Lo que se requiere en el fondo es sumar voluntades realmente comprometidas con el perfeccionamiento permanente y progresivo de nuestra democracia, que es donde están las bases de la estabilidad, de la seguridad y del desarrollo del país.
Escrito por Editorial.18 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Aunque por momentos pareciera que el proceso democrático nacional se estanca o entra en zona erizada de peligros, lo cierto es que durante esta ya prolongada posguerra dicho proceso ha venido avanzando sin quebrantos que anuncien algún tipo de regresión hacia las formas estructuralmente autoritarias del pasado. Lo que sí ha habido y continúa habiendo son constantes brotes y rebotes de actitudes que recuerdan el viejo autoritarismo, y que tendrían que ser sustituidas lo más pronto posible por actitudes y reacciones de naturaleza democrática, comenzando en el área gubernamental.
Siendo así las cosas, hay que recalcar una vez más, y cuantas veces sea necesario, que la democracia es un esfuerzo continuado, que abarca los ámbitos legales, los distintos niveles institucionales y las prácticas correspondientes. En estos momentos vuelve a activarse la discusión sobre las reformas ya impostergables en el plano electoral; y esto es resultado de la maduración básica del proceso así como de acontecimientos muy puntuales y significativos dentro del mismo, como la alternancia en el ejercicio del poder político que se concretó formalmente en 2009.
Se está hablando cada vez más de hacer los cambios legales que conduzcan hacia los concejos de representación plural. Es decir, superar el esquema antidemocrático según el cual el partido que tiene más votos en un municipio es la única fuerza representada en el concejo correspondiente. Nos hemos quedado solos con esta figura anticuada, y es hora de corregir tal distorsión. El argumento tantas veces esgrimido de que permitir concejos de representación plural sería promover las disputas internas es una falacia, porque justamente el espíritu democrático se basa en que los adversarios interactúen y se entiendan en todos los campos del hacer público.
Pero, desde luego, el imperativo de avance no se detiene ahí. Es ya injustificable la falta de una legislación específica sobre partidos políticos, que ordene su desempeño en temas como democratización interna, financiamiento, formación de cuadros y relación entre representantes y representados. Y que además contemple requisitos de autodefinición y de proyección de largo alcance. Los partidos no pueden seguir siendo agrupaciones casi informales cuando desempeñan un rol tan decisivo en el quehacer vital de la democracia.
Además, se hace sentir, cada vez con más apremio, la exigencia de contar con una real y efectiva legislación sobre transparencia y rendición de cuentas. Al respecto hay iniciativas y proyectos que vienen rodando desde hace tiempos por las veredas ejecutivas y legislativas donde se pueden tomar decisiones. Dan ganas de decir: ya basta de peloteo; hay que jugar en serio.
Así como las anteriores podríamos señalar muchas otras cosas por hacer en el espacio abierto de la democratización política, como decir la sustitución del esquema departamental para elegir diputados por el esquema distrital, ya que en aquél se escoge por grupo partidario y en éste la elección es directamente unipersonal. Y también habría que analizar a fondo la integración del Tribunal Supremo Electoral, para democratizarla debidamente.
Lo que se requiere en el fondo es sumar voluntades realmente comprometidas con el perfeccionamiento permanente y progresivo de nuestra democracia, que es donde están las bases de la estabilidad, de la seguridad y del desarrollo del país.
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