tenía su principal intervención.
A la nueva Dirección y Junta Directiva del ISDEMU también les corresponde hacer una investigación sobre este hecho, delimitar responsabilidades y tomar medidas institucionales, asegurando que las denuncias sobre violencia y acoso sexual, aún cuando sean contra altos funcionarios del Estado o políticos destacados, deben ser procesadas y referidas a las instancias correspondientes.
La descripción de los tipos de violencia ejercida por Acosta Oertel contra su esposa muestra también el espiral ascendente de la violencia de género, que como hemos insistido, inicia con formas sutiles de control y dominio, con insultos y golpes, hasta llegar en algunos casos, a expresarse en su forma más extrema: los feminicidios, o el asesinato de mujeres por motivos de odio o por su condición de mujer. Las amenazas de muerte y los intentos de asesinato que revela la denunciante, constituyen delitos penales que la Fiscalía General de la República debe procesar. ¿O será que de nuevo veremos como las instancias de aplicación de la justicia, vuelven la mirada para otra parte, cuando se trata de violencia de pareja, y en este caso de un hombre con un destacado papel público?
Las instituciones de seguridad pública deben comprender que, cuando las mujeres al realizar una denuncia, manifiestan que se sienten amenazadas,  no lo dicen por simple miedo o por poner agravantes en su denuncia, sino porque lo están viviendo y porque están realmente amenazadas, y es aquí donde las medidas de protección deben ser eficaces.
Esta denuncia también muestra como, la separación entre el mundo privado y el mundo público, constituye una estructura social que asegura el dominio y el control masculino sobre las mujeres. Quienes defienden que las instituciones del Estado no se pueden “meter” en la vida privada de las personas, no logran advertir que en las formas de organización familiar y doméstica, se sientan las bases para mecanismos que limitan, constriñen y obstaculizan la vida de las mujeres.
Finalmente, esta denuncia pone en evidencia la doble moral que predomina en el funcionamiento y en los valores de los partidos políticos y el liderazgo político nacional, mayoritariamente masculino: mientras no se conozcan  públicamente los hechos, se deja que los dirigentes pueden continuar ejerciendo los cargos, ya sea públicos o partidarios. Una vez se conocen, alejan al denunciado, para disminuir el costo político para el partido, pero las cosas siguen funcionando igual y las injusticias contra las mujeres permanecen inalterables.

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