Tibio compromiso de Gobierno ante OEA por asesinato de monseñor Romero

El Ejecutivo salvadoreño se comprometió este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cumplir las recomendaciones relativas al asesinato de monseñor Romero, aunque sobre la demanda de revocar la amnistía de 1993 no ofreció más que procurar la posibilidad de que la Asamblea Legislativa ponga en su agenda el conocimiento de ese pedido.

Escrito por Ricardo Vaquerano.07 de Noviembre. Tomado de El Faro.

Un plazo de 30 días tiene El Salvador para presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre los avances en sus obligaciones de investigar el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y de derogar la Ley de Amnistía de 1993.

El gobierno asumió ese compromiso durante la audiencia de este viernes ante la CIDH, en la que el Estado prometió esforzarse por cumplir las recomendaciones de la Comisión. Como ofertas concretas anunció que bautizará con el nombre de Romero una plaza y que realizará un vídeo que rescate el legado moral y espiritual del arzobispo asesinado el 24 de marzo de 1980.

La audiencia, presidida por Felipe González, segundo vicepresidente de la Comisión, reunió a representantes del Estado y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo no gubernamental que es querellante particular contra el Estado salvadoreño.

La CIDH, una oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA), da seguimiento a un proceso que desembocó en el año 2000 con una serie de recomendaciones al Estado salvadoreño que son de obligatorio cumplimiento, aunque los dos gobiernos anteriores del partido Arena decidieron desoír. Esas recomendaciones son que se realice una investigación completa e imparcial para juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato del arzobispo, reparar adecuadamente las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos vinculadas con el asesinato, y adecuar la legislación salvadoreña a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esta tercera recomendación se refiere a que siendo El Salvador parte de la Convención Americana, reconoce que los delitos de violaciones graves a los derechos humanos no se extinguen con el paso del tiempo y no admiten perdón y que, por lo tanto, debe perseguirse a los responsables de la muerte de Romero. Sin embargo, dado que la Asamblea Legislativa emitió en 1993 una ley de amnistía que dejó impunes los crímenes cometidos durante la guerra, la CIDH pide que se derogue esa ley.

Según la CIDH, en el caso de monseñor Romero, el Estado salvadoreño es responsable de la violación al derecho a la vida, a las garantías judiciales y al acceso a la justicia.

En las audiencias de la Comisión, la representación del Estado salvadoreño le corresponde al Ejecutivo. Por el gobierno estuvieron presentes David Morales, director de derechos humanos de cancillería, y Tania Camila Rosa, subdirectora de la misma oficina. El equipo de CEJIL lo encabezó la abogada costarricense Gisela de León.

Morales fue asesor legal de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, y como tal, tuvo a su cargo la conducción del diálogo a que el gobierno salvadoreño se vio obligado a entablar con la Iglesia. Ahora Morales representa al gobierno.

El planteamiento salvadoreño tuvo una buena recepción tanto de parte de la Comisión como de CEJIL, porque observaron un cambio de actitud respecto de la que mostraban los gobiernos del partido Arena. Ahora, con un gobierno del partido FMLN, Morales fue claro en reconocer la jurisdicción de la Comisión para dictar medidas que procuren que se cumpla las obligaciones ante la CIDH, reconoció el carácter vinculante de las recomendaciones y declaró un gobierno comprometido con cumplirlas.

Morales, sin embargo, hizo un matiz, ya que dos de las recomendaciones involucran directamente la participación de dos instituciones sobre las que el órgano Ejecutivo no puede decidir. “El Estado de El Salvador reconoce plenamente la autoridad de la CIDH (...), el carácter vinculante de sus informes y recomendaciones, reconoce las recomendaciones de esta Comisión relativas al caso de monseñor Óscar Arnulfo Romero y declara su compromiso de cumplir de buena fe y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones ahí establecidas.”

Esa medida de sus posibilidades está limitada porque la decisión de investigar el asesinato de Romero compete a la Fiscalía, cuyos titulares anteriores siempre dijeron que no iban a hacerlo debido a que la Ley de amnistía de 1992 ya dejaba en el olvido el crimen. La otra limitación está en que es la Asamblea Legislativa la institución a la que corresponde decidir si deroga la ley.

Históricamente, el partido FMLN reclamó la derogatoria de dicha normativa, pero con motivo de las elecciones generales de este año, su candidato presidencial, Mauricio Funes, dijo que no le interesaba impulsar la abolición de la ley. Asimismo, el partido, en su plataforma legislativa, nunca mencionó su reivindicación anterior y hasta ahora sus diputados no han querido precisar si impulsarán la revocatoria.

El Faro preguntó hace dos semanas al canciller Hugo Martínez si él apoya que se derogue la ley. “Si yo todavía fuera diputado, te respondería, pero ya no lo soy”, respondió. Cuando se le insistió en que explicara si su posición había cambiado por el hecho de estar en otro puesto, se resistió a aclarar el punto. “No te voy a responder esa pregunta”, dijo. De manera similar respondió Carlos Castaneda, también ex diputado y ahora vicecanciller de Integración y Promoción Económica. Castaneda se rehusó a fijar posición, con el argumento de que en su nuevo cargo no puede actuar igual que como lo hizo cuando fue legislador.

Cuando Morales expuso la nueva posición de El Salvador y las limitaciones del Ejecutivo, explicó lo que podía comprometerse a promover. “Con respecto a la investigación del crimen y la derogación de la Ley de Amnistía, son competencia de la Fiscalía y de la Asamblea Legislativa. Por tal razón, el Estado coordinará un trabajo con el fiscal general y con el presidente de Asamblea Legislativa para introducir en la agenda actual el conocimiento de las recomendaciones para que las mismas sean consideradas nuevamente”, dijo Morales.

Gisela de León, la abogada de CEJIL, saludó el cambio de actitud del Estado salvadoreño, ahora representado por una presidencia de izquierda, y le tomó la palabra a Morales, pidiendo a la Comisión que se buscara un mecanismo de seguimiento a las promesas que el gobierno estaba haciendo. Propuso que se firmara un acuerdo en el que se precise cómo se dará cumplimiento a las recomendaciones y un cronograma de ejecución.

Felipe González, a cargo de la audiencia, estuvo de acuerdo y en nombre de la Comisión preguntó a Morales si el Estado aceptaba una tarea: que en un plazo de 30 días rindiera un informe sobre los avances en las gestiones ante Fiscalía y Asamblea. “Quisiera preguntarle al Estado qué le parecería esta fórmula de los peticioniarios de elaborar ciertas bases y un cronograma para el seguimiento a las recomendaciones de la CIDH”, emplazó González al representante del Estado.

Morales asintió. “Hemos reconocido la autoridad de la Comisión y por supuesto que tendremos a bien rendir el informe solicitado en 30 días”, respondió.

Sin embargo, en el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, al parecer había quedado revoloteando una inquietud desde cuando Morales aclaró que el Ejecutivo no puede hacer más que sugerir a la Fiscalía y a la Asamblea que reconsideren las recomendaciones de investigar y derogar la Ley de amnistía. Morales explicó que el Ejecutivo no puede ir más allá de eso y que, por lo tanto, en realidad no se puede garantizar cumplimiento alguno.

“¿Tiene el Ejecutivo la posibilidad de llevar un precepto de ley a la Asamblea? ¿Tiene el poder legal de enviar el proyecto?”, inquirió Cantón.

Morales respondió afirmativamente, pues la Constitución de la República da al Órgano Ejecutivo la atribución de presentar a la Asamblea Legislativa propuestas de creación, de enmiendas y de abolición de leyes.

No obstante, hasta ahora y según lo expresado por el mismo presidente Mauricio Funes, el Ejecutivo no tiene interés en echar mano de ese recurso, con el argumento de que no hay que reabrir heridas. Ese era el mismo argumento del que echaron mano los gobiernos anteriores de derecha y los sectores cercanos a las personas involucradas en graves violaciones a derechos humanos durante la guerra civil.

“Es muy importante el clima de tranquilidad y de discusión seria de estos asuntos y cualquier iniciativa de ley en este como en cualquier tema de interés público, será el resultado de la promoción de este tipo de diálogos. Esta será probablemente la dinámica a seguir sobre esta recomendación”, anunció el director de derechos humanos de la cancillería.