El Faro-"No entiendo por qué El Salvador se queda callado y acepta esta investigación amañada" - ElFaro.net

 La fiscal costarricense dice que la investigación que terminó en la condena de Manolito por el asesinato de los diputados salvadoreños fue iniciada por "un delincuente". Añade que las evidencias apuntaban a una red de funcionarios, pero el ex jefe de la comisión antimafias guatemalteca se vendió al mejor postor: "A Castresana le dije que era un gran corrupto".

Por Rodrigo Baires Quezada.10 de Enero. Tomado de El Faro.

 

Giséle Rivera está desde agosto de 2010 en el ojo de huracán. “Mi prisión es Costa Rica”, dice y sonríe con sarcasmo, ironizando sobre su propia suerte: sobre ella pesa una orden de captura internacional girada en Guatemala, país donde trabajó como investigadora de la CICIG y donde se le acusa de los delitos de doble representación, patrocinio infiel y encubrimiento propio.

En Costa Rica, ahora ella se mueve rodeada de guardaespaldas y ellos, al final de cuentas, deciden si es necesario que una o varias noches cambie de casa, que vaya al trabajo o que reciba visitas. Comunicarse con ella requiere una serie de triangulaciones, de llamadas a terceros y de tomar nuevas medidas de seguridad hasta para determinar por qué medios se podrá comunicar. “Todo por seguridad”, se queja Rivera y se lamenta de que hacer las cosas bien, según ella, supongan “perder su propia libertad”. Ahora el Estado costarricense le provee protección. Así que mientras un Estado centroamericano pide al mundo su captura, otro Estado centroamericana le ayuda a esconderse de las posibles amenazas.

Durante cerca de nueve horas, Giséle Rivera habló con El Faro. Lo hizo en seis momentos diferentes durante las últimas tres semanas de diciembre de 2010. En esos encuentros, algunos por teléfono o vía internet, habló de todo lo que encontró durante sus investigaciones en Guatemala, de los vacíos en el juicio por el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen, de la manipulación de pruebas desde el Ministerio Público (MP, la fiscalía guatemalteca) y el Ministerio de Gobernación (MG) y de la estructura criminal que, según sus investigaciones, existe alrededor de todos estos casos y en la que estaban involucrados los más altos mandos de la seguridad pública guatemalteca en el gobierno de Óscar Berger.

 

Usted no estaba asignada a la investigación de los diputados salvadoreños y su motorista. ¿Cómo llega hasta el caso Parlacen?
Porque estaba investigando el asesinato de Víctor Rivera, asesor del Ministerio de Gobernación. Entonces tenía que ver en qué casos había trabajado él y veo que Rivera era uno de los elementos comunes denominadores en todos los casos.

¿Usted no sabía quién era Víctor Rivera, alias “Zacarías” o “Frank”?
No, cuando voy viendo quién es este elemento es cuando entro a ver los casos Parlacen y El Boquerón... de una vez me sale el caso Parlacen. Ya en Guatemala se hablaba de los grupos de ejecución en la PNC y había muchos cuestionamientos sobre el trabajo de Víctor Rivera y su grupo. Ahí es cuando empieza a salir esta estructura criminal. Y luego es que me empiezan a hablar de la toma de la cárcel de Pavón y de la recaptura de los fugados de El Infiernito. Y siempre eran él, Rivera, “los Riveritas”, Víctor Hugo Soto Diéguez, los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez, Javier Figueroa, Erwin Spirisen, Álvaro Matus Flores y Carlos Vielmann.

¿De qué fechas hablamos?
La primera vez que me reúno con Edwin Elías Marroquín, fiscal asignado al caso Parlacen, es a mediados o a finales de junio de 2008.

En ese entonces, ¿Roberto Carlos Silva Pereira y Manuel de Jesús Castillo Medrano ya eran vistos como los autores intelectuales del crimen?
Para julio de 2008, Marroquín todavía no tenía esa hipótesis. Él decía que era Castillo Medrano, alias “Manolito”. Él, solo. Entonces se decía que él era un narcotraficante.

¿Se tenía pruebas de ello? Pregunto esto porque no se le acusa de ello en ningún momento en todo el proceso, pero sí de no haber devuelto una laptop al Congreso guatemalteco.
Los testigos del MP decían que “Manolito” se dedicaba a traficar y a repartir droga, pero eso es era simplemente lo que la gente decía. Sobre eso, por información que tenemos con testigos, efectivamente parece serlo. Además, nos dicen que él trataba con esta estructura de Figueroa y Rivera, y que les pagaba un derecho de paso, y ese tipo de cosas, para entrar droga por Jutiapa y luego subirla a México. Según nuestras indagaciones, llega un momento en que Manolito, no se sabe por qué razón, les dice: “Ya no les pago más”. No sé si es a partir de que ya es diputado del Congreso de la República de Guatemala.

¿Entonces para julio de 2008 la hipótesis del Ministerio Público guatemalteco es que el único autor intelectual del crimen es Castillo Medrano?
En un primer momento, la investigación del MP decía: “Manolito tiene una organización, una banda en Jalpatagua, y es quien planifica tumbar (robar) el dinero y/o la droga que traía en el vehículo de William Pichinte”. Desde ese punto empiezo a investigar, a estudiar el expediente, y busco si en él hay alguna vinculación de esto.

¿Vinculación?
Sí, primero busco que se haya acreditado efectivamente en el expediente que Manolito y que los miembros de la tal banda de Jalpatagua –Carlos Orellana Donis, alias “Chejazo”, “Yegua Arisca”, “el Gato” y Vanner Adílcar- tenían conformada una estructura delictiva. Segundo, si esta estaba precisamente vinculada a Luis Arturo Herrera López, que era el jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), y del resto de policías... Cuando hay una hipótesis pues hay que corroborarla.

¿Qué había que corroborar en esta hipótesis?
Que efectivamente estos policías tenían una relación con la banda de Jalpatagua, que esta, a su vez, la tenía con Manolito y viceversa. Y también con el tal “Montaña 3”. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una banda, de una estructura que se asocia ilícitamente, tenemos que acreditarla en el tiempo. En el expediente no aparece ninguna prueba al respecto. La acusación del MP no describe para nada cómo es que se da la planificación del hecho. Debe de haber una relación directa entre acusación y sentencia. La acusación no dice que “Manolito” se dedicaba al narcotráfico o que mantenía actividades ilícitas, y que se había establecido que durante “x” tiempo había tenido una organización criminal, en la que formaba parte “Montaña 3” y los de la banda de Jalpatagua. No se dice nada de eso. Solo la acusación era para que cualquiera desbaratara el caso. ¡Es que son tantas inconsistencias!

Hablando con el fiscal Edwin Marroquín, este dice que los estudios de interconexión de llamadas y los vídeos son los que demuestran que ellos son parte de una estructura. ¿Con base en qué acusan a la gente de Jalpatagua en marzo de 2007 si el estudio de las llamadas realizado por Emmanuel Rivera y Ronny Espinoza es entregado en mayo?
Es que ellos no están analizando nada. Era justificar una versión oficial. Ellos no investigaron qué estaba haciendo Soto Diéguez, qué estaba haciendo Erwin Sperisen y nunca se preguntaron por qué Javier Figueroa salió escabullido precisamente después de todo esto.

Pero sí se pidieron las bitácoras de llamadas, entre enero y febrero de 2007, de Soto Diéguez y Javier Figueroa. La solicitud la hace Francisco Asencio Cándido Bremen, segundo al mando en la investigación, al juzgado correspondiente...
... Él estuvo metido en la investigación en un primer momento. Cándido Bremen tiene un rol muy activo en el caso Parlacen.

Incluso pide también información de los movimientos bancarios de estas dos personas y del entonces director de centros penitenciarios, Víctor Hugo Rosales.
Sí, pero a él lo sacan del caso extrañamente. No hay ninguna justificación de por qué sale de la investigación. No vuelve a aparecer. No sé qué se hizo luego. Queríamos entrevistarnos con él y no lo encontramos. Cuando lo pregunto a Matus Flores dónde estaba, me dice que había sido trasladado al interior del país.

¿Toda esta información que solicitó Bremen no estaba en el expediente?
No, no estaba. Por el principio de transparencia y lealtad procesal, esta información, todas las acciones de investigación realizada, tienen que constar en el expediente.

¿Habla de una “versión oficial”?
Exactamente. Rodrigo Ávila me dice, en una entrevista que le hicimos en noviembre de 2009, que es Rivera, "Zacarías", quien empieza a decir que Manolito estaba vinculado. ¿Qué es lo relevante en este caso? Que resulta que quienes hacen este estudio de intercomunicaciones son parte de “Los Riveritas”.

¿Quiénes?
Son los hombres de Víctor Rivera en el Ministerio de Gobernación. Emmanuel Rivera Gálvez, que es quien sustituye a Víctor Rivera a su salida del Ministerio de Gobernación, y Ronny Espinoza, eran también de “Los Riveritas”.

¿Por qué no es creíble el estudio?
Porque cuando voy a la cárcel y hablo con los imputados, ellos me dicen que esos números no eran de ellos, que me lo juraban. Pero los delincuentes siempre van a mentir... Esa es la premisa número uno en una investigación. Cuesta mucho que un imputado diga: “Yo lo hice”. Ellos me juran que no son sus teléfonos. Cuando me siento a revisar más detalladamente este expediente, le pregunto a Marroquín de dónde saca que esos teléfonos pertenecen a ellos. “Porque nosotros tenemos testigos que dicen que son de ellos”, me dice. “¿Y cuáles son esos testigos?”, le pregunto. En el expediente hay unas entrevistas a vecinos de la gente de Jalpatagua, tanto de “Chejazo” como de todos los otros, en las que se dice que ellos eran unos grandes delincuentes, que los habían visto con Jeiner Ercides Barillas Recinos. Pero no hay una cuestión concreta, no hay un documento concreto que demuestre eso. De lo que consta en el expediente, por ejemplo, Mario Javier Lemus Escobar, “Yegua Arisca”, tiene préstamos en un banco en Guatemala. En el banco le aparece, de referencia, otros números telefónicos: el de su casa, un celular de su compañera y otro a su nombre, que no coincide con los números investigados de él. El estudio de ese celular, oficialmente, nunca fue realizado. O sea, no hay un elemento de prueba solvente que me deje decir, por ejemplo, que la compañera de él o su papá le hablaban a ese número. Hablo de gente muy cercana, por ejemplo. Se tenía que haber investigado el círculo cercano de familiares y de amigos para decir “este es el número”. Eso vale para cada uno de ellos.

El estudio telefónico hace la correlación con los vídeos.
¿Con cuáles vídeos? El único vídeo que vi es el de la gasolinera. ¿Cuáles otros vídeos tienen ellos?

En el juicio ellos presentaron dos vídeos más. Uno sobre la calle, frente al centro comercial La Pradera, y el otro del McDonald´s.  El estudio que firman el mismo Víctor Rivera, Emmanuel Rivera y Ronny Espinoza, el testigo que llevan como perito para acreditar la prueba...
... Espinoza, como le dije, es parte del grupo de “Los Riveritas”. Es parte de la estructura.

Quiero ordenar esta conversación. Silva Pereira y Castillo Medrano, según el testigo De León López, están en el Rancho Guarumo, en San Sebastián Salitrillo, El Salvador, el 12 de noviembre de 2006. Ahí, Silva Pereira dice que quieren matar a Eduardo d´Aubuisson en venganza porque lo delató con la DEA. Dos mese después, en Jalpatagua, Guatemala, el testigo protegido por la Fiscalía salvadoreña maneja otro móvil: el desafuero y, de paso, un “tumbe” de drogas y dinero que iban en el vehículo de los diputados. Los dos testigos hablan de venganza pero es por motivos muy diferentes.
¿Cuándo es que aparecen estos testigos? ¡Aparecen en el proceso a finales de 2008!

La versión de que el vehículo en el que iban los diputados había dinero o drogas se conoce por el testigo salvadoreño Fredys. ¿El MP utiliza a este testigo pero no investiga este móvil?
No.

La relación de Manolito y Silva Pereira la sustentan dos testigos y nos chocan los móviles que ellos manejan. Una cosa es la DEA y otra, muy diferente, es el proceso desafuero.
¿Cuál es el estatus de Silva Pereira? Él no está detenido por la DEA en Estados Unidos...

¿Cuál es el procedimiento para manejar los testimonios de testigos protegidos que tienen antecedentes? Pregunto esto porque se me hace muy sencillo pensar que, si estoy siendo procesado por un crimen cualquiera, diría exactamente lo que quiere escuchar la Fiscalía, declarar y salir libre.
No podés basarte solamente en lo que dice... Ahora, la gente dice que los testigos protegidos son delincuentes. ¡Claro que tienen que ser delincuentes! Es muy difícil que una persona que anda en actividades lícitas se vaya a meter con delincuentes, a menos que sea amenazada. Siempre tienen que ser gente de la misma estructura. Ahora, empecemos por esto del rancho Guarumo. ¿Es cierto que estaba abierto para noviembre de 2006?

En teoría es que estaba cerrado.
¿De León López trabajaba con Silva Pereira?

En teoría, sí.
Si era así, tenía que haberse acreditado la relación. Para corroborar lo que una persona dice tengo que tener elementos objetivos que lo prueben.

¿Cuáles serían esos elementos?
En derecho están las reglas de la sana crítica racional, esto tiene que ver con la lógica, la experiencia y la sicología. El juez, como es perito de peritos y es soberano al valorar la prueba, no puede, solo porque se le ocurre, sobrepasar la lógica. Esa lógica tiene que ver con la lógica de un hombre medio, no de un genio. Hablamos de que es el análisis que haría cualquier ser humano. La racionalidad y la proporcionalidad en ese análisis lógico es el que tiene que tener la sentencia. Ya desde ahí, este caso se rompe. Cuando hay más de una respuesta a una situación, ya existe una duda y ya no puede ser una verdad absoluta. En este caso, se toma a testigos sin que se corrobore sus testimonios. No hay elementos ni antecedentes que los corroboren. ¿Existe una relación previa entre “Manolito” y Silva Pereira? ¿Cómo inicia esta? ¿En ocasión de qué se da? Yo podría pensar que porque son diputados se pueden conocer.

Pero eso no significa que tengan la confianza mutua para planificar un crimen.
Entonces, el MP tendría que haber establecido desde cuándo se da esta relación y nada de esto está acreditado en el proceso del caso Parlacen. Y aquí también es sumamente discutible el hecho de que Silva Pereira no tiene un estatus de narcotraficante en Estados Unidos...

... Donde tiene un proceso por ingreso ilegal a su territorio y ha solicitado asilo político.
¡Ese es el punto! ¿Cómo y por qué llegó este testigo al rancho Guarumo? Cree que unos capos, que manejan dinero y drogas, que van a planificar un crimen, van a ir a un lugar a vista y paciencia de gente ajena. Todos esos cuestionamientos se los hice a Marroquín. “Esta no es una investigación fiscal, lo que me estás contando son habladurías”, le dije.

Además de los testigos De León López y Fredys, ¿hay otra prueba que relacione a Silva Pereira con el asesinato de los tres diputados y su chofer?
Nada. De lo que a mí me dejaron ver, de lo que se suponía era oficial, no hay nada.

Desde el punto de vista procesal, estos testimonios que hablan de Silva Pereira y Manolito, ¿no se contradicen mutuamente?
Esta investigación no tiene un procedimiento técnico ni científico, que es lo que debe de tener toda investigación fiscal. Cuando se me dice que Silva Pereira está involucrado, lo primero que le digo a Carlos Castresana es: “Bueno, voy a ir a hablar con Silva Pereira a Estados Unidos”.

¿Qué le dijo Castresana?
En un primer momento me dice que sí, que buscará la posibilidad para que vaya. Esto está por escrito.

¿Por qué no fue a entrevistarse?
Porque se relega la gestión una y otra vez. Todo eso está en los documentos.

¿No pidió toda esta información al MP?
Sí, le dije a Marroquín que quería ver las investigaciones de las relaciones entre Manolito y Silva Pereira. ¿Cómo podíamos acreditar objetivamente esas pruebas? Si las salidas y entradas por la frontera ya no se podían ver, pues había que ir a las comunicaciones entre ellos. ¿Dónde está el estudio comunicacional de los números de Silva Pereira? ¡No está! Eso era básico, más que elemental.

¿Un estudio comunicacional de Silva Pereira podría acreditar si estuvo en la zona del Rancho Guarumo o demostrar que Castillo Medrano estaba en El Salvador en la fecha que relata el testigo?
Sí, un estudio de radiobases podría hacer eso. Además, en el expediente del MP aparece el testimonio de otro testigo que dice que Manolito se había reunido con un tipo y este lo escuchó peleándose con Eduardo d’Aubuisson por teléfono el 17 de febrero. Ahí es cuando le digo a Marroquín que quiero que me enseñaran toda la investigación realizada en El Salvador: las relaciones entre las víctimas, quiénes eran las víctimas, quién era el piloto; y quería un estudio de sus comunicaciones telefónicas de, por lo menos, seis meses atrás del hecho de todos ellos. ¿Quién era William Pichinte, Eduardo d’Aubuisson y Ramón González? ¿Quién era el piloto? ¿Qué hacían estas personas? ¿Hay investigaciones sobre las víctimas o es simplemente que todos se subieron al mismo carro y ya les tocaba? ¿Por qué nadie se cuestiona nada de esto? Existe esa carencia en el proceso y uno se pregunta por qué no lo hicieron de oficio en El Salvador. Además, podíamos pensar que Pichinte traía dinero u otras cosas en el carro. Lo dice un testigo de ellos (Fredy). La CICIG entrevistó a dos personas que dicen que sí se traía dinero. Uno de ellos, asegura, es quien saca el dinero junto a Soto Diéguez de la zona. En Guatemala se dice que este hombre llevaba plata y que era del narcotráfico. Eso es una especulación, pero hay que demostrar si es cierto o no. Eso también le debería de interesar a las autoridades de El Salvador.

El día crítico, Montaña 3 se comunica con Manuel de Jesús Castillo Medrano, a las 8:50:41 de la mañana. Eso es un hecho. ¿Qué se dijo en esa llamada?
Nadie lo sabe, porque no hay intervención de la comunicación.

Claro, suponemos que casualmente concuerda más o menos con la hora de llegada de los diputados a la frontera. Eso es lo que dice Marroquín en una entrevista con El Faro. ¿Las suposiciones y las casualidades son pruebas per se en un juzgado?
No, no lo es un tribunal. Con respecto a ese punto, yo mandé a policías a la frontera con El Salvador porque ahí hay cámaras y quería ver si tienen registros de a qué horas ingresa la caravana de los diputados a Guatemala.

¿Quién certifica la suposición del MP, fundamentada en una casualidad, de que Montaña 3 estaba informado a Castillo Medrano sobre la entrada de los diputados?
Esa es mera especulación, no hay ni un solo elemento de prueba que me diga que esta llamada tiene ese contenido. Aquí hay otro elemento: hay una relación evidente entre Montaña 3 y Manolito, que lo mete a trabajar en el Congreso, y podría ser que se dediquen a delinquir y a un montón de porquerías.

La jueza, en la lectura del veredicto, dice que hay una relación más allá de lo interpersonal.
Puede haber una relación, podrían dedicarse a cometer un montón de hechos delictivos pero no necesariamente este en concreto. Lo he dicho muy claro: no dudo que Manolito se dedique a actividades ilícitas, pero si el Estado de Guatemala lo quiere meter a la cárcel, que lo meta por los hechos que haya cometido, y que lo haga con un debido proceso y con una investigación hecha como corresponde. Hay otro elemento más relevante. Lo razono desde mi punto de vista como fiscal: hay que llevar toda la prueba para acreditar un hecho. ¿Ha revisado ese expediente?

Sí.
¿Hay un reconocimiento físico en rueda de personas, como lo regula la legislación guatemalteca?

No, no lo encuentro en los resúmenes de los procedimientos realizados...
... Si yo quería asegurar lo que dice este testigo protegido, que identificó a Manolito en el rancho Guarumo, ¿por qué no lo hago en una rueda de testigos en los que pongo al imputado con gente de iguales características físicas? Eso, en un caso tan relevante, es prueba esencial. ¡No estamos hablando de que robaron un chocolate! Participaron en un asesinato y no hay reconocimiento en rueda de personas. Los reconocimientos se hicieron con fotografías publicadas en los periódicos. Les enseñaban las fotos y les preguntaban si era esa la persona. Ahí, sicológicamente ya había una sugerencia, también.

Tengo otra duda. Carlos Orellana Donis, alias “Chejazo”, está en todas las reuniones previas al asesinato de los salvadoreños. Esto lo acreditan los dos testigos de cargo presentados, pero el MP no lo acusa por asesinato y la jueza dice eso en el veredicto. ¿Por qué no lo acuso por asesinato?
Esta investigación está tan amañada... ese testigo del Rancho Guarumo, en la etapa de investigación, no identificaba a Manolito, hablaba en general y al que termina describiendo es a “Chejazo”...

... Sí, él estuvo en las reuniones de planificación...
... Podría ser un planificador del hecho, un autor intelectual.

¿Por qué no lo acusan?
¿Qué le dijo Marroquín?

Nada, que por lo menos habían sido acusados de asociaciones ilícitas.
¿Asociación ilícita por qué? ¿Con qué acreditan esa acusación?

Si la relación de amistad con un implicado, una llamada de 30 segundos y un testigo son suficientes para acusar a Castillo Medrano de ser el autor intelectual de los asesinatos, ¿por qué no acuso de asesinato a Orellana Donis, que tiene llamadas el día crítico, su carro está en el lugar y está en las reuniones?
¿Quién dice que ese BMW estuvo en la escena del crimen? La escena del crimen no es la gasolinera, son las fincas La Parga y La Concha.

Hay un testigo que dice que ve pasar los vehículos.
Es un viejito.

Sí, ellos dicen que él los ve pasar.
Vamos con esos. Primer punto: ellos nunca, para sus fechorías, utilizan a gente que no fuera de su estructura. Y si la ocupan, la dejan con vida. Segundo punto, más relevante, es lo de estos testigos. Le dije a Marroquín: “Quiero hablar con cada uno de los testigos protegidos, voy a entrevistarlos”...  ¡Y los escondieron! Nos logramos acercar y entrar a la casa del viejito. Ese viejito, primero que nada, tiene problemas de vista. Ese es un camino de terracería, de tierra, y es verano. Él vive en una casa que está en alto, de donde dice que ve los carros, con polvo y todo, y los identifica a todos. Ve a gente sentada en cada uno de ellos. Además, él identifica a “Chejazo” conduciendo el carro. Así lo dijo en la etapa de investigación preliminar.

Para usted, ¿este caso se cae solo?
Por supuesto. Este caso es una vergüenza para la administración de justicia y debe de ser un caso que se pueda mostrar a todos los estudiantes de derecho en todos los países del mundo para ver flagrantes violaciones.

¿Qué hubiera pasado si usted llegaba a Guatemala y testificaba en el caso?
Iba a analizar elemento de prueba por elemento de prueba. Iba a quedar tan claro que había una estructura que operaba, que a esta gente que estaban acusando no tenían un móvil claro. También hubiera cuestionado por qué hay un silencio cómplice en El Salvador en todo este caso.

¿Silencio cómplice?
Sí, hay ciudadanos salvadoreños que fueron asesinados y la ley autoriza a su país para que hagan su propia investigación. No es posible que gente que no cometió un hecho esté metida simplemente porque hay que defender a otros. Eso es tan arbitrario, tan indecente, tan inmoral... Y no entiendo por qué El Salvador se queda callado y acepta esta investigación amañada. No sé si influye mucho que Roberto d’Aubuisson esté diciendo que todo está bien. El Salvador tiene que exigir que se descubra la verdad en el caso Parlacen.

Es El Salvador el que da el testimonio del testigo clave Fredys, el de las reuniones de Jalpatagua, Guatemala.
¿Ese que andaba delinquiendo en Guatemala? Nunca pudimos hablar con él ni con De León López en todo el proceso. ¿Cómo se confrontó la credibilidad de este testigo?

¿Qué argumento dio el MP para no permitir que la CICIG se entrevistara con sus testigos claves?
Que ellos no querían hablar conmigo. “¿Cómo que no quieren hablar conmigo?”, le pregunté. El mandato de la CICIG permitía que ellos hablaran conmigo, era legal. Los testimonios de estas personas los logramos ver hasta en agosto de 2009.

¿Casi seis meses después de que se hace la acusación pública de Silva Pereira en un periódico salvadoreño?
Exactamente, y cuando ya existían elementos de prueba que hablaban de esta estructura criminal.

En 2007, gente que estuvo vinculada con el gobierno de Berger reconoció a El Faro que existían estos grupos de exterminio con la complacencia del mismo gobierno guatemalteco. Y que estos eran permitidos porque se trataba de controlar a “cholos”, como se les llaman a los pandilleros en Guatemala, y delincuentes en general.
Ujum.

Y por ende, no tenían problemas con que existieran. El problema es cuando estos grupos se vinculan con delitos de tumbes de drogas, extravío de alijos e, inclusive, sospechas de  estar realizando secuestros. Y estas fuentes decían que nos fijáramos en las detenciones de El Infiernito y la toma de Pavón. Hay un caso de dos reos fugados que se resguardan en una cueva...
... El caso de la Cueva...

Sí, donde los jefes policiales dicen que hubo fuego cruzado y a los fugados se les encuentra un revólver calibre 0.38 y un machete, nada más. Pero esta gente me dice que hasta los medios de comunicación, al no investigar nada, al no cuestionar los procedimientos, validaron estos hechos cuando se justificó que eran delincuentes. Pero cuando los delincuentes son la gente de estas estructuras, ya no gustó mucho al gobierno guatemalteco.
Exactamente. Y también está el caso del Aeropuerto La Aurora, que son ellos mismos quienes participan. Eso lo confiesa Javier Figueroa. Y él cuenta cómo muchas veces eran ellos los que planificaban los secuestros y utilizaban delincuentes o policías de mandos bajos para hacer estas actividades, luego los liquidaban. Ese era un patrón de conducta.

¿Patrón de conducta?
Eso es lo que hago: establecer estos patrones de conducta. Ellos hacían limpieza social. Eso está admitido por Figueroa, por “El Toyota”, por “el Señor de los anillos” (testigos protegidos de la CICIG) y otros con los que hablamos. Ellos dicen que Víctor Rivera era quien decidía. Todos se vestían de negro e iban en esos carros con palangana (pick up), los que utiliza la PNC, a la zona 3 o a la zona 5 a juntar mareros. Los recogían, los mataban y los iban a tirar por Chimaltenango, en el lago Amatitlán o en el lago Izabal.

¿Y estaban funcionando desde 2004?
Desde julio de 2004 se empiezan con la estructura, cuando están ya consolidados para hacer sus diabluras es el caso de la finca Loma Linda, donde hay unos líderes campesinos que son asesinados. Esta gente tiene un salario mensual pagado por empresarios privados y un salario que les paga el gobierno. El dinero se lo daban a Vielmann y este lo repartía. ¿A quiénes les tocaba la mayor parte? A Rivera, Sperisen, Figueroa, Soto Diéguez y Vielmann, por supuesto. A los otros se les daba cualquier cochinadilla. Así empiezan. Pero esto se les sale de las manos. Estos ya no deciden solo matar, sino que robar droga y secuestrar. Se introducen en la delincuencia. ¿Cómo les puedo decir? Esta es una cosa tan asquerosa. Todos sabemos que en todos lados hay corruptos, pero en Guatemala es otro caso. Uno empieza a escuchar testigos tras testigos sobre esa frialdad, sobre cómo Rivera organizaba secuestros, cómo contrataban delincuentes para que los hicieran, cómo después los mataban a todos en los “rescates” y cómo se robaban el dinero. A veces, salvaban a las víctimas y otras, no.

Habla de una estructura que supuestamente también integran Matus Flores, Soto Diéguez, Figueroa...
... Florido (ex fiscal general de Guatemala)...

... Sperisen... ellos toman el caso de los diputados y su conductor, ellos los investigan antes de dejar sus cargos. El manejo de la evidencia en el lugar de los hechos corre por cuenta de esta gente...
... A ver, explico cómo ellos operaban para que pueda entender. La manipulación de la evidencia la vamos a ver desde el caso de El Infiernito, en Pavón, en Parlacen y en El Boquerón. Es una estructura que comete los delitos, los ordena Vielmann, pero tienen que tener gente en el Ministerio Público para que les cubran sus fechorías y se las tape. Entonces, el fiscal general, Florido, nombra a Matus Flores. Este era un auxiliar en la Fiscalía y sube como la espuma. De un momento a otro lo suben de jefe de delitos contra la vida. ¿Por qué? Porque son los que van a ver la escena con la gente de la Dinc. Ellos plantan o suprimen las pruebas, limpian la escena, digamos. El grupo de “Los Riveritas”, además de que participa en hechos, también es el encargado de manipular la escena. Y el MP asegura que esta prueba está bien, que la cadena de custodia se cumple y se procura su impunidad. Si se hace un análisis de lo que es el expediente del caso Parlacen y de todos estos casos, vamos a ver este mismo patrón de conducta: los mismos fiscales en todas las escenas, Matus Flores siempre metido ahí.

A eso iba: si toda esta gente está metida en la investigación del caso, ¿qué calidad de investigación tengo en el caso Parlacen?
Según nuestros testigos, Emmanuel Rivera y Víctor Rivera están en la finca La Parga cuando llevan a los diputados. O sea, los que participan en el hecho son los que hacen la investigación. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo.

¿“Los Riveritas” estuvieron en la zona?
Sí, pero la investigación oficial no va a acreditar pruebas que los vinculen. Vámonos a la escena, vámonos a la finca La Parga y la finca La Concha. ¡A La Parga nunca se va! A La Parga se va hasta ocho días después porque, según ellos, no sabían. Claro que sabían que ahí habían estado, tenían un vehículo con GPS que mostraba esa ubicación. ¿Por qué no se fue desde un primer momento? Otro punto: El vehículo lo anda Herrera, este lo lleva a limpiar a un carwash y luego lo presenta. Cuando lo entregan, la persona encargada dice, así como hablan los guatemaltecos, “ese carro estaba nítido”. Según testigos entrevistados por la CICIG, el vehículo se lo entregan a Javier Figueroa quien, con los hermanos Benítez, se lo lleva para un lugar en la zona 7. Y luego aparecen ciertas evidencias, unos bouchers de tarjetas de crédito y otras cosas.

¿Qué otros procedimientos irregulares se vieron en el caso Parlacen?
Una cosa importante: ¿Cómo es posible que el día 20 ya sé que estas personas son las que matan a los diputados y su piloto? Ojo, una cosa es que podemos asegurar que ellos hacen la interceptación y otra que pueda asegurarse que los policías mataron a los salvadoreños.

¿Cómo se acredita esto?
Simplemente porque el dicho de Soto Diéguez en el debate. “Ellos me confesaron a mí que le dieron muerte a los diputados y su piloto”, nada más. Con solo eso, el tribunal tiene por probado que le dieron muerte. Nadie niega que son los que interceptan el vehículo de los diputados, pero no hay forma de probar que esos son los que les dan muerte. ¿Cómo es posible que de la oficina de los policías no se decomise absolutamente nada? ¡No se entrevista a las personas que trabajan ahí! No van a sus casas de habitación...

¿No?
No, ellos vivían al frente de las instalaciones de la Policía Nacional Civil, en la zona 1. Alquilaban unos cuartos al frente y todos vivían ahí. Los allanamientos en esos cuartos se hacen en abril de 2007 y los hacen “Los Riveritas”. ¡Dos meses después! Y supuestamente es cuando encuentran todo. Es cuando aparece la agenda de Herrera y aparece Castillo Medrano. Ahí se establece el vínculo con él. ¿Cómo sé que eso lo anotó Herrera? ¿Se tiene alguna experticia grafoscópica para corroborar eso?... Para mí, toda esta prueba es plantada porque es encontrada dos meses después y hay testigos que me dicen: “Mire, esa casa antes estaba totalmente limpia”.

Y como los cuatro policías están muertos, no se pueden defender.
Claro.

Cuando matan a los cuatro policías, sale Matus Flores jurando y perjurando que un grupo de pandilleros son los responsables. Al final, salen libres de los cargos...
... Después que los absuelven del caso El Boquerón, asesinan a siete de ellos. Todos, menos “el Diabólico”, son asesinados en diciembre de 2008.

El caso Parlacen se me empieza a llenar de muertos: los diputados, su chofer, los cuatro policías, los siete pandilleros…
... Sí, además de asesores, policías, fiscales auxiliares, testigos...

... ¿Testigos? ¿Fiscales auxiliares?
Sí, matan a una testigo que solicitó la CICIG que se protegiera, y no se hizo. Matan a un fiscal auxiliar vinculado al caso El Boquerón, Juan Carlos Martínez. En ese momento, él estaba trabajando con nosotros. Su caso fue algo bien extraño. Ese día tenía una reunión para hacer el recurso de casación en el caso El Boquerón, porque acababan de absolver a los pandilleros que supuestamente habían participado en el asesinato de los policías del caso Parlacen. Se supone que iba a hablar con Matus Flores y con el fiscal que llevaba la causa.

¿Qué es lo extraño en este asesinato?
Que investigamos y resulta que Martínez, días previos a su asesinato, se había reunido con un árabe que tenía una venta de repuestos en la zona 1. Supuestamente este hombre le iba a dar información sobre quién mató a Rivera.

¿Qué información era?
No se conoce nada de lo que hablaron. Nosotros intentamos hacer un contacto con él, pero en eso estaba cuando me desvinculo del caso de Víctor Rivera para seguir con el caso Parlacen. Lo que le puedo decir es que Juan Carlos Martínez queda totalmente acribillado, como un colador. Y también matan a los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez, que eran asesores de Sperisen, en junio de 2008. Antes ya habían tenido un atentado. Y matan a Saúl Hernández, otro asesor policial, en octubre de 2008.

¿Todos estos homicidios están relacionados?
Según lo que nos dicen estos testigos, los hermanos Benítez participan en los asesinatos de El Boquerón,  junto con Soto Diéguez, quien visita la cárcel al mediodía del 25 de febrero de 2007. Con él llega Víctor Rivera. Eso está documentado. Nosotros fuimos a inspeccionar a la cárcel y a las bartolinas. De acuerdo con nuestra investigación, era muy difícil que los mareros se salieran del otro sector para ir donde ellos estaban. Para nosotros, a los policías los sacan de las bartolinas, los matan en donde hay unas pilas y luego llevan los cuerpos a las bartolinas. A ellos los matan con armas largas y blancas.

¿Y esta gente es la que maneja el caso Parlacen en un primer momento?
Sí, junto a Víctor Rivera.

¿No sospechaba de ellos al momento de tomar el caso del homicidio de Rivera Azuaje?
Asumí el caso como a la semana que murió, en abril de 2008... Empezamos a hacer reuniones de trabajo, pero es hasta el 28 de abril de 2008 que logramos ver el expediente. Hacemos una primera reunión con los fiscales, en la que llega Matus Flores, y vamos con el jefe de la Dinc, que era Víctor Ruiz. En ese momento no sabía nada de Matus Flores. Simplemente sabía que era el jefe de delitos contra la vida. Pensaba que en el caso había un trabajo conjunto. Primero pedimos ver el expediente, empiezo a revisar y vamos a la escena del crimen... Todo esto lo hacemos con Juan Carlos Martínez, uno auxiliar fiscal que mataron el 14 de julio de 2008, en Santa Rosa de Culiapa.

¿Qué hizo desconfiar en el proceso y en Matus Flores?
Primero, era un hecho que María del Rosario Melgar Padilla, que era la compañera de Víctor Rivera, mintió. ¿Cuál fue la actitud de Matus Flores? Empezó en una diz que actitud de apoyo a la investigación pero era una total mentira. Tanto que a nosotros no nos dan todo el expediente. Nos dieron las cosas menos relevantes.

¿Esto no perjudicó la investigación de la CICIG?
No, porque empezamos a investigar en un tiempo muy cercano del hecho. Entonces no vimos inconvenientes. Yo empiezo a buscar quién era Víctor Rivera, dónde tenía sus oficinas, con quién se desenvolvía... como yendo a la par del Ministerio Público (MP), pero con nuestros propios hechos. Primero hay una obstrucción para que veamos las pruebas. Cuando empiezo a preguntar quiénes eran del equipo de “Los Riveritas” no me dicen. Como que los tratan de ocultar. Luego pregunto por los allanamientos de la casa de Víctor Rivera. Y Matus Flores dice que no se podía hacer un allanamiento en la casa de la víctima. ¡Eso es absurdo! La víctima siempre deja rastros, cosas que nos pueden llevar a saber qué lo inquietaba, si había escrito algo en algún documento, cuáles eran los casos que investigaba... Todo esto no nos lo dan y se obstruye la investigación.

¿Por qué dice que miente María del Rosario Melgar Padilla?
Desde un primer momento digo que quiero hablar con esta mujer. Ella, en su versión, decía que salieron del Pollo Campero de la zona 15 y giran en el retorno hacia la ciudad de Guatemala por la calle de la zona 10. A la altura de la pasarela, escucha los disparos, y Víctor Rivera, le cae encima de lado. Según dice, ella toma el volante del vehículo y lo estaciona. ¡El carro quedó muy bien acomodado en la calle! La explicación no me cuadra y empiezo a pedir que se haga una reconstrucción del hecho. Por otro lado, de acuerdo con lo que constaba en el expediente, se dice que ella queda herida. Sin embargo, yo no estaba tan convencida de eso.

¿Por qué?
Primero, cuando empiezo a revisar el expediente, me doy cuenta de que no constaban sus radiografías. Después, el hospital es reacio a dar la información de esta mujer...

... Ese era el hospital San Juan de Dios, si mal no recuerdo.
Ajá. La hora de la muerte es como a las 11 de la noche. Ella está en el hospital San Juan de Dios, donde supuestamente la intervienen, pero al día siguiente la pasan al hospital Nuestra Señora del Pilar. Nuestra información nos dice que la ministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, Vielmann y otra persona la trasladan y pagan la factura en este hospital. La supuesta bala que le sacan a María del Rosario la entregan al MP en el hospital Nuestra Señora del Pilar cuando es intervenida en el hospital anterior. Ya ahí hay algo que no huele bien. Si en el San Juan de Dios la intervienen, no van a llevar a la paciente y a la bala al otro hospital.

¿Se rompió la cadena de custodia?
Sí. Esto se lo cuestiono a Alfredo Solórzano Flores, el fiscal asignado al caso, y los auxiliares fiscales Antonio Castañeda y Marlon Rosales, con quienes logro tener una cercanía, una empatía, en la investigación. Solórzano Flores y otro fiscal se quejan de cómo se ha dado manipulación en el caso. A ellos les hacen la vida de cuadritos en el MP.

No me queda claro cuándo es que miente María del Rosario, la asistente de Víctor Rivera...
... Es que cuando le pregunto a ella si Víctor Rivera le había dicho si temía por su vida, si tenía miedo de que lo mataran, ella solo lloraba y justificaba que era un hombre excepcional, que luchaba contra la impunidad, contra la porquería en Guatemala. Me parecían muy teatrales sus respuestas. Luego encontramos un vídeo de frente a la casa de Víctor Rivera. Ahí vemos que el día del hecho, un chofer salvadoreño de mucha confianza de él saca cosas de esa casa. La hija de Rivera nos cuenta que María del Rosario, una de las primeras cosas que hace después del asesinato, es llamarle y decirle que tiene que dejar que la gente saque las cosas que tiene en su apartamento. ¿Por qué si es que está herida y está tan afectada tiene este tipo de conductas? Mi percepción: no le creía, no era una mujer que me conmoviera. Sobre todo porque cuando llega a hablar conmigo, llega acompañada por Matus Flores, Alfredo Solórzano, el fiscal encargado del caso, y los auxiliares Antonio Castañeda y Marlon Rosales. ¿Por qué Matus Flores tenía que estar ahí? Era evidente su control en la investigación. Ya, en ese momento, empiezo a sentir que había algo feo. Ahí, ella empieza a explicarme que le disparan, etcétera. Y me dice que fue herida, que no pudo asistir al sepelio. Ahí hubo algo en ella que no le creo. Entonces es cuando digo que tenemos que reconstruir el hecho.

Esto no se hizo nunca.
No, apenas digo eso, a ella la sacan de Guatemala. Yo la entrevisto cerca del 6 de mayo de 2008. Cuando solicito al MP hablar de nuevo con María del Rosario para hacer nuevas preguntas, ellos se van con rodeos y nunca me la muestran. Esto fue así hasta que confronto a Matus Flores y él me dice que se fue del país. “¡Cómo que se fue del país! ¿Cómo es posible? ¿Quién autorizó esto?”, le dije. “Ella es una víctima y por protección se hizo”, me dijo. “Un momentito”, le dije, “¿cómo sabe que ella es una víctima?”...

¿Hasta dónde llega con el caso de Víctor Rivera?
Bueno, mi hipótesis, María del Rosario y los del equipo de él, “Los Riveritas”, son los que lo asesinan con la complicidad de toda la estructura.

Ahora le están echando la culpa a un narcotraficante, a “el Gordo” Paredes, ¿verdad?
Es que aquí hay una cosa. Cuando nosotros empezamos a investigar el caso y nos acercamos a “Los Riveritas”, Emmanuel Rivera viene con la historia de que Manolito es quien manda matar a Rivera Azuaje. Luego nos salen con la historia de que era Byron Lima, el capitán Lima del caso de homicidio del monseñor Girardi. Y luego salen con otra historia. Cuando empiezo a preguntarles por el móvil, todo lo que decían se quedó en nada. Toda la evidencia es manipulada. Había unos vídeos para analizar, también. El tipo de vehículo, quién se traslada es una camioneta de estas que tiene una palangana (pick up), dos tipos atrás. En ellos nunca se logra ver la cara de quién va disparando, tanto que los mandamos a España a analizar para ver si se podía observar el rostro. Pero qué cosa tan extraña, después resulta que en el vídeo sí se ve quién dispara. El vídeo del levantamiento de la escena de Víctor Rivera está totalmente cortado. Él llevaba como un sobre en su abdomen, entre la camisa y la camiseta. Este sobre no aparece. Además, cuando revisamos el vídeo se ve que lleva un montón de documentos en carpetas. Pasados varios minutos del vídeo, estas carpetas aparecen vacías. Al final, toda la evidencia del caso se desaparece, ¡se la roban! Además, solicito que se haga una comparación de los casquillos en la escena del crimen con las armas de “Los Riveritas”. No se hace. Se impide que se saque información de las computadoras en la oficina de Rivera Azuaje en el Ministerio de Gobernación. Esto lo hacen con el visto bueno de Álvaro Matus Flores. Esto nunca se hace. Por otra parte, su autopsia es totalmente manipulada.

¿Manipulada?
Sí, tanto que el médico que hace la autopsia se niega a firmar el informe final porque no era lo que él había puesto. Myriam Ovalle de Monroy, directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala lo despide y el médico interpone un amparo para evitarlo. Al final, él firma el documento para no ser despedido. Y así se van viendo casos de obstrucción constantes. Para poder entrevistar al grupo de “Los Riveritas” yo me tuve que ‘enchaquetar’ (mostrarse molesta). Le dije: “Quiero hablar con todo los miembros de ese equipo”. Y me los escondía. Todo esto está en expedientes que se van uniendo en la investigación.

¿No cuestionaron a Matus Flores por cómo se manejó la evidencia, por esta manipulación de la que habla?
Yo hablo con otros fiscales, que me confirman esta manipulación, y no cuestiono a Matus Flores. Pero todo eso lo puse en mis informes.

¿Por qué?
Porque empiezo a ver todas las deficiencias de la investigación, el ocultamiento de información, y todo está puesto en un documento que se llama “Bitácora de acciones en la causa en perjuicio de Víctor Rivera”. Eso era como la bitácora del capitán.

¿Por qué no cuestionar a Matus Flores por estas anomalías?
Con Matus Flores sí tuve enfrentamientos y sí lo confrontaba. Este era un delincuente que quería verme la cara. En octubre de 2008, le digo a Carlos Castresana que hay que abrirle una causa. No podía seguir confrontándolo porque era ponerlo sobre aviso de que estaba siendo investigando.
Ahí es cuando se acusa a Matus Flores, aunque el MP no logra una acusación fuerte.
Sí, es un movimiento que es fatal para todos estos casos.

¿Por qué?
Porque a esta gente no se le puede acusar por un hecho aislado. Tiene que haber sido evidenciando cómo operaban, cómo se manejaban caso a caso. Si valoras la prueba de forma aislada te da un resultado muy diferente. En aquel momento no  lo entendía, pero ahora me queda claro. No lo mido en ese momento y le digo a Carlos Castresana, en octubre de 2009: “Este es un delincuente, hay que sacarlo”. Matus Flores me había escondido todas las pruebas, había sacado del país a Melgar Barillas, la asistente de Rivera Azuaje. Entonces, acusan a Matus Flores de obstruir la investigación de Rivera Azuaje... eso fue un error.

Ahora dice que es un error. ¿Por qué no lo miraba así antes?
Es que pensaba que acusándolo, Matus Flores iba a confesar, porque él era solo un peón. En aquel momento digo que hay que acusar a esta gente. Y lo de Matus Flores terminó siendo un aviso para el resto de la estructura. Y luego, Castresana se tira para atrás con el resto de la investigación.

¿Cómo?
En un inicio hice muchos informes y veo que Carlos Castresana tiene una actitud normal, de luchar contra lo que toca. Pero después de que hacemos contacto con Javier Figueroa, en mayo–junio de 2009, él cambia. Cuando hacemos el contacto con él, le digo a Castresana que me acompañe. Él no quiere. Entonces, le pido a Maurizio Salustro, que había sido juez antimafia italiano, en Calabria, que había trabajado en Kosovo investigando crímenes de guerra y era el jefe de investigaciones de la CICIG, que me acompañe. Cuando regresamos, Castresana no nos llama para que le informemos sobre el viaje. Como que no quería saber del asunto. Salustro empieza a tocarle la puerta y a decirle: “¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vamos a hacer con Figueroa?”

¿Qué le respondió?
Nada. Como él no dijo nada, determinamos seguir actuando por nuestra cuenta y buscamos cómo hacer con él porque la ley guatemalteca no preveía la figura de colaborador eficaz. Castresana me dice que Figueroa era como “el doctor Muerte”. Le pregunté cómo lo sabía y que si tenía pruebas de ello, le dije que mientras no lo probáramos podíamos utilizar su testimonio. Es entonces que él me dice que sería una vergüenza que Manolito saliera libre. Yo le dije: “Más vergüenza es que sabemos que ese juicio, ese proceso, es una porquería y que es una versión oficial para justificarle a El Salvador y al mundo lo que no es y esconder esta estructura”.

¿No le interesaba a Castresana hablar públicamente de esta estructura?
No, parecía que no quería. En una ocasión que él no está en el país, Maurizio Salustro firma un documento pidiendo que el caso Parlacen pase a la CICIG. Cuando llega nos pregunta qué hicimos y nos dice que no sabemos con lo que tiene que lidiar, que “hay momentos políticos” y que no entendíamos nada. Después de eso, Maurizio renuncia. Yo también presenté mi renuncia y pedí hablar con él. “¿Qué te pasa?”, me preguntó. “Me pasa que creo que usted es un gran corrupto”, le dije.en la CICIG se dijo lo del caso Parlacen y que no se quiso actuar. “¿Cómo es posible que ya tenemos identificadas estas estructuras y con un caso a punto de ir en cualquier momento a debate oral y público, nos quedamos de brazos cruzados?” Me dijo que le diera tiempo, decido quedarme y empiezo a recoger pruebas –estos documentos con sellos y firmas de recibido- para demostrar que

¿Por qué esperar tanto tiempo para decir esto?
Es evidente que yo represento un peligro. Lo he dicho: soy una persona libre y no tengo miedo de nada. Me atreví a abrir la boca y estuve tocando muchas puertas en Guatemala para decir esto. A los primeros que busqué fue a los de El Periódico, en Guatemala, y a Prensa Libre. No me prestaron atención. No sé si tuvieron temor o qué, porque entiendo que esto es peligroso. No es que me quedo quedita, empiezo a buscar con quién hablar pero parecía que no le interesaba a nadie.

El fiscal Marroquín preguntaba por qué no puso la denuncia en sede fiscal, allá en Guatemala, en lugar de hablar a periódicos en Costa Rica.
Si yo me ponía a hablar en Guatemala, no llegaba ni a 100 metros del avión. Aquí (Costa Rica) mandaron a decir que me iban a matar. Bueno, asumo esas consecuencias pero no me voy a detener, porque no me amedrentan.

Todo el mundo vio a la CICIG como la gran garante de la justicia en Guatemala. Por lo que dice, vemos que la CICIG, dentro de un sistema corrupto, puede corromperse.
Sí... la CICIG, como un modelo para un Estado fallido como el de Guatemala, tenía muy buenas intenciones. El problema es que detrás de todo esto hay muchos intereses. Y mi impresión es que Carlos Castresana se vendió al mejor postor.

¿Y quién fue el mejor postor?
Sí, digamos, la oligarquía guatemalteca, la gente de poder. La gente que quiere seguir utilizando este modelo de grupos extrajudiciales para su conveniencia. Yo fui tan idiota que pensé que iba a hacer lo que decía el mandato; fui tan ingenua que creí que podía hacer algo como fiscal. No fui a la CICIG a ver las cosas, a hacerme de la vista gorda y a ganar en dólares. No fui Guatemala a eso. Yo no me imaginaba a lo que me iba a meter en Guatemala.

El Salvador está buscando una CICIG, eso lo ha reconocido el presidente Funes.
Habría que preguntarse por qué la quieren. Primero hay que preguntarse si el sistema judicial, con sus defectos y todo, funciona o no. Se supone que hay que confiar en el Ministerio Público y en los jueces, y no llevar a extranjeros que hagan el trabajo que corresponde hacer a las entidades democráticamente establecidas.

¿El caso guatemalteco es diferente al salvadoreño o es igual para necesitar de una CICIG?
Yo entiendo que El Salvador tiene otra situación muy diferente. Si es que los funcionarios del sistema judicial no sirven, que los saquen, que abran causas en contra de ellos y que pongan a gente que sepa. O tal vez necesiten algún tipo de asistencia técnica, que es muy diferente a que otros vengan a resolver. Una especie de CICIG es una intromisión al sistema de un país. En el caso de Guatemala, se suponía que con buenos objetivos.

¿La CICIG no cumplió esos buenos objetivos?
No, se fue hacia el mejor postor.

"No entiendo por qué El Salvador se queda callado y acepta esta investigación amañada" - ElFaro.net