Norma Guevara de Ramirios.08 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.
El Presidente Funes anunció recientemente la decisión de aumentar la pensión mínima de 145 dólares, hasta $208, esto incluye llevar hasta ese valor otras que sean superiores a 145 y menores de 208; al mismo tiempo se comprometió a establecer el salario mínimo del sector público en $300 y nivelar los salarios comprendidos entre 300 y 600 dólares incrementando 10% y a los que van de 600 a 1000, aumentarles un 6%.
Curiosamente la reacción de Arena fue criticar la medida como electorera y las gremiales de la empresa privada criticarla como inconveniente.
¿Por qué oponerse a una mejora de decenas de miles de pensionados que dedicaron su vida laboral a trabajar y cotizar para su jubilación? ¿Por qué oponerse a mejorar el ingreso de miles de familias de personas que trabajan en el sector público con ingresos bajos? Cuesta entender esas posiciones, más bien son inexplicables e inentendibles.
Además de un fondo de justicia implícito en la decisión adoptada por el Presidente Funes, el incremento de los ingresos de personas que perciben salarios o pensiones que les resultan insuficientes para hacer frente a necesidades básicas, la derecha arenera y empresarial debería comprender que los trabajadores gastan sus ingresos de manera completa en bienes y servicios producidos por el sector privado y que elevar la capacidad adquisitiva de gran parte de las familias resultará beneficioso para una economía que hace ratos, desde la dolarización, registra un bajo crecimiento.
Carlos Glower (en sus Ensayos, Economía Política de la Dolarización), nos hace ver que mientras la productividad del trabajo se ha mantenido constante, desde la dolarización en 2001, - el salario real ha disminuido en casi 10%: este efecto que por sí mismo es una pesada carga para las familias se ve aumentado ante la crisis financiera internacional que se traduce en pérdidas de empleo, en disminución de remesas, en baja de las exportaciones, por ende de la producción y de la tributación. En este contexto aumentar la capacidad adquisitiva de quienes tienen remuneraciones o pensiones más bajas, es saludable para la economía tanto familiar como en términos generales; por eso no puede más que advertirse mezquindad política ante las medidas anunciadas por el órgano ejecutivo que empezarán a aplicarse a partir del próximo 2011.
En el último año de gobierno de Arena, el PNUD entregó al país un estudio sobre la situación del empleo que dejo claramente establecida la necesidad de hacer un verdadero pacto por el empleo para aumentarlo y para dignificar su remuneración y la seguridad social, esto supone un compromiso de todos, del sector público y del sector privado. Al pronunciarse mostrando alejamiento de esta ruta parecen buscar pretextos para evitar ser parte de un proceso que mejore, y especialmente para alejarse de cualquier esperanza de mejora del salario mínimo.
El salario mínimo necesita ser mejorado, sin duda implicaría sacrificios especialmente para las pequeñas empresas, pero los beneficios también serán mayores porque implicaría igualmente aumentar la capacidad adquisitiva, esto es poder de consumo, de compra con sus consecuentes efectos positivos en la dinamización de la economía.
En vez de cuestionar al Presidente por decidirse a mejorar salarios, en el marco de restricciones fiscales existentes, mejor sería abrir al respecto un diálogo, entre gobierno, trabajadores y empresarios que permita poner sobre la mesa las posibilidades o no, de dar esos pasos que el país requiere porque luce muy mal oponerse a que mejoren su capacidad adquisitiva los trabajadores y las trabajadoras.
El FMLN comprende la importancia de estas decisiones. Aumentar más de un tercio, el ingreso a las personas con pensiones mínimas, es un salto que implicará esfuerzos financieros importantes, pero si por un lado se otorgan pensiones a personas mayores de 70 años en los municipios más pobres, que trabajaron sin alcanzar a cotizar para pensionarse, es justo que a quienes trabajaron y cotizaron para tener una pensión, sea ajustada ahora. Sabemos que el manejo de los fondos de pensiones ha sido irresponsable, que se dejó de aportar lo que la ley inicial mandaba para cubrir obligaciones futuras, ahora es ese futuro, y cumplir con la mejora que tanto han esperado los pensionados, representa un sacrificio para abonar a una deuda de justicia.
Igual significado tiene aumentar salarios a quienes tienen retribución baja, en una sociedad con desempleo alto y subempleo, sabemos que de una persona que trabaja y obtiene una remuneración, dependen dos o tres que carecen de ingreso. Ojalá se convierta la crítica de areneros y empresarios en reflexión que ayude a dignificar y estimular a las y los trabajadores, porque es inaceptable su rechazo.
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