Oscar A. Fernández.18 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.
Entendiendo la relación que planteamos (título), la hipótesis de trabajo consiste en presentar el conflicto como variable fundamental del contenido del desarrollo en los estamentos del Estado, que a su vez promueva y difunda el pensamiento crítico, por un lado, y por el otro, en situar el conflicto y su enfrentamiento positivo como estrategia preferente para facilitar su desarrollo organizativo desde y para los presupuestos de autonomía, participación organizada y democracia.
Por consiguiente, desde esta perspectiva, el conflicto no solo se ve como algo natural inherente a todo tipo de organizaciones y a la vida misma, sino que además se configura como un elemento necesario para el cambio organizativo y, en consecuencia, como un instrumento esencial para la transformación de las estructuras educativas.
Por ello, desde esta concepción del desarrollo organizativo, no sólo se admite sino que se favorece el afrontamiento positivo de determinados conflictos, es decir, abordados desde presupuestos democráticos y no violentos.
Esta apertura hacia el conflicto por parte de todos los miembros de la comunidad, puede llevar consigo en un momento determinado al cuestionamiento del funcionamiento de la institución y con ello de su propia estructura jerárquica. Por ello una perspectiva celosa del poder, que busca el control y el dominio, no puede por menos que ocultar y silenciar los posibles conflictos como mecanismo, entre otros, de perpetuar el statu quo establecido.
Por esta razón, atribuimos el afrontamiento positivo de los conflictos un carácter democratizador para la vida institucional en tanto que facilita la participación de todos los protagonistas del proceso educativo, permite la diversidad de enfoques y propuestas, e integra la disidencia como manifestación legítima del funcionamiento organizativo. Concretamente el afrontar positivamente los conflictos para la vida organizativa de la institución educativa puede favorecer y estimular los procesos de análisis y reflexión sobre nuestra realidad y la propia institucional; los procesos de diálogo y comunicación necesarios para una buena negociación; la responsabilidad organizativa, pues todo afrontamiento de los conflictos significa un compromiso con la organización. Se estimula, además, la participación de todos los miembros de la institución u organización.
El afrontamiento positivo y democrático de los conflictos implica una apertura y participación, no solo de las partes contendientes, sino también de los restantes miembros de la organización.
Supone tomar decisiones más conscientes y más democráticas.
El manejo adecuado del conflicto incita a la calidad de los procesos de toma de decisiones: “La evidencia sugiere que el conflicto puede mejorar la toma de decisiones al permitir ponderar en decisiones importantes todos los puntos en especial los poco comunes o los de una minoría...” (Robins, 1987); permite los planteamientos colaborativos de la organización y del liderazgo, con el fin de construir comunidades políticas educadas y democráticas.
Los procesos de análisis y concienciación en aquellas situaciones de desequilibrio del poder, induciendo a la comunidad a actuar en apoyo de los valores culturales democráticos y educativos, son también efectos de un conflicto bien tratado, así como el cambio como proceso natural.
En el proceso de desarrollo todo cambio, como el que está ocurriendo en El Salvador, genera resistencia y con ello la posibilidad de un conflicto. Visto en el sentido contrario, el cambio es una consecuencia inevitable del conflicto. “El conflicto pone en tela de juicio el statu quo y propicia la creación de nuevas ideas: además favorece la reevaluación de las metas y actividades, aumentando la probabilidad de que el grupo responda al reto” (Robbins, cit.)
El conflicto provoca la autoevaluación permanente de la institucionalidad, en tanto que se pone en marcha un proceso de afrontamiento de un conflicto organizativo, se tiene que tener en cuenta al menos los “qué”, los “por qué” y los “cómo” del conflicto; el contexto en que se produce y su relación con el conflicto; las posiciones que ocupan los protagonistas; la identificación de las posibles estrategias que se han empleado en el proceso conflictivo; las expectativas de las partes en oposición y la identificación de las estrategias a seguir.
“Los conflictos promueven la autoevaluación y desafían la sabiduría convencional y las teorías en uso. La ausencia de conflicto provoca frecuentemente aborregamiento y conformismo” (Santos Guerra, 1992)
Lo anterior exige las condiciones de un Estado constitucional democrático. Si éste mismo, ha de convertirse en un instrumento efectivo para la viabilidad de la política y de la democracia, resulta imprescindible rescatar la dimensión normativa del Estado de derecho y el carácter deliberativo y participativo de la opinión pública, lo que supone ejercer los derechos políticos en el marco de las realidades del mundo social y económico. Solamente de esta manera el
Estado jurídico de ciudadanos hará efectivo el principio de que los intereses reales de los individuos no están reñidos con la participación y deliberación de la sociedad civil, puesto que en un orden constitucional sólo se podrán tomar aquel tipo de decisiones contempladas dentro de los límites de la justicia y el derecho.
El aprendizaje de la ciudadanía democrática es un objetivo central en toda propuesta educativa de cambio progresista. Por otro lado, debemos de insistir en la necesidad de buscar la coherencia entre los fines y los medios a emplear, en este caso entre la finalidad de formar personas democráticas y comprometidas con la democracia, con los medios y estructuras para alcanzar estos fines. En palabras de John Dewey: “La democracia constituye en sí misma un principio educativo, un modelo y una forma de educación” (1952)
Por ello, si queremos que la educación esté orientada a la formación de la persona democrática, que participe activamente en el urgente rediseño y desarrollo permanente del sistema político salvadoreño, ella misma tiene que estar organizada desde esos presupuestos. La búsqueda de una sociedad plena y efectivamente democrática, requiere no sólo que el sistema educativo fomente una actitud de libertad y participación para la vida social adulta, sino que tal como han insistido diversos autores desde los clásicos (Engel, Dewey, Freire, etc.) hasta los más recientes (Escudero, 1994, Fernández E. 1992, Tuvilla, 1990, entre otros) el propio sistema educativo debe articularse bajo los principios en los que dice fundamentarse.
El requisito fundamental de toda democracia es la participación, la cual no se reduce sólo al instante del voto, sino que exige el diálogo permanente, el debate abierto, el control de las decisiones y la capacidad de crítica efectiva. La cultura democrática asentada en razón humana del Estado, requiere que el propio liderazgo impulse la participación como valor social fundamental.
En el complejo contexto del incremento de la actividad delictiva y de violencia, por ejemplo, en nuestras sociedades actuales llamadas “posmodernas”, cuya cultura y reglas de convivencia son diseñadas por la ideología consumista y nihilista del capitalismo en su expresión más inhumana, el neoliberalismo, la ciudad ha ido perdiendo su capacidad socializadora, para convertirse en un campo de batalla. En esta realidad, se tiende a confundir conflicto con violencia, violencia con criminalidad y criminalidad con sensación de inseguridad. Esta falta de claridad en la utilización de los términos origina serias consecuencias en el análisis social y tiene implicancias relevantes en la formulación e implementación de políticas públicas. El conflicto es consustancial con la democracia y la sociedad, por ende, proponer su desaparición o pretender solucionarlo por la fuerza, solo puede plantearse desde un enfoque autoritario.
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