Jorge Beltrán/Edmee Velásquez/Karla Argueta.21 de Enero. Tomado de El Diario de Hoy.
El paro de labores de los empleados del Órgano Judicial, que hoy llega al quinto día, ha dejado al descubierto que en esa institución gubernamental trabajan grupos familiares casi completos a todo nivel.
La procuración de empleo para parientes en cualquier grado es un mal añejo que ha crecido a raíz de la tolerancia que ha habido hacia ello y que ninguna administración de ese órgano estatal ha querido atacar pese a ser un secreto a voces.
La actual huelga que mantienen empleados del sistema judicial ha revelado que varios de los principales líderes sindicales de este órgano tienen dos, tres, cuatro o hasta cinco parientes cercanos en diversas dependencias, según ha constatado El Diario de Hoy. Algo bajo lo que se escudan es que entre juzgados o cámaras existe independencia, a pesar que todos dependen del presupuesto del Órgano Judicial.
Félix Blanco, Leda Guadalupe Belloso Aguiar y Alejandro Edulberto Rivas Ayala admitieron ayer que algunos de sus parientes están trabajando en el Órgano Judicial, pero que eso no representaba ningún problema para ellos pues es un fenómeno que ha existido durante muchos años y que incluye a jueces, magistrados y puestos gerenciales de la misma Corte.
Hijos, cónyuges, hermanos, primos, sobrinos, yernos, hijastros... parientes en cualquier grado de dirigentes sindicales cobran salarios que muchos salvadoreños quisieran tener por hacer mucho más en un empleo.
En el caso de Félix Blanco, en este órgano trabajan cuatro de sus parientes, identificados como José Joel Blanco Chicas, quien labora en el taller automotriz; María Yolanda Blanco Chicas, trabaja en el Juzgado 8o. de Paz de San Salvador. Ambos son hijos del sindicalista de Sinejus. A la vez, el esposo de María Yolanda, Antonio Pérez Hernández, labora en el Juzgado 10o. de Paz de San Salvador.
Blanco admitió que los parientes antes mencionados trabajaban en el Órgano Judicial, pero indicó que nadie en esa institución tenía la autoridad moral para denunciar los casos de nepotismo porque era un fenómeno generalizado.
"Yo tengo una hija, pero ella ya trabajaba aquí cuando yo vine. Hay que empezar por arriba si quieren una investigación seria, hay que empezar desde los magistrados que tienen a sus hijos, yernos, nietos y mujeres trabajando aquí. La gente que envía esa información es gente interesada en afectar el movimiento. No nos preocupa eso. Eso no es delito, eso es lícito", afirmó Blanco.
Mientras que en el caso de Leda Guadalupe Belloso Aguiar, según el documento enviado a El Diario de Hoy, cinco de sus parientes trabajan en diferentes oficinas de la CSJ, entre los que se cuentan dos hijos, una hermana, un sobrino y una prima.
La hija y la prima trabajan en la oficina de Administración del Centro Judicial Isidro Menéndez; el hijo, en la bodega Cucumacayán; la hermana, en Administración del Centro Judicial de Santa Tecla; y el sobrino, en el Archivo General y gana, según la dirigente sindical, no más de 500 dólares al mes y que hace poco lo ascendieron, pero sin que le aumentaran el sueldo.
Pero a Belloso de Aguiar no le preocupa que se sepa que cinco parientes suyos trabajan como ella en el Órgano Judicial, pues según ella no hay ninguna ley que lo prohíba y que, además, era un asunto que siempre salía a la luz en coyunturas laborales como la actual, justificó.
Otro dirigente que admitió que tres de sus familiares (dos hijas y un yerno) trabajan en esta institución es Alejandro Edulberto Rivas Ayala que, al igual que Blanco y Belloso de Aguiar, pertenece al Sindicato de empleados judiciales salvadoreños (Sinejus).
Brenda Roselia Rivas Rivera, una abogada, trabaja en el Departamento de Prueba y Libertad asistida; Ana Lorena Rivas de Miranda, en la Clínica empresarial del Edificio Administrativo y jurídico; en tanto que el esposo de ésta, Efraín Miranda Miranda, tiene una plaza en la clínica empresarial de San Vicente. Ambos son médicos.
Al preguntarle si era cierto que tenía dos hijas y un yerno que, como él, trabajaba en la CSJ, Rivas Ayala contestó sin vacilar que era cierto, pero que los tres son profesionales.
-¿De usted dicen que tiene dos hijas y un yerno trabajando en la CSJ?
- "Sí, es correcto. Y tienen derecho, son profesionales", dijo Rivas Ayala, para quien tampoco representa un problema ético.
"Todos los magistrados tienen familiares aquí. Aquí no pueden ellos tirar la primera piedra. Aquí si no hay tres hermanos, cuatro hermanos... Aquí tienen hasta a las damas", espetó el dirigente sindical.
Otra de las sindicalistas cuyos parientes, cuatro en total, también trabajan en el Órgano Judicial, es Ángela Durán Pérez.
Los parientes de esta dirigente han sido identificados como Rosa Vilma Durán de Ortiz, una hermana que trabaja en la clínica empresarial del edificio administrativo y jurídico; Fredy Edgardo Torres Durán, sobrino de la sindicalista, labora en la Dirección de Recursos Humanos, unidad de asistencia técnica; Gilma Elizabeth Hernández de Durán, la cuñada, que está empleada en el Centro de desarrollo infantil del centro judicial de San Miguel; y Fernando Eduardo Urquilla Campos, un hijastro de Durán Pérez.
La dirigente sindical admitió que tiene a sus parientes laborando en diversos puestos de la CSJ, pero expresó que cada uno está por su capacidad, que devengan un salario de acuerdo con sus capacidades, y que ninguno tiene privilegios por ser su pariente.
Sobre el nepotismo que impera en esta institución, la presidenta del Tribunal de Ética Gubernamental, Silvia Lizette Kuri de Mendoza, dijo que si alguien está laborando en una determinada institución y se está prevaleciendo del cargo para obtener un beneficio privado, como la contratación de un familiar, entonces sí encaja como una prohibición ética.
Kuri de Mendoza no accedió a dar más detalles al respecto aduciendo que el Tribunal sólo puede investigar un caso por denuncia y no de oficio.
Por su parte, Ricardo Mena, del Centro de Estudios Jurídicos, dijo que si es cierto que los dirigentes sindicales tienen a familiares cercanos laborando en el Órgano Judicial, se debería investigar quiénes son los que contratan. Eso debería ser sujeto de una investigación.
"La persona o el funcionario que accedió a esas contrataciones también tiene su grado de responsabilidad", indicó Mena.
De acuerdo con Mena, como los señalamientos (de nepotismo) se extienden a los magistrados, los empleados ven usual la situación y para ellos no representa algún problema ético.
"Yo diría que sí. Incluso habría que ver si riñe con Ley de Ética Gubernamental, la cual establece una serie de prohibiciones para las contrataciones. Pero mientras la Corte no logre una armonía interna, ésta y cualquier otra situación va a ser bien difícil superarla", puntualizó.
La magistrada de la Cámara Especializada, Gloria de la Paz Lizama, dijo que si los parientes de los sindicalistas no están en la misma oficina, dentro del mismo tribunal o departamento no ve ningún problema.
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