Del mensaje episcopal sobre la violencia

Escrito por Enrique Gomáriz Moraga.Martes 17 de Noviembre. Tomado de Contra Punto.

El mensaje de los Obispos salvadoreños es claro y valiente, pero también es insuficiente

SAN SALVADOR - Este domingo 15 de noviembre, la Conferencia Episcopal de El Salvador, ha emitido una declaración pública sobre la situación de la violencia que azota el país. El mensaje de los Obispos es claro y valiente, pero también insuficiente. Explicaré de inmediato por qué hago estas afirmaciones.

Es claro y valiente, en primer lugar, porque llama a las cosas por su nombre. El problema de la violencia no es uno más de los que tiene el país: se trata de un problema “gravísimo” que constituye “un drama doloroso” de alcance nacional. Afirman los Obispos: “Estamos ante una verdadera epidemia de homicidios que se ha convertido en un problema de seguridad nacional. A la privación de la vida, debemos añadir una larga lista de males: extorsiones, secuestros, delincuencia común, crimen organizado, narcotráfico, etc.” Es decir, el diagnóstico de los Obispos no oculta el nivel de catástrofe que tiene este problema para El Salvador: “una vorágine de violencia que nos agobia”, dirán mas adelante.

También es valiente por el momento en que se emite: trata el problema de la violencia cuando aún no se han apagado los ecos de la emergencia ocasionada por el huracán Ida. Si los Obispos lo hacen así es porque consideran que están refiriéndose a un problema cuya dimensión es, al menos, del mismo rango. Si se tratara de un problema menor, no tendría sentido hacer ahora una amplia declaración pública sobre la materia.

Pero sobre todo es valiente porque se dirige sin circunloquios a los sectores implicados. En primer lugar, al conjunto de la sociedad salvadoreña, donde “todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad”. En ese contexto, se refiere de forma especial al Gobierno recordándole el deber de garantizar la seguridad, pero al mismo tiempo apoyando sus decisiones últimas. “En las actuales circunstancias –dice la declaración- de inseguridad generalizada comprendemos y respaldamos las iniciativas extraordinarias del Señor Presidente de la República a favor de la seguridad y protección de la ciudadanía, involucrando incluso a la Fuerza Armada”. Es fácil imaginar que esta afirmación les habrá costado más de un serio debate.

Sin embargo, es precisamente en este campo, al referirse a los distintos sectores involucrados, donde el mensaje episcopal se queda corto. Porque, después de referirse al conjunto de la ciudadanía, se refiere seguidamente a la familia, al sistema escolar, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, al gobierno, a las diferentes iglesias y a las instituciones del sector Seguridad y Justicia. Pero en este conjunto hay unos grandes ausentes: simplemente se les olvida la existencia de las fuerzas políticas y su representación en el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa.

¿Cómo es posible que la declaración de los Obispos haya señalado a las organizaciones de la sociedad civil y, al mismo tiempo, haya olvidado la responsabilidad de los partidos políticos en esta materia? Este olvido no tiene excusa ni siquiera para el caso del partido en el gobierno, pero es todavía menos excusable respecto del resto de los partidos políticos del país.

La razón que podría explicar ese tremendo olvido, colocaría a la visión de los Obispos cautiva de la óptica predominante a nivel nacional: la percepción de que el combate a la violencia y la criminalidad es una tarea de gobierno. Y desde luego que lo es, sobre todo en situaciones de normalidad. Pero también los Obispos perciben claramente que ésta no es la situación que vive el país, sino que estamos ante una situación extraordinaria y de emergencia nacional, “que sobrepasa las actuales capacidades de respuesta”. En estas situaciones, la convocatoria nacional no puede excluir en absoluto al conjunto de las fuerzas vivas, sean estas sindicales, políticas, religiosas, sociales, etc.

Ahora bien, el olvido de los partidos políticos es sólo la punta del iceberg de una pérdida de visión más sistémica: el sistema político en su conjunto. Como acaba de probar la crisis provocada por el huracán Ida, cuando la nación es azotada por una emergencia, la necesidad de una respuesta de unidad nacional parte de un acuerdo conjunto del primer poder del Estado, la Asamblea Legislativa. Pues bien, esa es la respuesta que todavía falta en el país respecto del tema de la violencia y que la declaración de los Obispos tampoco contempla.

Es decir, si es cierto que la violencia está suponiendo una catástrofe nacional, que sobrepasa las actuales capacidades de respuesta gubernamental, entonces el Presidente de la República debería llevar el tema a la Asamblea Legislativa, en primer lugar, para obtener una declaración unánime de todas las fuerzas políticas que deje claro la seriedad del problema y la decisión de todos las fuerzas de responder en un frente común a la violencia. Pero sobre todo para dejar establecida una Política de Estado en la materia.

Como es sabido, la diferencia entre una política de Gobierno y una política de Estado, refiere a varios elementos. En primer lugar, significa una mayor densidad estratégica y de largo plazo. En otras palabras, sobrepasa los períodos de gobierno, para proyectarse en una perspectiva de larga duración. Por otra parte, una política de Estado debe basarse en una concertación fundamental de todas las fuerzas políticas (o de las fundamentales) que otorgue solidez respecto de las acciones y el respaldo de recursos necesarios. En tercer lugar, esa Política de Estado debe producir una mayor coordinación entre el conjunto de los poderes públicos y debe buscar el apoyo del conjunto de la sociedad.

Una resolución conjunta que tenga la mayor significación simbólica a nivel nacional y que abra el camino al establecimiento de una Política de Estado, sería la muestra mas contundente de que el conjunto del sistema político salvadoreño, que debe representar la voluntad nacional, pone en práctica la idea un tanto abstracta de que la seguridad ciudadana es una tarea de todos, como insiste el Presidente de la República en sus recientes declaraciones.

Y las distintas entidades de la sociedad salvadoreña, como en este caso la Conferencia Episcopal, deberían estudiar este planteamiento de unidad nacional efectivo y no quedarse a las puertas del mismo. Porque seguir apelando a la responsabilidad de todos, sin colocar el asunto en el nivel máximo de la toma colectiva de decisiones, para establecer así una política verdaderamente nacional, parece que resulta claramente insuficiente.