Carlos Ponce.17 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.
A principios de este mes, el presidente de la República anunció que ha ordenado al Ministerio de Hacienda preparar un nuevo impuesto con el cual pretende incrementar los fondos destinados al rubro de seguridad, mediante un aumento de los tributos pagados por los "grandes capitales". En sus declaraciones, el mandatario explicó que esta medida fue implementada en Colombia.
Expertos sobre el tema señalan que para instaurar este tipo de impuestos y que rinda los frutos esperados, se tienen que considerar diferentes particularidades de la sociedad. Enfatizan especialmente que estas iniciativas no son viables si su imposición afecta la situación macroeconómica del país y si no forman parte de una estrategia integral clara, definida y atinada.
Esta apreciación es correcta, ya que se ha comprobado criminológicamente que los ciclos económicos están asociados inversamente con la incidencia delincuencial. Si se considera que al incrementar los impuestos deprimirá aún más la economía o no permitirá su recuperación, entonces no es conveniente hacerlo. Esto es de especial interés al considerar que una iniciativa paralela del Ejecutivo es desdolarizar a El Salvador, algo que ha sido criticado por diferentes economistas, quienes han pronosticado los efectos nocivos financieros que esto conllevaría para los salvadoreños.
En consecuencia, es indiscutible que la implementación del impuesto mencionado por el presidente, debe de ser congruente con otras medidas que creen las condiciones económicas necesarias, para que su imposición no afecte la dinámica de la economía. El tema debe de ser analizado profundamente por equipos multidisciplinarios para determinar si es o no conveniente.
Por otro lado, la estrategia de seguridad que se va a financiar debe de estudiarse, diseñar y presentar, eliminando la incertidumbre que puede generar. La estrategia debe de ser clara y objetiva. Hasta el momento, las autoridades han presentado una política de seguridad, que más bien reúne un conjunto de ideas que, a juicio de muchos, no satisface las expectativas ciudadanas en esta crisis delincuencial que enfrenta El Salvador y no define claramente cuáles son los lineamientos operativos y estratégicos que rigen el trabajo de las Instituciones que componen el aparato de seguridad gubernamental.
Hasta el momento, el gabinete respectivo no ha logrado frenar la aguda espiral de violencia y delincuencia que agobia al país. Sólo la semana pasada se encontraron tres cuerpos decapitados en San Vicente, otras personas asesinadas se hallaron al interior de maletas abandonadas en San Juan Opico, una estudiante de octavo grado fue asesinada en Sonsonate, dos hombres fueron ultimados a escopetazos en una cancha de San Martín, más de una veintena de pandilleros adolescentes, internos en un centro de internamiento ubicado en Ilobasco, murieron en un hecho que todavía está bajo investigación para determinar si hubo mano criminal; los internos del Penal la Esperanza se declararon en rebeldía, entre muchos otros incidentes.
La inefectividad demostrada por los encargados de velar por la seguridad de los salvadoreños se ha agudizado por las medidas y acciones de corte ideológico que han impulsado, como la presunta persecución política al interior de la corporación policial, el supuesto acoso de políticos de derecha y empresarios, la permisividad con la que se ha tratado el surgimiento de un sindicato al interior de la Policía (prohibido por la Constitución).
El gobierno, además de armonizar las políticas e iniciativas gubernamentales orientadas a preparar el escenario para discutir la implementación del impuesto, debe de elaborar y presentar un plan coherente, integral y definido de seguridad, y dar un giro dramático en la conducción del aparato de seguridad. Este es el primer paso que se debe de adoptar para generar la confianza necesaria y eliminar la incertidumbre generada entre "el gran capital" por el anuncio presidencial, para evitar que ésta se traduzca en un deterioro de las condiciones macroeconómicas y, en consecuencia, inviabilice la medida que se pretende impulsar.
elsalvador.com :.: El impuesto para financiar la seguridad pública
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