Las llaves de la institucionalidad

Escrito por Luis Mario Rodriguez. Miercoles 4 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, las gremiales empresariales y los centros de pensamiento, parecen ser los últimos resquicios de un sistema que ha entrado en una especie de "ciclón político", en el que se mezclan ambiciones personales, corrupción, crimen organizado y agotamiento de liderazgos. Mientras presenciamos una especie de "victorias pírricas" en la Asamblea Legislativa y al interior de los partidos políticos, en las distintas comisiones de ese Órgano de Estado y en algunas instituciones autónomas, se encuentran esperando la aprobación de los legisladores o la iniciativa del Presidente de la República, de una serie de proyectos de ley que parecen tener como denominador común la regulación del mercado, aspecto que no necesariamente está orientado al bienestar de los consumidores.
Por una parte, encontramos en el proyecto de "Ley general de acceso a medicamentos", presentado por el FMLN, una serie de artículos que dan vida al "Consejo Nacional de Precios de los Medicamentos", que está facultado para solicitar al Ministerio de Economía "la modificación del precio de un medicamento cuando lo exijan cambios en las circunstancias económicas, técnicas o por la valoración de su utilidad terapéutica". Asimismo, las reformas que actualmente tiene en estudio la Defensoría del Consumidor, incorporan la potestad para el Defensor de fijar los precios de "bienes y servicios esenciales" no sólo en el caso que la Asamblea Legislativa declare emergencia nacional, sino se agrega la posibilidad que lo haga el Defensor discrecionalmente y sin autorización del Primer Órgano del Estado, cuando se tenga "indicios de la utilización de cualquier maniobra o artificio para la consecución del alza de los precios".

Además se propone la figura de la "garantía legal", mediante la que todo proveedor estará obligado a otorgar garantía sobre los bienes nuevos no consumibles como electrodomésticos, automóviles, mobiliarios y otros, lo que no es en sí un problema, si no fuera porque los plazos de la garantía, requisitos y procedimientos para hacer valer la misma se dejan a la potestad del Ejecutivo a través de un reglamento.

Por si lo anterior fuera poco, los proyectos de ley de tarjetas de crédito y el de usura, fijan los intereses de las tarjetas de crédito; la reforma fiscal grava el combustible, los intereses de préstamos y las operaciones bursátiles; el proyecto de ley relacionado con el "ordenamiento territorial" introduce la "donación de terrenos" correspondientes a sistemas locales, lo que representa, siguiendo a FUSADES, una verdadera confiscación de la propiedad, además de crear impuestos para los terrenos que se mantengan ociosos por parte de sus propietarios, y el proyecto de escuchas telefónicas, si bien en desarrollo de una disposición constitucional que las autoriza, puede llegar a ser aprobado sin contar a la vez con una ley que desarrolle de manera atinada las atribuciones del Organismo de Inteligencia del Estado con el riesgo que eso supone para las actividades ilegales de espionaje político.

La combinación de estos proyectos de ley y la nueva aritmética legislativa, permite discernir una oscura mezcla de intereses que dejan por fuera el bien común. Si bien toda regulación de precios puede parecer atractiva al consumidor, desincentiva al empresario, distorsiona el mercado y finalmente, puede llegar hasta la escasez de productos y la importación de otros que probablemente no sean del agrado del que los adquiere para satisfacer sus necesidades. La mejor forma de reducir los precios es fomentar la competencia entre quienes producen los bienes y servicios y hacer que instituciones como la Defensoría del Consumidor y la Superintendencia de Competencia se fortalezcan y apliquen la ley sin reserva alguna.

Las llaves de la institucionalidad están en manos de quienes pueden denunciar la violación a los principios que consagra nuestra Constitución y en las de aquellos que tienen como atribución la vigilancia estricta del respeto a la Carta Magna. Los primeros se encuentran dentro de la sociedad civil. Las gremiales que integran a la ANEP en coordinación con otras entidades que sin representar sectores, tienen clara la visión nacional desde la perspectiva empresarial, como el caso de FUSADES, están en la obligación de señalar sin reserva alguna cualquier atropello al sistema económico y a la institucionalidad democrática.

La Sala de lo Constitucional, ahora integrada por magistrados probos y de reconocido prestigio, en estricta aplicación de lo establecido en la Constitución en materia de libertad de contratación, no le queda otra opción más que la de analizar sin presión política alguna, si las decisiones legislativas se apegan a los preceptos constitucionales y en consecuencia, si deben o no surtir efectos jurídicos o por el contrario deben ser declaradas como violatorias de la Ley Fundamental.

La inseguridad pública, la disidencia en los partidos y la compra de voluntades, la falta de rumbo en materia económica, las presuntas diferencias de visión del Presidente Funes y el partido que lo llevó al Poder, la crisis económica internacional, la ausencia de una agenda clara de relaciones diplomáticas con el resto del mundo, y la falta de acuerdos con el sector empresarial respecto del país que todos anhelamos, pueden desembocar en una fuga masiva de inversión, disminución de ahorros del público, migración de talentos profesionales, desincentivo del turismo local e internacional y lo que es peor, puede debilitar a futuro nuestro sistema de partidos, que hasta hoy, ha sabido mantener el equilibrio de las distintas fuerzas políticas, no obstante la polarización y la falta de nuevos liderazgos. No se trata de oscurecer el camino para que el país se hunda; se trata de incentivar a las autoridades y principalmente al Presidente Funes, el hombre de la esperanza y el cambio, para que cumpla sus promesas.