15 de Enero. Tomado de Diario Co Latino.
Recientemente, el Presidente de la República, Mauricio Funes, envio a la Asamblea Legislativa, una serie de observaciones al decreto 534 que contiene la Ley de Acceso a la Información. Algunas voces críticas han utilizado ese recurso constitucional del Presidente Funes, no solo para confundir a la opinión pública, sino, para desacreditar la actual gestión gubernamental.
Las observaciones del mandatario, deben verse en un contexto de voluntades y realidades, que no se ha visto en los últimos 20 años en el país.
Por cierto, como muy bien lo señala Luis Armando González, en su espacio “Realidad Nacional”, en esta misma edición, los más críticos del actual gobierno son los que “no solo cerraron los ojos ante el incumplimiento de las responsabilidades de gobierno (los gobierno de ARENA), sino que fueron cómplices de ese incumplimiento…”. Obviamente, como el mismo González lo reconoce, esto no es un justificante para que no se exija transparencia en la actual gestión y gobiernos futuros.
Obviamente, hay que reconocer, además, la voluntad demostrada por el actual gobierno, no solo en la concreción de la ley de acceso a la información, en la que ha participado responsablemente, sino en otros signos que detallamos a continuación.
Por ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Transparencia en la propia Casa Presidencial; la creación del Observatorio de la Obra Pública firmado por el MOP, CASALCO y FUNDE; los 58 casos presentados a la Fiscalía, en el que figura el caso de la Diego de Holguín.
Asimismo, la Rendición de Cuentas por parte de todos los titulares del ejecutivo a mediados del año pasado; y la estandarización y ampliación de información de 45 entidades del Ejecutivo, entre otras.
¿En qué consisten las observaciones?
Está claro que busca tiempos adecuados y responsables para la entrada en vigencia de la ley; consideración de las condiciones diferenciadas de las sociedad de economía mixta y personas naturales que manejen recursos públicos. Esto se debe, según CAPRES, a que la organización y procedimientos que expone la ley están diseñados pensando en las entidades públicas y en consecuencia no son mecánicamente aplicables al campo de lo privado.
Asimismo, busca evitar que se rompa la continuidad institucional al renovarse de una sola vez a los titulares del instituto. La conformación de la Corte Suprema de Justicia, luego del Acuerdo de Paz, en un ensayo concreto del buen resultado de ese mecanismo de elección diferenciada en cuanto al tiempo.
Y por último, nos parece que, por las realidades salvadoreñas, salvaguardar del conocimiento masivo de los bienes del estado podría tener mucha validez.
En todo caso, si se toman en cuenta o no las observaciones del Presidente, será finalmente decisión de la Asamblea Legislativa, que puede superar, con facilidad las observaciones. No obstante, darle pensamiento, a partir de las realidades del país, también es una buena sugerencia para los diputados.
Creemos que, lo importante es que ya tenemos ley de acceso a la información, que nunca hemos tenido, y creímos que nunca tendríamos, de ahí que esperar un año o menos, su puesta en vigencia, no nos debería llevar a pensar que estamos en un momento de rechazo a la misma de parte del ejecutivo, ni mucho menos, que se está actuando de mala fe.
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