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2010/05/03

EDH-Proponen carnet de identidad para controlar a los menores

 La Ley de identificación para menores de 18 años ya estipula la carnetización. Autoridades quieren modificar la ley y hacer de este documento una obligación para controlar mejor la participación de éstos en hechos delictivos

04 de Mayo. Tomado de El Diario de Hoy.

 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública afina una propuesta que busca obligar a los menores de edad a obtener un carnet de minoridad que los identifique, pero un diputado de la oposición advirtió que estarán vigilantes de que este proyecto no se convierta en un mecanismo de control político.

Pero la idea no es nueva ni tampoco está en desuso. La única diferencia es que por ahora no es obligatorio.

Las alcaldías extienden esta identificación a un costo mínimo y con requisitos básicos como el nombre, identificación de sus padres o responsables y dirección.

La ley que rige su emisión data desde 1981.

Ana Emilia Molina de Juárez, jefa del Departamento de Identificación de personas en la Alcaldía de San Salvador, dijo que sólo desde enero hasta marzo, la comuna ha emitido 841 carnets de minoridad y, en 2009, entregaron más de 1,500 de estos documentos.

Molina de Juárez dice que muchos de los padres que llevan a sus hijos a esa oficina alegan que necesitan el documento para abrir cuentas de ahorro, identificarse en lugares públicos o porque los colegios se los están solicitando como requisito.

El artículo 1 de la Ley de Identificación personal para menores de 18 años establece que el documento "no es obligatorio" y por tanto, queda a discreción de los padres de familia la opción de identificar a sus hijos con este documento.

La ley dice que el carnet será entregado a menores de 10 a 17 años.

Pero Aída Luz Santos, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aseguró que al hacer obligatoria esta carnetización, solucionaría muchas de las trabas que actualmente tienen las autoridades policiales para controlar a los menores, sobre todo aquellos que se involucran en hechos delictivos o en lugares de alto riesgo para ellos. "Esta medida podría ayudar para que no se le permita la entrada de adolescentes a lugares considerados para adultos o que no se les vendan bebidas alcohólicas en bares o restaurantes a menores de 18 años", indicó la funcionaria.

"Hemos pensado en que este carnet sea obligatorio", prosiguió la funcionaria, quien asegura que ya tiene redactadas varias de las reformas que pretende presentar al Presidente Mauricio Funes en los próximos días.

Santos de Escobar dijo que este fue uno de los puntos acordados dentro de la política de seguridad que el gobierno implementó desde noviembre pasado y que todos los sectores a quienes se les pidió opinión estuvieron de acuerdo en aplicarlo.

En contraste, el diputado César Reyes Dheming, de ARENA, advirtió que la iniciativa podría llevar a un control político, lo cual no permitirá la oposición.

Pero Santos de Escobar defiende que más que una medida de control, la carnetización obligatoria sería una forma de prevenir que los menores de edad se involucren con factores de riesgo que los puedan acercar a hechos delictivos o con los que puedan entrar en peligro.

"La medida es buena para el contexto de control de los jóvenes, pero estaremos pendientes de las condiciones en que se desarrolle, porque puede degenerar en un control político", insistió por su parte el diputado Reyes.

El observador político Paolo Lüers consideró que la medida podría ser atinada "si hace bien y siguiendo el mecanismo de emisión del DUI" (Documento Único de Identidad de los adultos).

Agregó que ayudaría a los jóvenes a identificarse, sobre todo ante requerimiento de la autoridad.

Sin embargo, Santos de Escobar reconoce que hay riesgo de que con esta medida los delincuentes adultos recluten cada vez más a menores de 10 y 11 años que no puedan ser identificados y que además no se les pueda aplicar la Ley Penal Juvenil.

El subdirector de Seguridad Pública de la Policía, comisionado Hugo Ramírez, advirtió que los criminales podrían seguir reclutando a menores con edades mucho más bajas.

Aseguró que en los últimos años los adultos han utilizado con mayor frecuencia a menores de edad porque saben que las leyes juveniles son más garantistas y fácilmente pueden ser liberados.

El caso de Jonathan D., el menor de 17 años que fue captado por un fotoperiodista, mientras apuñalaba brutalmente a un estudiante del Instituto Francisco Menéndez (Inframen), es para las autoridades un fiel ejemplo de lo que ocurre cuando no se tiene certeza de la edad de un joven y de la necesidad de un documento que lo identifique.

Debido a que la Policía no estaba segura de que el imputado fuera menor de edad, tuvo que ser llevado a Medicina Legal para que se le practicara un examen llamado "edad media", con la cual se determina la edad psicológica y física de una persona.

La edad de Jonathan no se pudo establecer hasta tres días después con la presentación de la partida de nacimiento.

Ramírez dice que todos estos trámites le acarrean tiempo y recursos a las instituciones.

A su juicio, un carnet conteniendo los datos principales y la fotografía del menor podría facilitarles el trabajo, retenerlo en la delegación y llamar de inmediato a los padres. Sin embargo, asegura que la no obligatoriedad de este documento no les ha impedido en ningún momento hacer su trabajo con los menores de 18 años.

"Si vemos que un joven está en un lugar de riesgo, lo retenemos y lo llevamos a la delegación para que sus padres lleguen a traerlo, pero si sus padres no llegan, es enviado al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (Isna)", dijo el subdirector.

Reuniones

Santos de Escobar reconoció que muchos de los menores que cometen hechos delictivos se hacen pasar por menores de edad para evadir la justicia o no enfrentar la ley penal para adultos, que comparada con la Ley Penal Juvenil, impone más años de cárcel.

Según Santos de Escobar, ya se reunió con los alcaldes del área metropolitana para presentarles la propuesta y que todos están de acuerdo en impulsar la obligatoriedad de este documento.

La funcionaria dijo que también se ha reunido con representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para que financie las cámaras fotográficas para emitir los documentos.

Otra de las propuestas es que sean los centros educativos quienes emita la identificación pues son ellos quienes llevan el registro de estudiantes con base en las partidas de nacimiento.

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