La verdadera novedad de las disposiciones gubernamentales recientes está en la práctica militarización de los centros penales, medida que veníamos considerando oportuna desde hace tiempo, porque las cárceles se han ido convirtiendo en núcleos centrales para la administración del crimen.
Escrito por Editorial.13 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
Es evidente, desde cualquier ángulo que se mire la problemática actual del país, que estamos enfrentados a una crisis crónica en el ámbito de la seguridad pública, debido al desarrollo y la expansión del fenómeno delictivo. La falta de una política adecuada de base para encarar dicho fenómeno, y la consecuente carencia de una estrategia que le dé operatividad a la acción estatal, han hecho que las cosas estén distorsionadas al máximo: la criminalidad a la ofensiva y la autoridad a la defensiva, como venimos subrayando de manera sistemática, para enfatizar la gravedad del mal.
Los Gobiernos anteriores no atinaron la ruta en este campo: se dedicaron a cuidar imagen en vez de afrontar el desafío real. Y en lo que lleva la actual Administración, tampoco se ve nada claro al respecto, ni en política ni en estrategia. Pero como la delincuencia se hace sentir con descarnada puntualidad, que va regando cadáveres, repartiendo extorsiones por doquier y haciendo valer su fuerza que hasta la fecha no ha sido controlable desde los ámbitos de la ley, ya no queda más que tomar medidas de urgencia, y una de ellas es la ampliación del rol de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, como no se veía en tal dimensión desde los acuerdos de paz.
La verdadera novedad de las disposiciones gubernamentales recientes está en la práctica militarización de los centros penales, medida que veníamos considerando oportuna desde hace tiempo, porque las cárceles se han ido convirtiendo en núcleos centrales para la administración del crimen. Hay que hacer todo lo necesario para que esta militarización funcione, para eliminar uno de los principales bastiones de la criminalidad organizada.
Sigue faltando la política integral
Después de probar, durante tanto tiempo, y con los resultados previsibles, las medidas más bien publicitarias, como fueron las tristemente inútiles “Manos Duras”, hemos desembocado en las medidas de urgencia. De algo pueden servir éstas, y ojalá que sirvan, porque ya hay acumulada demasiada desesperación ciudadana al respecto, y la desesperación tiende a ser mala consejera; pero lo que en verdad se requiere, que es la política integral e integradora, que abarque diagnósticos, tratamientos y funciones sistematizadas, ni siquiera se ve asomar. Es como si la complejidad agresiva de la realidad, a la que se dejó estar, hubiera llegado a convertirse en una especie de maleficio, que confunde a las autoridades responsables y les impide enfocar las cosas como son.
Insumos técnico-políticos hay suficientes, y aquí mencionamos sólo uno de ellos: las conclusiones de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social. El reto, pues, es ahora más de articulación entre lo que se vive y las formas de enfrentar institucionalmente a fondo eso que se vive.
Y una de las cosas fundamentales sería superar la artificiosa compartimentalización entre prevención y punición. Tanto una como la otra deben coexistir permanentemente, porque las conductas humanas son un todo que se va diseminando caso por caso. Hay que sacar la prevención de ese falso nicho de ser algo así como una actividad de sábado y domingo; y sacar la punición de la caverna oscura en la que la tiene sumida el sistema.
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