Contra Punto-Zaira Navas: los casos no van a pararse por presiones políticas - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 Entrevista a la inspectora general de la PNC, acusada de politizar la investigación interna por diputados de derecha  

Por Fernando de Dios / Fotografía Magdalena Flores.02 de Noviembre. Tomado de Contra Punto. 

SAN SALVADOR - “La inspectora Zaira Navas, o no conoce su trabajo, o existe mala intención contra los jefes policiales investigados”. Estas palabras del diputado del Partido de Conciliación Nacional Antonio Aremendáliz, eran parte del ataque dirigido a la responsable de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) por los partidos de la derecha parlamentaria salvadoreña.
Ante lo que consideran una “mala intención ideológica” de la inspectora, decidieron crear una comisión especial para fiscalizar su trabajo. Pero no todo, sino únicamente el referido a 21 oficiales de alto rango de la policía, procedentes de la Fuerza Armada o los cuerpos represivos que actuaban en el país antes de los Acuerdos de Paz de 1992.
A pesar de las palabras de Armendáliz, Zaira Navas trabajó diez años en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), donde llegó a dirigir la instancia encargada de las investigaciones de violaciones a derechos humanos atribuidas al Estado. Allí se ocupó de “casos emblemáticos” de abusos de la PNC.
Después pasó a trabajar en la asociación Pro Búsqueda, donde impulsó ante la justicia nacional e interamericana procesos judiciales para encontrar a niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado.
En su opinión, El Salvador debió impulsar un proceso de reparación a las víctimas inmediatamente después de la firma de los Acuerdos y Paz. “Debió investigarse dónde están (los desaparecidos) y debió investigarse quiénes fueron”, afirma Navas, quien cree que “un Estado de derecho no puede funcionar sin los controles adecuados”.
En cuanto a la comisión creada por los diputados, aunque dice que es molesto porque obstaculiza su trabajo, se muestra tranquila porque dice estar respetando todos los procesos y tiene el respaldo de sus superiores.

Usted estaba trabajando con Pro Búsqueda y otras instancias, y le llaman para dirigir la Inspectoría General de la PNC…
Tenía una experiencia considerable en materia de investigación de actuaciones policiales. Me imagino que una de las razones por las cuales consideran que una mujer venga al cargo es precisamente por un esfuerzo que hay de ir generando espacios y oportunidades para las mujeres en cargos públicos. Sinceramente me llamó mucho la atención, y créame que una de las razones que me convocó es que hayan considerado a una mujer para este cargo…

A todos nos llama la atención…
A todos nos llama la atención, y a todas, creo. Esto obviamente nos pone un reto. A las dos mujeres que estamos en materia de Seguridad Pública, a la ex jueza Aída Luz Santos, que está en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y a mí particularmente.
Luego, yo había sido muy crítica de que teniendo un ente de control interno que es el encargado de garantizar derechos en el acceso a la justicia de las víctimas de abusos policiales, y que había estudiado bastante el funcionamiento de la inspectoría, se me presenta como un reto. Así lo vi. En ese momento no me puse a pensar si representaba algún tipo de riesgo. Me pareció la oportunidad exacta para aplicar, porque es bien fácil desde afuera decir “así deben ser las cosas”. Y entonces uno debe de decir, bueno, si en algún momento critiqué, ahora vamos a ver si es cierto que así es el camino que se debe seguir. 
Creo que no fuese posible emprender ningún cambio interno si no existiese voluntad política de hacerlo. Recuerdo que cuando tuve la primera entrevista con el ministro (de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar) sobre el tema, le dije que quería colaborar con esto porque me parece que es la oportunidad de promover los cambios que se han anunciado. Pero quiero saber, les pregunté a ellos, si realmente están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y recuerdo que él se puso a reír y me dijo, “eso es lo que queríamos escuchar”.

Usted llega a una institución con un poder en la vida del país, con una labor que incluso era muy mediática, en la que supongo que encontró mucho trabajo por hacer, porque usted ha dicho en algunas ocasiones que la inspectoría diseñaba procesos abocados al fracaso. ¿Cómo es su llegada al puesto, poniéndose ante unos compañeros que habían tenido poca presión por parte de esa instancia?
El tema de la falta de efectividad y de incidencia de la inspectoría está vinculado al modelo de policía que se trató de desarrollar en esta última década. La inspectoría nace en los Acuerdos de Paz. Cada país tiene su desarrollo propio por las circunstancias sociales que atraviesa, y la inspectoría nace como un ente de control interno, para evitar que los abusos que se cometieron en el pasado vuelvan a ocurrir. En sus primeros años la inspectoría trató de desarrollar este trabajo. El doctor Víctor Valle tuvo una presencia importante, con unos pronunciamientos importantes. 
Más tarde, en el desarrollo, se le empezó a dar otro rol, que es encargarse de la disciplina, garantizar que la disciplina se cumpla dentro de la policía. Eso no estaba contemplado originalmente en el mandato y lamentablemente se le atribuyó funciones más allá de lo que debe ser un ente de control, porque la disciplina deben ejercerla los jefes en una institución jerarquizada. La inspectoría debe ser una instancia de control, incluso de control externo, que se pronuncie sobre las políticas, sobre el quehacer policial, sobre la conducción policial.

De hecho usted ha planteado que se independice la inspectoría de la PNC…
Sí, correcto, eso se ha planteado en la Asamblea. 
Pero volviendo a su pregunta original, los que nosotros hemos detectado es que cuando se dieron aquellos famosos decretos de depuración, el (decreto) 101, otros decretos, al inicio de la década, se utilizó a la inspectoría como para hacer el trabajo sucio. Y pasaron grandes procesos de depuración, que finalmente generaron violaciones del debido proceso y que generaron que esta gente regresara a la policía porque la Corte Suprema de Justicia determinó que había violaciones. Es decir, fue ineficaz esa función.
Pero aparte de eso, la reforma de la Ley Orgánica de la Policía, que se hizo en 2001, le quitó esa independencia a la inspectoría, que había empezado a pronunciarse sobre la gestión de los recursos en la policía. Y en esa nueva ley la sacan del ministerio y la pasan a depender del director general (de la PNC); le quitan la facultad de supervisión en materia de gestión. Eso significa que actualmente, porque eso sigue así, yo no tengo facultad para ir a revisar procesos de licitación, etc., si no es por la vía disciplinaria. 
Entonces se le fue y se le fue reduciendo facultades a la inspectoría y a la par se le fue reduciendo personal, y al personal se le fue reduciendo capacidad técnica. Fíjese qué interesante, que se le vuelca a realizar un trabajo en materia disciplinaria, pero no se contratan abogados, sino personas de otras disciplinas. 
Obviamente eso le quitó  capacidad de intervención a la institución. Y esto está vinculado al tipo de policía que queremos. En ese momento se quería una policía que demostrara que tenía fuerza.
La Mano Dura…
Correcto, la Mano Dura, la Súper Mano Dura y luego la Mano Amiga y no sé cuántas manos más. Pero esa policía que se quería que tuviera fuerza, no es conveniente que tenga a alguien que ande detrás de ella diciéndole esto no lo debe hacer, que tenga a alguien que vele por el respeto a los derechos humanos. Entonces qué hace, pues disminuir la capacidad del ente contralor.

¿Y a la vez no se disminuyó la capacidad de atajar la corrupción?
Por supuesto.
Y en ese sentido, ¿qué se encuentra usted cuando llega a la Inspectoría?
Para ser honesta, con muy poca información. Nuestra policía ha adolecido, y la inspectoría muchísimo más, de falta de capacidad de procesamiento de información y mucho menos de análisis. La Inspectoría no tenía ni siquiera equipo informático para producir estadísticas. Aprendieron además a dar resultados cuantitativos.
Encuentro la inspectoría sin posibilidades reales para analizar el fenómeno, sin información real para saber qué tan grave es la situación. Sin recursos informáticos para procesar la información que se produce en el oriente, en el occidente, en el centro del país. Entonces el primer esfuerzo que hacemos es buscar información.
Ha sido un proceso largo y abrimos una fase importante de apertura de la Inspectoría hacia adentro y hacia fuera y yo he dado audiencias y he recibido directamente a la gente. Esto me permitió a mí recibir a bastantes miembros de la corporación policial, que vienen a contar cosas que son verdaderamente preocupantes de abusos hacia ellos y de situaciones irregulares que se produjeron y que probablemente se siguen produciendo porque esto ha sido la forma de hacer las cosas.

Como usted decía eso tiene que ver con la mentalidad de una policía fuerte. Muchos mandos policiales…
(Interrumpe) Muchos mandos han interiorizado esto y están convencidos que esa es la forma correcta de hacer las cosas, y que los equivocados somos nosotros.

¿Y se han aprovechado de ello?
Probablemente, probablemente.
Entonces, abrimos las puertas para la recepción de denuncias e hicimos algunos pequeños acondicionamientos para promover la denuncia generalizada. Ha crecido significativamente el número de denuncias. Eso no significa que la policía esté violentando más los derechos de la población, o hacia dentro. Eso significa que hemos abierto la válvula para generar confianza hacia dentro y hacia fuera. Por otro lado empezamos a analizar la denuncia que proviene de la PDDH, que está particularmente referida a uso excesivo de la fuerza, a abuso de fuerza, lesiones, malos tratos, detenciones ilegales. La denuncia proveniente de la PDDH es del 15 por ciento, nada despreciable. Y aquí se tenía la práctica que la PDDH pedía informes y no le daban información.
La PDDH es un ente al que la gente acude cuando siente que la policía se excede…
Sí, tiene un nivel de confianza grande. Entonces, en principio, respetar la institucionalidad democrática. Soy una convencida, no porque provenga de la PDDH, sino porque la violencia que sufrió este país tuvo como consecuencia la falta de funcionamiento de la institucionalidad. Ahora debemos fortalecer las instituciones tomando medidas internas para garantizar que haya personal motivado, en buenas condiciones, en respeto a sus derechos y que además respete los derechos y haga su trabajo.
Obtuvimos poca información, pero además, en este proceso que hemos tenido, se generó un número importante de denuncias hacia la jefatura policial. De distinto tipo. Los casos estos que han tenido connotación pública, algunos de ellos, quizá en su mayoría, fueron abiertos antes de mi gestión. 

Uno de los más conocidos es el del ex director de la PNC Ricardo Meneses. ¿Ese caso estaba abierto antes de que usted llegara?
Él tiene varios casos que se han abierto en mi gestión y otros que se abrieron en el periodo de la ex inspectora adjunta. Ella abrió uno y el ex inspector general abrió una investigación previa en la que resultó implicado.
Yo recuerdo estos casos, de los más públicos, que me llama la atención que el medio de comunicación lo denominó el caso de los Perrones, estaba abierto antes que yo viniera. El caso producto de una petición del senador McGovern, también estaba abierto antes que yo viniera. Lo que hemos hecho es darle seguimiento a la investigación e incluso ir a  rebuscar varias diligencias porque se habían hecho violentando el debido proceso.
Lo que nosotros estamos tratando de garantizar ahora es que se van a mantener abiertas las investigaciones, no vamos a aceptar presiones de ningún tipo, debe respetarse el debido proceso. Si una persona es inocente así resultará cuando termine el proceso de investigación. Pero si es culpable, nosotros como inspectoría debemos presentar cargos a los tribunales disciplinarios para que sean ellos los que determinen.

Hay algunos oficiales de la policía que han optado por buscar extender su defensa haciéndola pública en los medios, con lo que han conseguido también una defensa política. ¿Qué opina usted de esto?
Creo que el derecho de defensa es amplio, pero el derecho de defensa no puede violentar normativa previamente establecida. La gente tiene derecho a emitir opinión pública, pero su derecho de defensa debe ser dentro del procedimiento. Tiene derecho a opinar y los medios tienen todo el derecho a preguntar y a hacer sus investigaciones. Pero en la policía, el personal policial responde a un código de conducta y a la ley disciplinaria, que establecen cuales son sus derechos y cuales son sus deberes. En la institución policial no está permitido, por ejemplo, faltar al respeto a los superiores, que se le dé publicidad a documentación interna, tanto propia de la institución como de expedientes, sean disciplinarios o penales. Eso es una falta disciplinaria muy grave y el personal policial lo sabe.
Yo he sido muy tolerante en este tema, bajo la lógica que debemos hacer que se respete el debido proceso y también el derecho a defensa. Y yo he insistido; los casos no van a pararse por presiones políticas de ningún tipo.
Pero usted sí  ha dicho que se van a entorpecer esos 21 casos que va a investigar la Asamblea…
Porque genera un amedrentamiento a quien está conociendo las investigaciones. A mí no, pero piense en quien lleva a una investigación y siente que puede ser objeto de una investigación externa.
La afectación directa es que hemos tenido que solicitar a los instructores que manden para acá los expedientes para fotocopiarlos. Se detiene la investigación, terceras personas están conociendo de procedimientos internos de la institución. Por supuesto que hay una afectación. Pero además, cuando el caso se ventila públicamente genera afectación al debido proceso. Yo he sido muy cuidadosa, yo no hablo en absoluto del contenido de los expedientes, yo no estoy facultada para eso y por eso sí puedo ser procesada.
Dice que los propios investigadores están amedrentados…
Que pueden, pueden estar amedrentados…
Ajá, porque intentan investigar a ciertas personas que piden protección a las más altas esferas del Estado. Y esas altas esferas se la dan. ¿Usted sabe si estos diputados van a conocer algo sobre los casos en sí de los investigados o si sólo van a investigar al investigador?
No, no sé nada, a mí  la Asamblea Legislativa lo que me ha pedido es copia de los expedientes. Ni siquiera me han enviado copia del acuerdo mediante el cual se crea la comisión ni nada. Como no se me dice para qué y es una comisión de la Asamblea Legislativa la que me lo manda, yo estoy obligada a cumplir los requerimientos de la Asamblea Legislativa y por eso los he enviado.
Sólo quiero aclarar que se tratan de investigaciones internas, de determinar si hay elementos para presentar cargos o no. Es decir, todavía no se ha presentado nada contra estas personas, no se les ha acusado de nada. Entonces, sí hay una injerencia y sí hay una intervención en la medida que el mensaje que se envía, y creo que eso es lo preocupante, a los otros 24,000 miembros de la policía es: ¿cuándo a mí, que soy agente, cuándo la Asamblea Legislativa pidió ver un expediente mío? Y es bien interesante esto, porque ahora, los removidos por el decreto 101 andan pidiendo apoyo en varias fracciones de la Asamblea Legislativa porque fueron destituidos a su criterio de manera irregular. ¿Cuándo la Asamblea Legislativa, a pesar que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado el reinstalo de muchísima gente depurada por el decreto 101, cuándo crearon una comisión para determinar si esta gente fue procesada legal o ilegalmente? ¿Cuándo se preocuparon por el personal del nivel básico?

Usted no puede dar detalles, pero ¿qué tienen de especial estas 21 personas?
Yo no lo sé, eso hay que preguntárselo a los diputados: ¿Por qué si hacia algunas personas lo hacen y no a favor del resto del personal policial?

¿Son todos oficiales de alto rango?
Sí, las personas por las cuales la Asamblea Legislativa ha pedido información son oficiales de nivel superior y ejecutivo. A juicio de ellos, porque ellos provienen de los cuerpos de seguridad o Fuerza Armada. Esto es algo que yo no puedo confirmar, porque aquí nosotros no tenemos una base de datos que diga que fulano de tal viene de la guerrilla o del ejército.

¿Cuántos oficiales están siendo investigados ahora mismo?
Muchísimos más de los que han pedido información. Por diferentes faltas disciplinarias. Incluso la Asamblea Legislativa se va a dar cuenta cuando le lleguen los expedientes, que me parece que más del 60 por ciento de los expedientes enviados no fueron abiertos en mi periodo.

¿Piensa que el argumento de la politización de las investigaciones es una excusa?
A mí me parece que es un mecanismo de defensa erróneo. Porque finalmente las personas que han acudido a la defensa mediática y pública lo que han hecho es afectar su imagen. La población sabe que nuestra policía tiene signos de vinculaciones a hechos delictivos, que hay elementos de información. Además mucha población ha sido víctima de eso. Entonces, si sale a la luz y se publica, el más afectado no soy yo. La población quiere que saneemos la PNC, porque la población sabe que se cometen situaciones graves.
¿Y no cree que puede producir alerta en la ciudadanía que, sabiendo, porque lo han hecho público, que algunos de los investigados están acusado de colaborar con el narcotráfico, los diputados vayan a defenderles? ¿No cree que puede parecer que están protegiendo de alguna manera al crimen organizado?
Por eso decía que el mensaje es lo que debiese de evaluarse un poco más. Más allá de hacer cuerpo y tratar de proteger a grupos o a personas. El presidente, el ministro, el director de la policía, han sido claros que para enfrentar este gravísimo fenómeno de delincuencia y violencia que tenemos necesitamos instituciones fuertes, preparadas, sanas. ¿Cuál es el mensaje que se envía? Aquí adentro estamos haciendo un esfuerzo por sanear la policía pero otros actores no están interesados en eso. 
Lo que le digo a toda la gente es que yo ni de mis hijos puedo dar fe que hacen lo correcto. Una persona sólo puede dar fe de ella misma. Entonces, ¿cómo es posible que se hagan defensas ciegas de personas con las que usted todos los días no está? Lo mejor que debe hacerse es garantizar que se lleve el debido proceso, que se apliquen los recursos establecidos, y una vez eso ocurra, evaluemos. Pero aquí no es ese el mensaje que se está enviado, y eso es lo que preocupa, porque la población demanda respuestas.
El dato concreto, hay problemas en la policía. Hace poco el comisionado (Howard) Cotto (subdirector de investigaciones de la PNC) decía que hemos tomado una decisión que tiene sus costos pero que está en el camino de la transparencia: revelarle a la población que tenemos policías vinculados con el crimen. ¿Cada cuánto ustedes veían policías capturados vinculados a hechos delictivos? Muy pocas veces. Y ahora vemos que se captura a una banda vinculada a drogas o a otra cosa y están policías detenidos también. Este año, la policía en todas sus unidades investigativas ha capturado a 225 policías vinculados a hechos delictivos. Aquí lo que hay es una decisión de limpiar la policía.
En cuanto a la eficacia de esos procesos, es la Fiscalía General de la República (FGR) la que tiene que llevarlos adelante y hacerlos efectivos. ¿Cuándo se pueden ver resultados?
Inspectoría es un ente eminentemente administrativo, es decir, de control interno. Nosotros no investigamos penalmente al personal policial. De inspectoría dependen cuatro unidades policiales. Una de ellas es la unidad de Asuntos Internos, que es la encargada de investigar delitos atribuidos a policías, pero el direccionamiento de la investigación lo recibe de la FGR, no de la inspectoría. Es la FGR la que genera la dirección funcional para investigar hechos delictivos. Cuando, producto de nuestras investigaciones, nosotros obtenemos información de hechos delictivos, como en algunos casos de investigaciones disciplinarias ha ocurrido, certificamos ese expediente a la FGR para que promueva la investigación penal. 
Ahora bien, hay que decir que la FGR no tiene el número suficiente de personal institucional, es decir, hacen falta fiscales. Entendemos las limitantes que se tienen, pero nosotros hemos pedido que haya más personal fiscal asignado para la investigación de hechos atribuidos a la policía.
¿Y la voluntad de la FGR para investigar a ciertos policías? Porque los medios son una cosa, pero ¿y la voluntad?
Ahí no podría opinar. Lo que tengo que opinar es en base a resultados. Y lamentablemente no hemos visto muchos resultados en términos de investigaciones hacia personal policial. Sí tenemos un número importante de capturas en flagrancia.

Usted hablaba antes del mensaje, ¿se ha sentido usted atacada por el hecho de ser mujer por alguno de los diputados de la Asamblea?
Ha habido un interés de generar presión para que bajemos las investigaciones, o que haya algún resultado respecto a las investigaciones. La vara con la que se mide a los hombres funcionarios no es la misma con la que se mide a las mujeres. A nosotras se nos pregunta cuántos años tenemos, nuestro currículum, hasta nuestra vida personal. Obviamente es mucho más difícil ser mujer en cargos como éste que ser hombre. Y esto no sólo pasa por los funcionarios de la Asamblea Legislativa, pasa también por nuestra sociedad, que es patriarcal. En la policía también siento que es difícil para los jefes policiales aceptar que una mujer esté en un cargo como este. Aquí quiero decir que ha sido clave el apoyo institucional y el apoyo presidencial para que podamos desarrollar nuestro trabajo.
Y el apoyo del director de la PNC, el jefe de todos ellos, que siempre lo ha tenido…
A eso iba, a eso iba. Por eso hablaba del respaldo institucional. El director es una persona bien convencida de lo que está haciendo, y ese es su compromiso y su dedicación. También está comprometido en abrir espacios para las mujeres. Es de las personas más convencidas de esto. No es ajeno que él haya nombrado una subdirectora en una de las áreas más delicadas de la policía, que es la gestión de los recursos.
Me parece que sí hay un esfuerzo importante, una convicción del director, del ministro que debe apoyarse este esfuerzo, convencidos además que debe sanearse la policía.
Pero hacia el interior aún no hay mucho convencimiento de eso. Me parece que existió una práctica de dejar hacer dejar pasar. Se aprendió a vivir de esta forma. Todavía hay jefes policiales que saben que un miembro de su unidad está vinculado a pandillas y la solución que proponen los jefes territoriales, en algunos casos, es pedir que lo trasladen y se lo quiten de ahí. Y el subdirector (Mauricio Ramírez Landaverde) ha sido bien firme en decirles que inicien los procesos disciplinarios y penales, y no estén tirando el problema a otro.

¿Qué incidencia hay al interior de la PNC de este tipo de casos de policías relacionados con pandillas?  
Es una de las preocupaciones más importantes actualmente; la permeabilidad de las instituciones policiales por el crimen organizado en sus diferentes niveles. Desde las pandillas, que las últimas investigaciones revelan que son utilizadas para el menudeo de drogas y para el sicariato. Eso implica que la pandilla que conocíamos hace quince años mutó en organizaciones realmente criminales a sus distintos niveles. Por eso es que ahora la vinculación de personal policial con pandillas debe verse con especial preocupación, porque esto da lugar a que se traslade información, a que haya flujo de información por venta, por participación directa en la pandilla o por relaciones familiares, lo que sea. 
Lamentablemente, tal como estaba estructurada la forma de hacer las investigaciones antes, difícilmente podíamos detectar que una persona es procesada penalmente por pertenecer a pandillas. En el régimen interno de la policía la única figura que se puede aplicar es vinculación a hechos delictivos. Disciplinariamente no podemos procesar a alguien porque se junta o toma una cerveza con alguien de pandillas, pero sí porque se junta y toma una cerveza con alguien que está vinculado a actos delictivos, porque en el código de conducta policial está prohibido. De hecho, al ex subdirector (Meneses) se le inició procedimiento disciplinario no sólo por el caso publicado en una fotografía, sino porque, en uno de ellos, por cierto que es de los que va a llegar a la Asamblea Legislativa, (tiene) relaciones personales con personas vinculadas a pandillas, a sabiendas que es una persona vinculada a pandillas y que además tiene orden de captura.
¿Qué tipo de relaciones?
Relaciones.
Pero sí quiero decir que hay un interés. En tanto que se ha determinado que la pandilla es una instancia criminal, no se pude permitir el ingreso de nuevo personal policial vinculado a hechos delictivos, y vinculado a pandillas. Sí, hay un número importante de policías, se están tomando las medidas internas necesarias, se están siguiendo las investigaciones. Yo creo que hay una franja delicadísima en las relaciones familiares que debe estudiarse y debe analizarse. Pero lo que sí es cierto es que la policía no puede darse el lujo de tener en sus filas a personas que se relacionen (con pandillas), y menos aquellas que pasen información o que estén vinculadas directamente a delitos.

Usted habla de policías relacionados con pandillas, pero imagino que a medida que se va subiendo el escalafón en el crimen organizado se va subiendo también el escalafón en la policía.
Por supuesto, por supuesto. Por eso debemos mejorar los controles de registro del personal policial y de selección de personal policial para algunas unidades, y además debe haber controles internos permanentes respecto a la vida del personal policial. Algo que creo yo que es válido, es que todos los funcionarios y funcionarias públicas, particularmente los que pertenecemos a este ministerio, debiéramos ser objeto periódico de auditoría de nuestros recursos. Y estoy hablando desde yo, como inspectora general, hasta los agentes. No es justificable que una persona que gana $500 tenga un vehículo del último año. A no ser que tenga un familiar que esté en otro país y le envíe remesas y lo pueda probar.
En ese sentido, hay altos cargos de la policía que viven como ricos…
Y fíjese que los ingresos de la policía no dan para eso. Somos de los ministerios con peores salarios. 
¿Estas personas que está investigando la comisión de la Asamblea, que son oficiales de alto rango, tienen vínculos con crimen organizado de alto rango?
Yo no puedo suponer, hay que ver lo que dicen las investigaciones. Lo que sí es cierto es que, por transparencia, todo el personal policial, el que anda en las calles, debiera permitir de manera voluntaria que se les auditen sus ingresos y sus bienes. La probidad debiera ser una característica de todos los funcionarios y funcionarias.

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