El Faro-Las inconsistencias del juicio Parlacen - ElFaro.net

 Una de las pruebas contra los supuestos culpables del asesinato de los diputados salvadoreños y su motorista es una conversación telefónica cuyo contenido nadie sabe. Otras son los móviles distintos que aducen dos testigos, el “análisis” de policías acusados de otros crímenes, y las pesquisas de tres acusados de formar una red de secuestradores, asesinos y narcotráfico.

Rodrigo Baires Quezada.10 de Enero. Tomado de El Faro.

 

Manuel de Jesús Castillo Medrano guardó silencio. Lo acababan de condenar a 200 años de cárcel por el asesinato de tres diputados salvadoreños y su motorista, crímenes ocurridos casi cuatro años atrás, el 19 de febrero de 2007. El Ministerio Público guatemalteco lo acusó de ser uno de los autores intelectuales del crimen y de haber puesto como enlace de toda la operación a un hombre de su total confianza para no exponerse públicamente. Lo incriminaban, según los jueces que lo hallaron culpable, un móvil incierto, una llamada telefónica de cuyo contenido nadie sabe, dos testigos protegidos que se contradecían entre sí y, al igual que al resto de implicados hallados culpables, una investigación dirigida por ex funcionarios que ahora -todos- están siendo procesados por supuestamente pertenecer a una red de exterminio que cometió una serie de asesinatos extrajudiciales en Guatemala entre 2004 y 2007.

Castillo Medrano, ex diputado investigado desde 2005 por supuestas vinculaciones con bandas de narcotráfico y por el asesinato de los tres políticos y su conductor, fue sentenciado el 1 de diciembre de 2010. Él, desde su detención en enero de 2008, dijo que era una conspiración en su contra, que los verdaderos culpables una vez estuvieron en los puestos más altos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de Gobernación guatemalteco. “La hipótesis del Ministerio Público es fabricada, no investigada”, dijo en una entrevista a El Faro.

La jueza Yazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Alto Riesgo, no lo creyó así y, por el contrario, creyó lo que le presentó el Ministerio Público y lo condenó a él y a otros seis a centenares de años en prisión. Y por primera vez en todo el juicio, Manolito, como se le conocía desde que asumió una curul del Congreso de Guatemala en 2004, bajó el rostro hacia el suelo, pidió a los periodistas darle un minuto a solas con su familia y sus abogados, y luego regresó a lo suyo: “Todo es falso... todo el juicio es una mentira”, dijo. Se aflojó el nudo de la corbata y habló de apelar el fallo, de que todavía no estaba todo perdido. Pero lucía cansado, sin las fuerzas necesarias para alzar la voz como había hecho en días anteriores. Se le veía derrotado.

Un día atrás, el tribunal había dado paso a las peticiones finales de los imputados, un espacio para que los acusados se dirigieran al colegiado de jueces. Según Medrano Castillo, él era como Jesucristo y, como tal, estaba siendo juzgado injustamente; el MP, el Pilatos de un juicio que no era más que una farsa. La comparación sacó más de una risa entre los asistentes a la vista pública, colmó la paciencia de la jueza, quien le recordó que la fase de testimonios había terminado y que se centrara en su petición. Manolito la hizo: “Solicito que se me declare inocente de todo cargo”.

A la derecha, sentado a la mesa de acusadores, Edwin Elías Marroquín, fiscal asignado al caso, dibujó una sonrisa de medio lado. Minutos después, sentado en una banca en los pasillos de la torre de Tribunales, en la Zona 1, y acuerpado por sus guardaespaldas, aseguró que la Fiscalía tenía un caso sólido. “Tenemos todas las pruebas que demuestran su culpabilidad. (Castillo Medrano) Hizo que sospecháramos de él cuando se negó a proporcionar la identidad de ‘Montaña 3’”, relató el fiscal. A partir de entonces, el Ministerio Público lo relacionó con el caso. “¿Por qué no da el nombre de este individuo que es enlace entre los autores materiales y los intelectuales? Obviamente porque sabía que se iba a descubrir esta estructura criminal”, concluyó el fiscal en una entrevista con El Faro.

Entre las supuestas pruebas del MP estaban las bitácoras de llamadas telefónicas entre los acusados, y una en particular era clave para vincular a Castillo Medrano con la autoría intelectual de los cuatro asesinatos. “Qué casualidad que a las 8:50 horas hay una llamada de ‘Montaña 3’ a Castillo Medrano, más cuando sabemos que a esa hora llegan los diputados a la frontera”, dijo Marroquín. Según las investigaciones del MP, “Montaña 3” era el alias utilizado por Carlos Alberto Gutiérrez Arévalo. Lo decía un testigo, que reconoció su número telefónico por haber hecho con él la compraventa de un vehículo. Ese mismo número estaba en las agendas telefónicas de Mario Javier Lemus Escobar, alias “Yegua Arisca”, y su primo Obdulio Estuardo de León Lemus, alias “El Gato”, miembros de una banda criminal de Jalpatagua, Guatemala, que habían participado en el crimen.

En febrero de 2007, Manuel de Jesús Castillo Medrano tenía un teléfono celular Nokia 6131. Cuatro meses atrás, Carlos Boj, encargado de inventarios del Congreso de la República, le había entregado el aparato al diputado independiente. El número asignado, parte del paquete corporativo contratado por parlamento a la empresa Tigo Guatemala, era el 59900795 y lo utilizaba desde el 21 de enero de 2004. Según la bitácora enviada por empresa telefónica al MP, el celular de Manolito sonó a las a las 8:50:41 de la mañana del 19 de febrero. Le llamaban una persona del número 55276421 y la conversación que sostuvo duró 30 segundos exactos. Nadie, excepto él y su interlocutor, saben qué se dijo en ella porque no hubo grabación de la misma. Aún así, la conclusión del MP es única: Esa llamada marcó el inicio de toda la operación que terminó con el asesinato de los diputados y su motorista. “La hora coincide”, dijo Marroquín.

La vinculación del ex diputado arrancaba de esa coincidencia. El análisis telefónico realizado por la Fuerza de Tarea del Ministerio de Gobernación (MG), terminaba de vincular el caso a “Montaña 3” y Castillo Medrano. Según la hipótesis del MP, tras esos 30 segundos de conversación, “Montaña 3” se comunicó con Lemus Escobar y el operativo de intercepción del vehículo de los diputados inició. Este último habría llamado a Jeiner Estuardo Barillas Recinos, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y contacto entre los policías y la banda de Jalpatagua. Al mediodía, “Montaña 3” se comunicó de nuevo con Lemus Escobar y con De León Lemus. ¿Qué hablaron? Nadie lo sabe. Según las autoridades guatemaltecas, eran comunicaciones en las que se dieron las órdenes finales: asesinar a los diputados y a su motorista, y luego quemar los cuerpos y el vehículo. Gutiérrez Arévalo nunca aceptó o negó que hiciera las llamadas con los primos Lemus. Cuando declaró durante el juicio, se centró en la única llamada que hizo a Castillo Medrano ese día. “Fue por trabajo”, aseguró y recordó que trabajaba en la bancada legislativa del entonces diputado.

La cabeza de los acusadores, sin embargo, siempre se mantuvo firme en que en esa llamada de medio minuto de duración, Castillo fue notificado de que los diputados salvadoreños que horas después iban a morir asesinados, estaban entrando a Guatemala vía terrestres. ¿Cómo supo que eso fue lo que platicaron? Marroquín no lo supo, pero supone que no pudo haber ocurrido otra cosa y esa conclusión fue la "prueba" que le validó el tribunal.

¿Una llamada telefónica de cuyo contenido no se tiene prueba es suficiente para inculpar a alguien como autor intelectual de un múltiple asesinato? En septiembre de 2008, Marroquín reconoció que no. Entonces, durante en conferencia de prensa en El Salvador, el fiscal guatemalteco dijo que en el caso de Castillo Medrano se tenían pruebas reservadas que apuntalaban la hipótesis del MP, que la misma no se sostenía solamente en el análisis hecho por Gobernación. Las pruebas adicionales eran los testimonios de dos testigos protegidos y la relación personal que el ex diputado guatemalteco mantenía con Montaña 3, a quien el entonces congresista le había conseguido trabajo en el Congreso de la República y servido de fiador en un crédito hipotecario.

Dos años transcurrieron desde los cuatro homicidios para que el MP tuviera claro el móvil: en febrero de 2009 concluyó que el motivo había sido la venganza contra el diputado Eduardo d’Aubisson. Los dos testigos hablaban de ello. La diferencia eran los motivos para vengarse. Según el primero de los testigos, D’Aubisson era informante de la DEA y había delatado a Roberto Carlos Silva Pereira, ex diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PNC). El segundo testigo decía que era por el desafuero de Silva Pereira y que se vengarían haciendo un tumbe de drogas o dinero en el que serían asesinados los ocupantes del vehículo. Aunque parecidos, los móviles eran muy diferentes. En uno, el propósito era vengarse de D´Aubuisson por una conducta específica de este, mientras en el otro había el propósito de robar drogas y asesinar a los diputados de Arena por una conducta del partido.

Según los juzgadores, los testimonios de los testigos protegidos, a pesar de que describían móviles diferentes, se complementaban y, con el resto de pruebas dispuestas por el MP, eran suficientes para culpar a Castillo Medrano. A pesar de la confianza del MP y los juzgadores en la hipótesis oficial, en el aire quedaron varias preguntas que nunca se respondieron: ¿Desde cuándo, según las investigaciones, se conocían Silva Pereira y Manolito? ¿Qué tipo de relación mantenían? ¿Qué ganaba Castillo Medrano con ayudar al diputado salvadoreño? ¿Por qué vengarse de Eduardo d’Aubuisson si él no era diputado de la Asamblea Legislativa y no podía votar por el desafuero de Silva Pereira, algo que sí hicieron 83 diputados de cinco partidos políticos diferentes -incluyendo al mismo partido de Silva Pereira- y que le dieron la espalda? ¿Qué significaba esa “puesta de dedo” con la DEA, cuando el diputado Silva Pereira, según la Fiscalía salvadoreña, no era perseguido por tráfico de drogas? ¿Había un cargamento de drogas o dinero en el vehículo del diputado William Pichinte? Ninguna de ellas se contestó en el juicio.

Esa noche, vencido en juicio, Manolito repitió su hipótesis: “¿Acaso era policía, acaso era director de la PNC o el ministro de Gobernación? Los policías muertos fueron los que asesinaron a los diputados... y los autores intelectuales, los verdaderos culpables, siguen libres”, acusó y la seguridad de centros penitenciarios lo escoltó fuera de la sala de audiencias.

* * *

El lunes 23 de julio de 2007, a las 7:30 de la mañana, la PNC de Guatemala detuvo a Carlos Humberto Orellana Aroche, ex agente de la División de Investigación Criminal (Dinc). Los agentes policiales de la Fuerza de Tarea del Ministerio de Gobernación, “Los Riveritas”, lo interceptaron en un camino de terracería que conduce del caserío Flor de la Esperanza a la cooperativa del mismo nombre, en el norteño municipio La Libertad, Petén, un tanto cerca de la frontera con México. Estaba viviendo con su tía, trabajaba como agricultor en la zona y no opuso resistencia alguna al arresto

Horas después, un grupo de policías con cascos balísticos, armas largas y ponchos camuflados escoltaban a Orellana Aroche por la pista aérea donde lo dejó el helicóptero en que fue trasladado desde Petén. Él, con el pelo alborotado, las manos esposadas al frente y protegido con un chaleco antibalas, caminó con la mirada puesta en el suelo. Horas después sería trasladado a la Torre de Tribunales, en la Zona 1, para escuchar que lo acusaban de asesinato, conspiración y asociación ilícita. Él apenas habló. Solo dijo que temía por su vida.

Orellana Aroche era el sexto miembro de la Policía detenido por los asesinatos. “Sabemos que él conducía el carro Yaris usado para matar a los funcionarios”, dijo el fiscal Marroquín a los periodistas que cubrían la captura y recordó que de todos los policías involucrados solo quedaba pendiente la captura de Jeiner Ercides Barillas Recinos, alias “Vaso de leche”. Marroquín lo repetiría tras escuchar el veredicto de la jueza del tribunal, 40 meses después: “Sólo falta un ex policía, solo falta Barillas”.

Cinco meses antes de la captura de Orellana Aroche, el jueves 22 de febrero de 2007, las autoridades guatemaltecas aseguraron que seis policías, todos de la División de Investigación Criminal (Dinc) y actuando al margen de la institución, participaron en el asesinato de los cuatro salvadoreños. Los vinculaba el sistema de posicionamiento global (GPS) del Yaris de la Policía que había sido asignado a ellos la mañana del lunes 19 de febrero, día del crimen. La placa del vehículo, diría Víctor Hugo Soto Diéguez, jefe de los policías, le fue dada por un informante y eso les permitió vincular inmediatamente a los agentes con los homicidios. Entonces, el nombre de Orellana Aroche no se mencionaba.

Ese día, según los oficios del proceso a los que tuvo acceso El Faro, Álvaro Vinicio Matus Flores, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y Cándido Francisco Asencio Bremen, el segundo al mando de esa unidad, solicitaron al juez de Primera Instancia Penal, Marco Antonio Villeda Sandoval, la orden de aprehensión contra dichos agentes.

Carlos Vielmann, ex ministro de gobernación, junto al entonces presidente guatemalteco Óscar Berger. Vielmann, en medio del escándalo por la participación de policías en el caso Parlacen y su posterior asesinato en El Boquerón, dejó su cargo en abril de 2

Tres semanas más tarde, el 13 de marzo, Carlos Roberto Vielmann Montes, entonces ministro de Gobernación, relató ante el Congreso de la República la captura de los primeros policías al responder la pregunta 13 del cuestionario de interpelación al que era sometido. Según dijo, a las 8:30 de la mañana de ese jueves, Luis Herrera López, José Korki López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez atendieron el llamado a una reunión en la sala de eventos del tercer piso de la sede de Gobernación. Se les había dicho que era una reunión de planificación multisectorial, algo común antes de operativos que necesitaban de la intervención conjunta de la policía y el Ministerio Público. Ahí, los cuatro fueron detenidos por seis agentes policiales y puestos a la orden de los tribunales.

“Dicha aprehensión se dio en el lugar antes descrito en virtud de haber evaluado los niveles de riesgo de hacer las capturas dentro de las instalaciones de la Dinc, tomando en cuenta que hubiera elementos de dicha división que pudieran oponerse a la captura de los mismos o facilitarles la fuga. Por ello se consideró que la sede del Ministerio reunía el ambiente y las medidas de seguridad necesarias para lograr dicha captura de manera eficaz y sin correr riesgos (...) Me permito entregar la respuesta número 13 debidamente certificada”, dijo Vielmann. Esa versión sería desvirtuada posteriormente por los informes de la Procuraduría para los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala y una serie de investigadores y testigos de las investigaciones.

* * *

El sábado 24 de febrero de 2007, Marvin Roberto Contreras Natareno se reunió con Vielmann y con el director de la PNC, Erwin Johann Sperisen Vernon. Dos días atrás, el subinspector de la Dinc se había convertido en uno de los hombres más buscados de Guatemala y decidió entregarse de forma voluntaria, según él mismo relata. Junto al director policial estaban sus subalternos inmediatos -Javier Estanislao Figueroa Díaz, subdirector general de investigaciones criminales, y Víctor Hugo Soto Diéguez, jefe de la Dinc-, los fiscales Álvaro Matus Flores y Cándido Francisco Asencio Bremen –las cabezas de la Fiscalía de Delitos contra la Vida-. Ahí estaba también una de las figuras claves y más oscuras de todo el caso, el venezolano Víctor Rivera, alias "Zacarías", asesor de seguridad de Gobernación. Esa es la versión de Contreras Natareno.

En la versión oficial, según los registros de los tribunales, esa reunión nunca existió. El informe policial de su detención da cuenta de que Contreras Natareno se entregó de forma voluntaria cuatro días más tarde, el 28 de febrero. A las 2 de la tarde, según dijo Vielmann frente al Congreso, el subinspector de la Dinc llegó por sus medios a la oficina de Sperisen y una hora después, el entonces director general de la PNC lo puso a las órdenes del juzgado correspondiente. Un día después, Contreras Natareno brindó su testimonio frente a los fiscales. Todo empezaba a calzar perfectamente. Palabra por palabra, la teoría del MP tomaba forma en la versión de Contreras Natareno: confirmó la participación de todos los policías acusados, brindó los datos generales sobre la banda de Jalpatagua y de los vehículos utilizados en la operación. De él, aseguró, sólo había seguido órdenes de su jefe, Herrera López, y había dado seguridad a la entrada de la finca “La Concha”, donde fueron asesinados los diputados y su motorista, en las afueras de Guatemala, cerca de la carretera que conduce hacia El Salvador. Y todo esto lo contó casi sin pestañear ni perder la calma durante las casi tres horas y media que duró su relato. Esa es la versión oficial.

Esa misma calma mostró durante casi todo el juicio. La única vez que se molestó fue cuando el fiscal Marroquín dijo que él pertenecía a una banda que robaba cajas fuertes de casas particulares en El Salvador, aunque de ello nunca se aportó pruebas en todo el proceso. Tras eso, abrazado a su esposa, durante un receso, clavó una mirada penetrante a los periodistas salvadoreños reunidos en la sala de audiencias y dijo que el juicio era una farsa, que era un regalo para El Salvador, para quedar bien con el gobierno salvadoreño y para decir que la justicia guatemalteca funcionaba.

Un día después, justo cuando la jueza Yazmín Barrios cerró el proceso oral y público y ordenó un receso para iniciar con las deliberaciones finales, habló con serenidad: “Confío en que Dios haga justicia”, dijo a El Faro. Tenía esposas en sus muñecas y era protegido por un chaleco antibalas, el mismo que ocupaba hasta para ir al baño, a cinco metros de la entrada de sala de audiencias. Ese día pidió permiso a sus custodios para hablar unos minutos con los periodistas. Se sentó en la primera fila de bancas de la sala y volvió a contar su versión: tras la muerte de sus compañeros en El Boquerón, el 25 de febrero, aceptó un trato que le habían ofrecido sus jefes y mintió según el guion que le habían obligado a aprenderse mientras estuvo hospedado en un hotel de la Zona 1 y en una casa de seguridad, que manejaba Zacarías. Hasta después se dio cuenta de que cayó en una trampa bien preparada, dijo.

15 días después de su primera declaración, Contreras Natareno cambió radicalmente su testimonio, acusó a la PNC, al MP y al Ministerio de Gobernación de haberlo detenido ilegalmente y de haber sido forzado a aprenderse el relato que había dado en un inicio. “Me detuvieron ilegalmente durante cuatro días”, dijo el ex subinspector. Lo había repetido en el juicio, a los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a cuanto periodista se le acercaba durante todo el proceso. ¿Por qué lo hizo? “Por miedo”, dijo a El Faro, y porque confió en la palabra de sus jefes: “Me dijeron que si decía lo que me habían hecho aprenderme, me tratarían como testigo protegido durante el proceso... me engañaron.”

-Usted habló el 19 de febrero de 2007 con Luis Herrera...

-... Era mi jefe. Tenía que recibir órdenes...

-... Y estuvo en la gasolinera La Cuchilla...

-... Nunca he negado lo de los vídeos. Lo que sí niego es que yo haya matado a los diputados salvadoreños. Eso no lo hice.

-Pero usted da una declaración amplia en 2007, menciona su participación y una serie de detalles que sustentan la hipótesis del Ministerio Público...

-... Pero fue bajo amenazas, y eso declaré ante el tribunal. Amenazada mi propia vida y la de mi familia, a raíz de lo que había pasado en El Boquerón (el asesinato de los otros policías capturados). Bajo amenazas del mismo ministro de Gobernación, del director de la PNC, del fiscal Matus Flores, que llevaba el caso. Analizá esa declaración que hice, ¡de ahí se desprenden los testigos falsos! No cambiaron nada. A mí me prepararon con esa declaración. Como no cumplieron lo prometido, los denuncié. Y ellos siguieron con esa declaración...

-... Sin embargo, Roberto d’Aubuisson dice, en su declaración al tribunal, que creyó en el trabajo de las autoridades guatemaltecas...

-... Porque le mintieron. (Rodolfo) Delgado, el jefe contra crimen organizado (de la Fiscalía de El Salvador), llegó cuando estuve detenido ilegalmente. A él le hicieron ver lo que ya se había preparado. Él se lo cuenta a d’Aubuisson. Le mintieron. A mí me dijeron lo que tenía que decirle a Delgado.

-¿Es mentira todo lo que dijo en la primera declaración que hizo?

-Fue porque me dijeron que lo dijera...

-¿Por qué?

-Me dijeron que era para hacer algo por la patria. Todo eso presionado por Álvaro Matus y el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, para salvar mi vida y la vida de mi familia. Hoy ellos están siendo acusados. De mí, Carlos Vielmann dijo que era un asesino. ¿Y hoy? El que escupe al cielo, le cae en el rostro...

Se refiere a que Vielmann está acusado ahora de integrar una red a la que se atribuye asesinatos.

El primer testimonio de Contreras Natareno no fue aceptado durante el juicio; sin embargo, a pesar de que esas palabras sustentan la hipótesis del MP sobre cómo sucedieron, el relato del Ministerio Público no cambió. Sobre el acusado, el MP aseguraría que las bitácoras de llamadas entre todos los policías implicados lo colocaban, junto a Barillas Recinos, como uno de los “difusores” de las órdenes de todo la banda criminal. El análisis comunicacional presentado así lo estimaba y era un calco de esa declaración, que según el ex subinspector policial se amarró en la reunión que nunca existió para las autoridades guatemaltecas.

***

Las normas de la interpelación a un funcionario público en Guatemala son claras: si los diputados del Congreso creen que cualquier funcionario ha mentido o no satisface las dudas por las que ha sido llamado al pleno, se puede determinar un voto de falta de confianza y exigir su separación del cargo. Eso pasó con Carlos Vielmann, tras cuatro días de interpelación por los asesinatos de los diputados al Parlacen. Para los diputados, incluyendo los del partido de gobierno en ese momento, el ex ministro de Gobernación había, al menos, ocultado información y no merecía seguir en ese cargo. Con el tiempo quedó demostrado que las primeras detenciones en el caso fueron ilegales y que todo el relato que él había hecho era una mentira. Sin embargo, lo que él relató es prácticamente sustento de la hipótesis con que Manolito y los demás fueron encontrados culpables posteriormente.

Por eso es que aquel 21 de febrero de 2007, dos días después de los asesinatos, el policía Luis Herrera López estaba muy molesto. Cerca de las 4 de la tarde, él había llegado al Ministerio de Gobernación junto a sus compañeros López Arreaga, Escobar Méndez y Gutiérrez. Tenían una reunión con su jefe, Víctor Hugo Soto Diéguez, a quien le habían pedido ayuda. Según reconstruyen testigos de esa reunión, así como numerosos investigadores salvadoreños y guatemaltecos consultados por El Faro, había llegado a negociar una “salida” para el caso Parlacen. Minutos más tarde, los cuatro estaban esposados y frente al venezolano Víctor Rivera, entonces asesor del ministro Carlos Vielmann. Herrera desafió con la mirada a Rivera y también de palabra. “Me los voy a llevar a todos. Porque yo me los voy a llevar a todos”, le dijo. “Pedimos ayuda, ¿y esta es la que me dio? ¿Esta es la ayuda que me está dando? Yo sólo eso le digo, usted va a saber de mí. Usted y todos los demás (...) van a saber de mí, se lo prometo. ¡Y por mi madre se lo juro!” Víctor Rivera ni se inmutó ante las amenazas de Herrera.

Víctor Rivera, asesor del ministerio de Gobernación guatemalteco, durante la captura de los cuatro agentes policiales detenidos el 21 de febrero de 2007.

Todo esto quedó grabado en un vídeo de un poco más de un minuto y se hizo público por los medios de comunicación guatemaltecos 18 meses después del asesinato de los diputados. ¿A qué se refería Herrera? ¿Quiénes eran los otros, aparte de Rivera? Nunca se supo porque las autoridades al parecer nunca investigaron esto. O al menos no hay constancia alguna de que hayan hecho pesquisas. El Ministerio Público no presentó nada de esto en el juicio. Los cuatro policías fueron separados y pasaron la noche en el Ministerio de Gobernación. Herrera no habló más.

La única referencia de lo que pasó ese miércoles 21 de febrero la hizo Soto Diéguez en sus declaraciones al juzgado, reconociendo que los cuatro agentes habían sido detenidos ese día sin orden de captura y fuera del período de flagrancia, interrogados y mantenidos ilegalmente en las instalaciones de Gobernación durante 17 horas. Su versión contradecía abiertamente la de Vielmann ante el Congreso. Así lo reseña el informe realizado por la PDH de Guatemala. “La orden de captura del juez fue emitida a las ocho de la mañana del 22 de febrero. Víctor Soto, en sus declaraciones judiciales, dice que los interrogaron y que los retuvieron a la espera de que llegaran los otros dos. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC (ORP) los pone a disposición del juez y no menciona haber recibido declaración de los detenidos al momento de la captura, por lo que se trata de versiones contradictorias”, se lee en el informe.

En ese período, como lo testificó Soto Diéguez, los policías aceptaron a él que habían matado a los salvadoreños en la finca La Concha, en el kilómetro 25.5 de la carretera hacia El Salvador. Esa fue la única prueba que acusaba a los autores materiales del hecho. En esas declaraciones, no se dio razón del móvil del hecho ni cuál era la vinculación de los policías con la banda de Jalpatagua; tampoco se decía quién era el autor intelectual. Aún con preguntas en el aire, esa fue la única prueba que acreditó quiénes eran los autores materiales y el lugar preciso donde fueron asesinados los tres diputados y su motorista.

Al día siguiente, ya con una orden de aprehensión, fueron llevados ante los tribunales, y de ahí a la cárcel municipal para hombres de la zona 18. Tres días después, el 25 de febrero, tras un orden de traslado para “asegurar su integridad”, hecha por teléfono, y sin dar explicación alguna al juzgado competente, fueron asesinados en la cárcel El Boquerón. Serían las primeras cuatro personas de 16 que morirían asesinadas y que estuvieron vinculadas como sospechosas o que fueron parte de las investigaciones. De toda esta serie de asesinatos las autoridades tampoco investigaron gran cosa.

***

A menos de 24 horas del asesinato de los salvadoreños, el Ministerio Público solicitó a un juzgado con carácter urgente los registros de llamadas de diferentes números de cuatro compañías telefónicas. Al parecer ya tenían sospechosos del crimen, apenas horas después de sucedido. Sin embargo, las autoridades guardaron silencio hasta el 22 de febrero para hacer públicos los nombres: José Adolfo Gutiérrez, Luis Arturo Herrera López, José Korki López Arreaga, Marvin Langen Escobar Méndez, Marvin Roberto Contreras Natareno y Jainer Arcides Barillas Recinos, todos policías de la División de Investigación Criminal (Dinc).

Los restos calcinados de la camioneta donde se transportaban los diputados y su motorista en la finca La Concha, kilómetro 25.5 carretera de ciudad Guatemala a El Salvador.

El resto de los acusados saldría a la luz pública un mes después, cuando, según dijo el MP, se había hecho un análisis de la relación de llamadas de los agentes policiales el día de los hechos y se contrastó con los vídeos proporcionados por la estación de servicio Texaco “La Cuchilla” y el restaurante McDonald’s, en el centro comercial Los Próceres, frente a donde se interceptó a los diputados salvadoreños.

Un mes exacto, como si fuera un golpe de suerte haciéndole un guiño a los medios de comunicación, el 19 de marzo de 2007, la fiscalía guatemalteca solicitó al tribunal correspondiente las órdenes de captura de Lemus Escobar, De León Lemus, Vanner Adílcar Morales Silvay al agente policial Carlos Humberto Orellana Aroche. A todos se les buscaba por el delito de asesinato de los salvadoreños. Además, el MP buscaba a Linda Aura Castillo Orellana y a Carlos Amílcar Orellana Donis, por el delito de encubrimiento. El punto de partida de la investigación era ese informe de llamadas entre los nuevos sospechosos y los policías, aunque este sería entregado oficialmente hasta dos meses después, el 27 de mayo, según consta en los registros del juicio, y hecho público a finales de julio de ese mismo año, cuando fue filtrado al periódico Prensa Libre.

Edwin Emmanuel Rivera Gálvez y Rony Mauricio Espinoza, oficiales III de la PNC de Guatemala y bajo las órdenes del Grupo de Tarea del Ministerio de Gobernación, ampliaron este primer informe de llamadas telefónicas y enviaron una copia oficial hasta el 19 de junio de 2007. En él, los peritos analizaban las llamadas realizadas y recibidas el día de los asesinatos de 21 números telefónicos pertenecientes a 15 sospechosos y se concluía que todos ellos pertenecían a una estructura criminal. Más allá, se amplió la investigación incluyendo todas las llamadas realizadas y recibidas de estos números durante los primeros tres meses del año. El documento, sin embargo, no procedía de la Policía. Debajo de las firmas de Gálvez y Espinoza estaba la del comisario general Víctor Rivera. Ahí se hizo las experticias de las llamadas telefónicas que habían resultado motivo de investigación para el MP casi inmediatamente después de los homicidios.

"El objetivo del análisis que hizo la Fuerza de Tarea del Ministerio es que sirva como prueba ante el tribunal, pero también se lo entregamos al jefe del FBI para toda Centroamérica", afirmó Rivera. El informe elaborado por este asesor, quien una década atrás había servido al gobierno salvadoreño montando una estructura de investigación paralela a la de la PNC, estaba plagado de suposiciones. En el apartado “sustentación de los eventos”, el escrito asegura que “la estructura intelecto-criminal, entre otros Orellana Donis, Castillo Orellana, Lemus Escobar, De León Lemus y Morales Silva, inicia comunicación desde las 05:37:40 hasta las 09:50:27 horas con el propósito de preparar la acción delictiva”. ¿Cómo sabían los analistas qué se dijo en esas llamadas? Eso no se explica. Igual, no había grabaciones de las mismas. Además, estaba la llamada entre Castillo Medrano y “Montaña 3”. El resto de conclusiones exclusivamente hacían referencia a las llamadas realizadas o recibidas por Contreras Natareno.

Tras 49 páginas de análisis, los peritos finalizaban con conclusiones como el hecho de que la cantidad de llamadas entre los 22 teléfonos investigados durante los 90 días probaba que eran usados por una banda organizada. En promedio, fueron 38 llamadas diarias entre dichos números, menos de dos llamadas por teléfono cada día, cifra que al parecer permitió a los investigadores de Zacarías concluir que eran incriminatorias: “Durante el período 01-enero al 31-marzo-2007, los celulares interconectados registran tres mil cuatrocientas cincuenta (3,450) comunicaciones entre sí, en un escenario comunicacional propio de una estructura criminal”; o, que “la planificación, coordinación y directrices en las fases preparatoria, ejecutiva y consumativa del hecho criminal, utilizó comunicaciones vía teléfonos celulares para entrelazar los diferentes actores”.

A pesar que se concluía que todos los propietarios de los teléfonos investigados eran parte de la estructura criminal, el Ministerio Público excluyó de las investigaciones y de la acusación a tres personas. Una, identificada con el nombre de “Montaña” a secas, que no tenía el mismo número de “Montaña 3”, un agente policial y a Danilo Martínez Recinos, alias “el Dany” o “el Pelón”, quien tenía llamadas con el ex oficial tercero de la PNC José Korki López Arreaga y los agentes policiales José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, todos asesinados en la Cárcel Pública de El Boquerón, el 25 de febrero de 2007. De Martínez Recinos no se conoció su paradero.

De El Salvador, no había casi nada. Los dos análisis telefónicos realizados por los hombres de Zacarías en el ministerio de Gobernación solo hicieron referencia a que entre todos los teléfonos investigados había llamadas a 11 líneas fijas y celulares salvadoreñas. Con excepción de dos de ellos, no se detallaba a quién pertenecían los mismos. Además, no se detallaban las fechas exactas en que se hicieron estas llamadas internacionales. Tampoco se incluía el análisis de radio bases, que muestra la posición aproximada de donde se activa un teléfono, o el análisis de los teléfonos celulares de los diputados y su motorista.

Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador y quien siguió de cerca las investigaciones en las primeras semanas del caso, asegura ahora que toda la información sobre las víctimas se brindó oportunamente.

-¿Se investigó el pasado de las víctimas?

-Se hizo un perfil bastante amplio de ellas.

-¿En la investigación se incluyeron las bitácoras de las llamadas hechas antes, durante y después de los asesinatos?

-Se incluyeron las bitácoras, los movimientos bancarios recientes... todo.

-¿Por qué todo eso no está en los documentos del juicio?

-No sabría decirlo...

-... Vimos la documentación y no encontramos nada que haga referencia a la investigación hecha en El salvador.

-Toda la información recopilada fue entregada a la Fiscalía. Esta fue entregada después al Ministerio Público guatemalteco. Habría que preguntarles a ellos dónde está, porque todo se puso a su disposición en su debido momento.

En los atestados del juicio a los que tuvo acceso El Faro, entre los que estaban los estudios de las llamadas, no había nada de esta información. ¿Por qué investigar a las víctimas? Porque ello sirve para descartar una relación previa con los victimarios o conectar hechos pasados que puedan llevar a los responsables de un hecho criminal. Simple metodología que no siguieron los veteranos investigadores de la PNC y Gobernación de Guatemala.

***

Según fuentes policiales salvadoreñas, la presencia de Víctor Rivera y Soto Diéguez nunca fue bien vista por las máximas autoridades de El Salvador. El primero era hombre de confianza del ministro Vielmann; el segundo, del subdirector Figueroa y del director Sperisen. Rodrigo Ávila, quien era entonces director general de la PNC y que viajó a Guatemala la misma noche de los asesinatos, conocía bien a Rivera, un venezolano de bigote y pelo cano que había trabajado en casos de secuestros en El Salvador. Ávila mismo desarticuló al equipo paralelo de investigación en 1997, después de descubrir que esa estructura montada por Zacarías había manipulado pruebas en el asesinato de un joven odontólogo, Adriano Vilanova Velver, dos años atrás.

Víctor Rivera trabajaba en el ministerio de Gobernación desde el 2 de enero de 2001. En su contrato figuraba como Técnico IV con un sueldo de 18 mil quetzales, unos 2 mil 250 dólares, pero en la práctica era asesor directo del ministro y encargado del Grupo de Tarea, una unidad integrada por policías e investigadores adiestrados por él mismo y que respondían a sus órdenes. Según Vielmann, el comisario Rivera brindaba apoyo y asesoría en casos de plagio, secuestro, extorsiones, asaltos a bancos y unidades blindadas, estafas a entidades bancarias y financieras del Guatemala.

Del comisario Soto Diéguez, al igual que de los agentes de la Dinc bajo su mando, diferentes investigadores fiscales y policiales de El Salvador tenían muchas sospechas por la forma en que ostentaban joyas, teléfonos celulares de última generación y vehículos; además de la lentitud y la desidia con que ayudaban a las investigaciones de la Fiscalía salvadoreña. “El lujo con que se manejaban no correspondían a lo que puede ganar un policía en la región, aunque sea uno de élite”, comentó uno de ellos, quien pidió reserva de su nombre. Ya para entonces las referencias personales del jefe de la Dinc incluían casos de abuso de poder y sospechas de estar vinculado con tumbes de drogas, secuestros y asesinatos extrajudiciales.

¿Cómo se podía confiar la investigación de todo el caso en estos hombres? “No se podía, no se confiaba”, dice una fuente policial salvadoreña que participó en las investigaciones tras el asesinato. “Por eso es que ‘Atila’, el jefe (Ávila) viajó a Guatemala con gente de la División Élite contra Crimen Organizado (DECO), gente de investigación de su confianza y todo el equipo cambiaba de hotel constantemente”. En cuatro noches, el equipo de Ávila durmió en cuatro hoteles diferentes. Jamás se hizo una reservación. Siempre durmieron con las pistolas montadas y al alcance de la mano.

Formalmente, El Salvador nunca reclamó por la presencia de Rivera y Soto Diéguez en la investigación, y estos siguieron trabajando en el caso Parlacen. Sus hombres, “los Riveritas”, como se conocía al Grupo de Tarea de Gobernación, comandaron la captura de “Montaña 3”, Manolito y Orellana Aroche; y fueron los encargados de los análisis de las llamadas telefónicas de los implicados. Soto Diéguez, aunque fue apartado de su cargo para no entorpecer la investigación el 2 de marzo, fue el testigo que validó los números telefónicos de los siete agentes vinculados al caso y de las agendas telefónicas de los aparatos que utilizaban. A ambos, la CICIG los vincula ahora con secuestros, torturas y asesinatos.

¿El Ministerio Público nunca los investigó? No. El primero dirigió parte de la investigación durante casi un año; murió el 7 abril de 2008, asesinado a las 11:38 de la noche tras salir de una entrevista con Prensa Libre, una semana después de ser separado de su cargo. El segundo está detenido por asesinatos extrajudiciales entre 2004 y 2008. Aun así, fue uno de los testigos de cargo del MP durante el juicio Parlacen.

Solo una vez en todo el proceso, los nombres de algunos de los jefes policiales estuvieron bajo investigación. El 6 de marzo de 2007, el fiscal Cándido Francisco Ascencio Bremer, subjefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, solicitó al tribunal una orden para que se diera al MP el despliegue de cuentas bancarias y estados de cuenta de tarjetas de crédito en todo el sistema bancario de Soto Diéguez, Javier Estanislao Figueroa Díaz y Víctor Hugo Rosales Ramírez, director del sistema penitenciario y quien ordenó el traslado por “motivos de seguridad” de los policías que fueron asesinados en El Boquerón. Además, se solicitaba las bitácoras de llamadas realizadas y recibidas entre enero y febrero de 2007 por los teléfonos de los tres funcionarios.

¿Qué resultados arrojaron los datos obtenidos? Ninguno. Las bitácoras de los tres ex funcionarios no aparecen ni en el expediente del juicio, ni en los análisis comunicacionales realizados por la gente de Zacarías. Lo único que se pudo ver en el proceso fue que el fiscal Asencio Bremer fue separado del caso. Ocho días después, el nuevo encargado era Edwin Elías Marroquín, un fiscal cuyos atestados eran cuatro años de experiencia, todos ellos en casos contra pandillas en el municipio de Villa Clara, Guatemala, y donde había trabajado en investigaciones con Rivera y “Los Riveritas”. En los corredores del sistema judicial guatemalteco se decía que el caso Parlacen le quedaría muy grande por su falta de experiencia. Para otros, todo estaba tan amarrado, que él solo tenía que seguir fijo con la hipótesis del MP: la suma de los análisis telefónicos de los implicados, los vídeos obtenidos y los testimonios de los testigos.

***

Al inicio de las investigaciones, la hipótesis del MP la había hecho pública el fiscal Matus Flores, un abogado con 14 años de experiencia en la Fiscalía guatemalteca y en los que había integrado la unidad de secuestros y participado en casos especiales como la toma de la granja penal de Pavón y la recaptura de los fugados de la cárcel “El Infiernito”. Precisamente esos operativos terminaron con ejecuciones extrajudiciales por las que ahora se procesa a una serie de ex funcionarios, incluidos Vielmann y Sperissen. Todo cambió en septiembre de 2009, cuando el fiscal anunció que dejaba el MP. Él aseguró que era por motivos personales y profesionales.

En el sector justicia guatemalteco se manejaba otra versión: José Amílcar Velásquez Zárate, el fiscal general de Guatemala en funciones, le pidió su renuncia. ¿Por qué? Nadie sabía decirlo a ciencia cierta, pero se rumoraba que la salida del titular Juan Luis Florido, en julio de ese año, lo dejó sin protección dentro de la institución. ¿Quién vería todos los casos que estaba investigando la Fiscalía de Delitos contra la Vida y que él había liderado en los últimos dos años?

Así se redistribuyeron todas las investigaciones de los casos que se fueron desprendiendo del homicidio de los salvadoreños: el asesinato de los policías en El Boquerón y los asesinatos de José Luis y Henry Danilo Benítez Barrios, asesores ad honoren de la Dirección General de la PNC guatemalteca, y del comisario Víctor Rivera. Estos últimos tres, personas que participaron activamente en la investigación del caso Parlacen. Matus Flores además estuvo implicado en las investigaciones de otro asesor policial, un auxiliar fiscal y un testigo de la CICIG que fueron asesinados.

Cinco meses después, Matus Flores estaba en la picota. El 30 de enero de 2010, la CICIG lo acusó de conspiración, obstrucción de la justicia, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en la investigación en el homicidio de Rivera, y pidió su captura. Según la acusación del organismo internacional, el ex fiscal no permitió el allanamiento de las oficinas privadas de Rivera, entorpeció que se hiciera lo mismo en la oficina del ex asesor en el ministerio de Gobernación, se le imputó responsabilidad en el extravío de documentos de la investigación y dejó salir del país a la principal testigo del caso, María del Rosario Melgar, sin tomar su declaración. María del Rosario Melgar acompañaba a Rivera la noche de su asesinato. Por todo ello, junto a Matus son acusados otros tres ex empleados del MP: Leila Lemus, ex subdirectora de la Oficina de Protección al Testigo, y Pedro Girón, ex jefe de análisis de la misma oficina; y el ex auxiliar fiscal Gabriel Rodríguez.

El 30 de abril, cuando Matus Flores todavía era prófugo de la justicia, Carlos Castresana, jefe de la CICIG, dijo en conferencia de prensa que la captura del ex fiscal era “el último eslabón de una cadena de negligencias deliberadas, ocultación de prueba, falta de investigación y destrucción de evidencias (...) Es un crimen de la delincuencia organizada, y esta es una muestra de grupos clandestinos que operan en la institución.” En la Fiscalía contra Delitos Administrativos, cuatro fiscales rotaron el caso en los primeros cinco meses del proceso, solamente pudieron probar ante el juez los últimos dos delitos, que son excarcelables bajo fianza durante la investigación, y actualmente Matus Flores es procesado por ellos.

Álvaro Matus, fiscal guatemalteco que lideró las investigaciones del caso Parlacen, ingresa a la cárcel de El Boquerón, tras la muerte de cuatro policías sospechosos de asesinar a los diputados y su motorista.

Para los entonces investigadores de la CICIG, Matus Flores era una pieza más en la manipulación de pruebas en todos los casos en los que había trabajado. Por ejemplo, en el caso de El Boquerón, según un memorándum interno girado el 13 de enero de 2009 al jefe de investigaciones de la CICIG, el italiano Maurizio Salustro, y a Castresana, testigos hablaban de la existencia de 219 fotografías en la PDH que demostraban cómo la escena del crimen fue alterada; además de pruebas que mostraban que Rivera, Soto Diéguez y otra personas –sólo identificada con el apellido Santiesteban- entraron a la cárcel el mediodía del 25 de febrero, pocas horas antes del asesinato de los cuatro policías vinculados en el caso Parlacen. ¿Qué andaban haciendo estas personas en la cárcel? Esto nunca se investigó.

El MP, liderado por Matus Flores, defendió a capa y espada que el crimen había sido perpetrado por pandilleros recluidos en la misma cárcel. “El estudio del expediente revela que siempre se estableció como línea de investigación, establecida por el entonces jefe de sección de delitos contra la vida Álvaro Matus, de que fueron los mareros quienes le dieron muerte (a los policías) como venganza”, reza el informe, que es parte de los documentos que serán publicados próximamente en el libro sobre el caso que prepara Índole Editores y a los que tuvo acceso El Faro. Al final, los 15 pandilleros acusados fueron absueltos del crimen por falta de pruebas. Siete de ellos, posteriormente, fueron asesinados y decapitados tras ser trasladados a otro recinto penitenciario.

Matus Flores lideraba las investigaciones en todos estos casos, y el recelo y secretismo con que fueron manejadas quedaron claros cuando el MP intentó por todos los medios evitar que la PDH obtuviera acceso a los informes de los casos El Boquerón y Parlacen. Aun cuando el juzgado ordenó la apertura de los expedientes, tanto la fiscalía guatemalteca como la Policía intentaron frenar esto en cuatro ocasiones. Incluso, la primera actuación del fiscal Edwin Elías Marroquín en el caso fue interponer un recurso de reposición para impedir que la PDH tuviera acceso a la documentación. Al final, el juzgado no pudo entregar los documentos por una orden de la Corte de Constitucionalidad, que otorgó un amparo provisional al MP para no abrir el expediente a la Procuraduría.

¿Por qué negarse a abrir los expedientes a una institución oficial del Estado? ¿No había que investigar a los ex jefes policiales, al ministro de Gobernación y a su asesor privado? ¿No afectó la credibilidad de todo el caso las vinculaciones de Matus Flores? Marroquín aseguró a El Faro que se habló con ellos en su momento y se descartó toda participación; que las acusaciones contra Matus Flores no afectaron en nada porque no tuvo que ver directamente en el mismo. Para él, el testimonio brindado ante el tribunal de alto impacto por Roberto d’Aubuisson, hermano de una de las víctimas, cerraba de tajo cualquier duda sobre la posible participación de altos mandos de la Policía y de Gobernación. “Indica que él recibió todo tipo de colaboración de autoridades guatemaltecas, es decir Vielmann, Sperisen, Figueroa y Rivera, manifestando esa persona que no tiene la mínima duda en relación a que estas personas nunca pudieron haber cometido este hecho delictivo como lo quiere hacer ver la defensa”, relató el fiscal durante las conclusiones finales ante el tribunal.

“Los responsables son los cuatro policías muertos, las nueve personas que están siendo juzgadas y solo faltaría Silva Pereira y Barillas Recinos... De este último hemos hecho varios allanamientos buscándolo”, dijo el fiscal, a horas de escuchar el resultado final del juicio. Entonces, él decía estar 100% seguro de que lograría un veredicto condenatorio para todos los implicados. Tenía cinco testigos protegidos que amarraban el rompecabezas de bitácoras telefónicas, los vídeos secuestrados, las pruebas periciales y las evidencias encontradas en los diferentes allanamientos. Sin ellos, no se podía establecer una relación entre los policías y la banda de Jalpatagua, ni ubicar los vehículos investigados en las fincas La Parga y La Concha. Sin los testigos, no había caso.

***

Hasta febrero de 2009, públicamente se manejó que el móvil del crimen era uno solo: una equivocación. Actuando fuera de su investidura, los agentes policiales de la Dinc habían interceptado el vehículo de los diputados salvadoreños confundiéndolos con narcotraficantes colombianos, fueron llevados a una zona despoblada y luego asesinados por temor a ser denunciados. La hipótesis no cuadraba con la presencia de los miembros de la banda de Jalpatagua ni con la acusación de que Manuel de Jesús Castillo Medrano era el autor intelectual del crimen, como se dijo desde el momento en que se filtró a los medios de comunicación el análisis de llamadas realizado por “Los Riveritas”.

Todo cambió cuando Silva Pereira apareció en escena, después de una publicación de La Prensa Gráfica y una apresurada conferencia de prensa en Guatemala. La presencia del exdiputado suplente pecenista queriéndose vengar por su desafuero constitucional amarró todo, ha sostenido la fiscalía guatemalteca desde entonces. Castillo Medrano y Silva Pereira se habían reunido en El Salvador, sostenía el MP, para planificar el asesinato de Eduardo d’Aubisson. La muerte de los diputados William Pichinte y Ramón González, así como la del motorista Gerardo Ramírez, habría sido una especie de daño colateral de esta operación de venganza que cambió de móvil de las primeras reuniones de planificación, en octubre de 2006, a las definitivas en febrero de 2007. ¿En qué pruebas se sostenía la autoría intelectual del caso? En el testimonio de dos testigos protegidos que, ante las fotografías de periódicos que les presentaron los investigadores, dijeron reconocer a Castillo Medrano, Orellana Donis, Gutiérrez Arévalo y Silva Pereira en cuatro reuniones diferentes de planificación. No hubo rueda de reos ni nada parecido, sino recortes de periódicos con las nuevas versiones sobre los nuevos implicados y el nuevo móvil de la venganza.

Solo uno de los testigos había visto a Castillo Medrano. Se llama Ramiro Antonio de León López, un traficante de personas confeso y testigo protegido del MP. En su testimonio aseguró que el 4 de octubre y el 12 de noviembre de 2006, durante sendas reuniones en el restaurante Rancho Guarumo, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, Castillo y Roberto Carlos Silva Pereira habían planificado la muerte de Eduardo d’Aubuisson. El motivo: venganza, porque D´Aubuisson "le había puesto el dedo con la DEA" al diputado pecenista y su partido, Arena, había apoyado que se le quitara la protección constitucional para que se le pudiera procesar en los tribunales comunes. Según su relato, Silva Pereira le había pedido a Manolito que se encargara personalmente del asunto porque le urgía. Más de cinco semanas después, en el segundo encuentro, Castillo Medrano le contestó, según el testigo: "No te preocupés, hace de cuenta y caso que ese ya está muerto". En ambas reuniones, según el MP, también estuvo Carlos Amílcar Orellana Donis, alias Chejazo, líder de la banda de Jalpatagua y otro de los imputados.

Manolito lo negó todo. Aseguró que no tenía por qué dar información alguna, que tenía fuero constitucional al ser diputado del Congreso y que no podía ser investigado; que nunca estuvo en las reuniones y que nunca había estado con Silva Pereira, que nunca lo conoció. “Es un montaje”, dijo, a horas de conocer el veredicto, y siguió hablando mientras su voz, con un marcado tono chillón, iba subiendo de volumen: “Toda la hipótesis del Ministerio Público es fabricada. O sea, no sólo el testigo, no solo los documentos... ¡Ab-so-lu-ta-men-te todo!”, gritó.

El tribunal pensó diferente. Para los juzgadores, según dijeron en al momento de dar conocer el veredicto del juicio, se advertía la sinceridad del testigo, que no había “ninguna circunstancia que demerite cada uno de los aspectos de su declaración”, y que tenían la impresión de que había presenciado directamente los hechos porque “describe con mucha precisión muchos detalles de estas dos reuniones”. Prueba científica, sin embargo, nunca hubo. Pruebas que pusieran en el mismo lugar y al mismo tiempo a Silva Pereira y a Castillo Medrano, y mucho menos que hablaran de lo que supuestamente hablaron: una conspiración para matar a D´Aubuisson.

Si el testimonio de De León López dejó alguna duda en la defensa, el relato del segundo testigo protegido, un salvadoreño identificado por la Fiscalía salvadoreña como Clave Fredys, terminó de amarrar todo para el tribunal. Fredys, con antecedentes por robo de furgones y de vehículos en El Salvador y en Guatemala, dijo que participó en dos reuniones en Jalpatagua, Guatemala, donde asistieron Silva Pereira, Orellana Donis y Carlos Gutiérrez Alvarado, alias "Montaña 3", en enero y febrero de 2007. En ellas se dijo que se contrataría a policías para hacer “un tumbe”, que en el automóvil de los diputados había droga o dinero y que la operación era una revancha contra los diputados porque habían participado en el proceso de desafuero contra Silva Pereira. Cuando le dijeron que los diputados que viajaban en el vehículo serían asesinados, él decidió ya no participar. Lo dijo todo frente al tribunal y hasta él mismo se ofreció para levantarse de la silla de interrogatorios, acercarse a la celda de los imputados y señalar a la gente que había visto en Jalpatagua. Con la venia de la corte, se paró, señaló a “Montaña 3” y Orellana Donis y los fotógrafos, felices de tener una foto diferente del juicio, lo acribillaron a flashazos.

El resto de testigos no era menos importante. El primero describió la operación de interceptación de los diputados y su motorista. Otro de ellos, a pesar de sus problemas de visión, aseguró ver a una distancia de 100 metros los vehículos de todos los implicados cuando pasaban por la calle de tierra hacia la finca La Parga, donde habrían torturado a los diputados y registrado el vehículo en que se conducían. Tanto los vio, que aseguraba reconocer a uno de los enjuiciados, Orella Donis, como la persona que manejaba una camioneta.

El más importante era Ángel Antonio Moreno Álvarez. Su vehículo había sufrido desperfectos mecánicos la mañana del 19 de febrero, lo empujó hasta la gasolinera Texaco “La Cuchilla”, donde vio a los policías Contreras Natareno y Barillas Recinos, así como a tres miembros de la banda de Jalpatagua. Él no los conocía entonces, pero en el proceso dijo que ahora que estaban acusados los reconocía como los hombres a quienes vio en la gasolinera. Su memoria era tan buena que también recordaba los tres vehículos en que se transportaban aquellos extraños que llegaron a la estación de servicio, recordaba que los vio hablar entre ellos, aunque esas supuestas conversaciones no aparecen en los vídeos de las cámaras de seguridad. Asimismo, recordaba que los vio comprar la gasolina que, como sabría más tarde, fue utilizada para quemar a las víctimas. Su testimonio iba más allá: recordaba que casualmente terminó de arreglar el carburador de su carro cuando todos los posteriormente acusados salieron en caravana hacia la carretera que conduce hacia El Salvador. Recordaba que más adelante aquellos extraños ingresaron cómo los tres vehículos se metían a la finca La Concha. Lo último fue que, después de dejar atrás la entrada a la finca La Concha, observó por uno de los espejos retrovisores de su carro, que uno de aquellos extraños -que después sabría que se llamaba Contreras Natareno- estaba haciendo posta a la entrada de la finca, como vigilando. Lo extraño es que Contreras Natareno, según otro testigo cuyo testimonio se recogió en el juicio, iba conduciendo uno de los carros de la caravana, de tal manera que si el hombre del carburador arruinado logró ver entrar los tres vehículos a la finca y luego vio por el retrovisor que uno de los motoristas estaba ya haciendo posta, Contreras Natareno tuvo que haber sido sumamente rápido para conducir hacia el interior de la finca y volver en cuestión de cinco segundos a la entrada de la propiedad para ponerse a vigilar. Los jueces no dudaron en declararse convencidos por este testimonio.

Yasmín Barrios, al centro, presidenta del colegiado de jueces del Tribunal Primero de Alto Impacto, encargado de juzgar el caso Parlacen.

***

El 20 de marzo de 2007, tras ser capturados en un operativo que incluyó 10 allanamientos en Jalpatagua, Guatemala, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, estimó que existían suficientes pruebas para detener provisionalmente a Mario Javier Lemus Escobar y Obdulio Estuardo Waldemar de León Lemus por los delitos de asesinato, asociaciones ilícitas y conspiración.

Además, el mismo juzgado giró la orden de detención a los hermanos Linda Aura Orellana Castillo y Carlos Amílcar Orellana Donis. A Orellana Castillo, propietaria de la camioneta BMW, placas P- 351CVR, la acusaban de haber estado en la gasolinera Texaco “La Cuchilla”, donde supuestamente se compró la gasolina con que fueron quemados los cuerpos y el vehículo de los diputados salvadoreños. Sobre ellos pesaban los cargos conspiración, asociación ilícita y encubrimiento propio.

"Fueron ellos quienes desarmaron el carro de los diputados cuando estaban buscando dinero o droga, sabemos que ellos son parte de los autores intelectuales del crimen", dijo el ministro de gobernación Carlos Vielmann ese martes a la prensa. Según él, durante la investigación del MP, descubrieron que los cuatro capturados se dedicaban a transportar cocaína a través de Guatemala en su ruta desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Los días siguientes a la captura de la denominada banda de Jalpatagua, los medios guatemaltecos dieron cuenta de lo peligrosos que eran sus integrantes. Citando informes de inteligencia policial y del Grupo de tarea de Gobernación se hablaba de que tenían nexos con el robo de vehículos, trata de personas y tráfico de drogas. La camioneta BMW, propiedad de Linda Aura, había sido de Heber Omar Paredes Ayala, sobrino del capo de la droga Jorge Mario “el Gordo” Paredes, el lugarteniente del Cártel del Golfo mexicano en Guatemala. Orellana Donis, aseguraban las publicaciones, estaba involucrado con los Paredes. La Fiscalía salvadoreña dice que a Paredes pertenecían los más de 14 millones de dólares encontrados enterrados dentro de unos barriles en dos lugares distintos de El Salvador en 2010.

Sin embargo, de todo eso no se habló una palabra en el juicio. Lo único que se mencionó es que Orellana Donis había intentado registrar en Guatemala algunos vehículos que mostraban alteraciones en su chasis y el motor; otros, se supone que habían tenido reporte de robo en Estados Unidos. En todo caso, fue sobreseído de los cargos, dijo su abogado, y alegó que eso no demostraba ser parte de una estructura criminal.

El MP pensaba diferente. Los análisis telefónicos mostraba cómo Mario Javier Lemus Escobar, alias Yegua Arisca, recibió llamadas de Montaña 3 y Jeiner Ercides Barillas Recinos, el supuesto nexo entre la banda de Jalpatagua y los policías de la Dinc.

En los vídeos se veía claramente la camioneta BMW que, como se demostró en el juicio, utilizaba Orellana Donis. En ella habían llegado los primos De León Lemus y Escobar Lemus a la gasolinera de “La Cuchilla”. De ella, también habían sacado el bidón blanco con tapadera roja en el que transportaron la gasolina para quemar a los diputados y su motorista. Dentro de la camioneta, lejos de las cámaras de vigilancia, se había quedado Orellana Donis.

Que no se viera en los vídeos no importaba mucho. Si para condenar a Montaña 3 y a Manolito fueron suficientes la bitácora de llamadas y los relatos de los testigos De León López y Fredys, el MP podía buscar una condena por asesinato en grado de complicidad o como autor intelectual. En sus declaraciones, ambos testigos reconocieron a Orellana Donis, junto a Silva Pereira, en las reuniones en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana, y Jalpatagua, Jutiapa.

Carlos Amílcar Orellana Donis, el supuesto líder de la banda de Jalpatagua, tras ser detenido el 20 de marzo de 2007

Pero el Ministerio Público guatemalteco nunca acusó a Orellana Donis por el delito de asesinato. Cuando la jueza Yazmín Barrios, presidente del Tribunal Primero de Alto Riesgo, leyó el veredicto, reconoció que, aunque al acusado se le ubicaba en el Rancho Guaruamo y en Jalpatagua, al no haber acusación formal no se le podía condenar. Al final, la jueza lo absolvió de ese delito.

¿Por qué fue absuelto Orellana Donis? Marroquín aseguró que por lo menos estaría encerrado 14 años, seis de ellos por uso de documentos falsos en forma continuada y ocho, por asociación ilícita. “La jueza dijo que no lo acusaron de ello, ¿por qué no se acusó de asesinato a Orellana Donis?”, preguntamos. El fiscal Marroquín esquivó la pregunta. Era las 10:30 de la noche, se excusó ante los periodistas y dijo que tenía que salir antes que sacaran a los nueve imputados. Salió del salón acuerpado por sus guardaespaldas y el día siguiente no contestó las llamadas de El Faro.

Las inconsistencias del juicio Parlacen - ElFaro.net