El empresariado dice que el incremento de salarios y de pensiones es una irresponsabilidad fiscal, pero el presidente Funes responde que la medida, además de beneficiar a los trabajadores estimulará la economía
Por Nelson Rentería.09 de Noviembre. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR – Mientras los empleados públicos reciben con júbilo el anuncio de incremento al salario y el aumento de las pensiones como respuesta al alto costo de la vida, los empresarios salvadoreños y el gobierno se acusan entre sí de mantener posturas “irresponsables” y “politizadas”, respectivamente.
La propuesta del gobierno es aumentar el salario mínimo, actualmente de 208 dólares hasta 300; pero también lo hará para quienes ganan entre $300 y $600, que tendrían un aumento del 10%, mientras que quienes ganan entre $600 y $1.000 recibirían un 6% más.
Con la medida el gobierno pretende mejorar las condiciones de unos 24,431 empleados públicos. Además, otros 50 mil pensionados tendrían un incremento de la pensión mínima en un 44.5%, pasando de $143 hasta $207.
Si la propuesta -que será presentada por el Ministerio de Hacienda en los próximos días- es aprobada por la Asamblea Legislativa, entraría en vigor el uno de enero 2011. La medida tendría una erogación de $15 millones.
Crista Alvarado, de 27 años y madre de dos hijos, es empleada de Gobernación; percibe un salario mensual de 208 dólares y asegura que su principal reto cada mes es el pago de la vivienda, pero señala que los productos primarios también van en escalada.
“Así como le están aumentando a la canasta básica, a la gasolina y a todo, me parece lo más justo que le aumenten a uno. Pero yo siento que todavía es muy poquito”, dijo Crista a ContraPunto.
Un informe del no gubernamental Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) indica que la canasta básica aumentó unos $10 en el año, en parte por el encarecimiento de algunos granos y las verduras. En enero la canasta tenía un costo de $166 y en septiembre llegó hasta $175.
“Es alentador el aumento porque a pesar de que es poquito, es un alivio al bolsillo”, dijo la empleada pública.
Acusaciones recíprocas
Tras conocer el anuncio, el sector empresarial salió al paso con duras críticas al gobierno por considerar la medida como una “irresponsabilidad fiscal”, ya que sostiene que el país atraviesa por una crisis económica.
“La medida podría resultar inconveniente en el mediano plazo, pues le restaría al Estado cerca de $50 millones anuales que podrían emplearse en el combate contra la delincuencia, mejorar la salud, reducir la pobreza o contener los elevados niveles de endeudamiento público”, expresó la Cámara de Comercio en un comunicado de prensa.
La gremial también acusa al gobierno de mantener a un sistema burocrático “pesado” e “ineficiente”.
El presidente Mauricio Funes tiene una visión distinta de la medida, ya que afirma que el incremento del salario reactivaría la economía y fortalecería el mercado interno, por lo que acusó a los empresarios de posturas politizadas.
“Es una postura francamente politizada (…) cualquiera que comprenda un mínimo de economía, sabe que los sectores populares vuelcan al consumo sus escasos ingresos y con ello contribuyen a la reactivación, es impensable una economía sana, sin un mercado interno fortalecido”, dijo el mandatario.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que el gobierno ha decidido aumentar los salarios porque puede “pagarlos con sacrificios”.
Sostiene para que ello se ha realizado ahorros en los intereses de préstamo, un total de $115 millones, debido a que han presentado a los acreedores un mejor manejo de la deuda, y otros $50 millones en la focalización de subsidios.
“Si no hubiera capacidad para pagar los $15 millones, no lo hubiéramos hecho. Lo estamos haciendo responsablemente”, dijo Cáceres.
La Cámara de Comercio sostiene que la medida debió de discutirse en la mesa del Consejo Económico y Social (CES).
El economista William Pleitez, del Programa Mundial de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sostiene que la medida ayudará a paliar la economía familiar, pero que la apuesta del gobierno debe ser la de crear las condiciones para aumentar el nivel productivo del país.
“Pareciera que este ajuste (salarial) está siendo visualizando como una manera de compensar la erosión del poder adquisitivo que ha habido en los últimos años”, señaló.
Agregó que “en materia de salarios, el desafío más importante que tiene enfrente El Salvador está en cómo pasar de la tradición de determinar el salario en función del costo de la vida, a pasar una fórmula en donde el salario se determine en función de la productividad”.
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