Contra Punto-Tortura, al fin condenada en El Salvador - Noticias de El Salvador - ContraPunto

 El Estado salvadoreño mantiene la deuda universal en derechos humanos con las desapariciones forzosas, así como por la vigencia de la Amnistía de 1993  

Por Juan José Dalton. 06 de Enero. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR – “Yo no soy guerrillero ni político, pero me obligaron a decirlo, por eso estoy en este recinto de Mariona, junto a un puño de subversivos...”, decía el prisionero conocido como “Ñoño”, un joven obeso que se dedicaba a vender “cosas robadas” en la Terminal de Autobuses de Oriente de San Salvador.

Su historia era singular y parecería exagerada, inaudita y hasta cómica, si se tratara de una ficción; pero la realidad la hace cruel e infinitamente inhumana. Ñoño contaba que colgado del techo, con una cuerda que le prensaba las manos, fue víctima de golpes en todas partes de su cuerpo y de la aplicación de la “picana eléctrica” –dos cables pelados y conectados a la electricidad-. Sus torturadores lo obligaron a “confesar” que en un ataque contra el ejército “había matado como a 10 soldados y que al final se había robado una tanqueta”. Ello ocurrió en octubre o noviembre de 1981 en la Policía Nacional (PN).
Sin embargo, pese a lo trágico, Ñoño celebraba –como todos los presos políticos que compartieron celdas en el Sector II de Mariona- el hecho de haber tenido la suerte de sobrevivir. Miles de prisioneros no vivieron para denunciarlo. Un aproximado de 8.000 fueron desaparecidos durante la guerra civil (1980-1992) y en la actualidad no hay alguien que responda por ellos.
La tortura fue en El Salvador durante los años pasados, en especial en las épocas dictatoriales, un método común aplicado por las autoridades en su combate contra la delincuencia común y la “delincuencia” política o subversión, calificada así la disidencia o la lucha antidictatorial, fuera pacífica o armada.
Pese a estar contemplada como delito en el Código Penal, la tortura no ha sido catalogada  (ni después de la firma de los Acuerdo de Paz en 1992) como un delito de lesa humanidad.
Sin embargo, la comisión de asuntos constitucionales y penales de la Asamblea Legislativa decidió el  lunes pasado reformar el Código Penal, lo que implica pasar de una pena menor de 3 años de cárcel a entre 6 y hasta 12 años por el delito de torturas por parte de las autoridades. Igualmente, es relevante el hecho de contemplar legalmente tal práctica inhumana como un delito de lesa humanidad.
“El Salvador ratificó hace varios años la Convención mundial para erradicar la tortura, en la cual el Estado asumen el compromiso no sólo de erradicar esas prácticas degradantes, crueles y atentatorias contra la dignidad, sino también el compromiso para legislar a fin de castigar la aplicación de la tortura”, apuntó el vicepresidente del Parlamento, Sigfrido Reyes.
Y agregó: “El Salvador estaba en una deuda porque no había legislado al respecto. Pero se ha llegado al acuerdo de reformar el Código Penal para elevar las penas en aquellos casos en los que se ha cometido tortura, en cualquiera de sus manifestaciones: física o sicológica”.
“Con lo que se acaba de decidir y que será aprobado en plenaria, se estaría cerrando el círculo a nivel nacional, contra la impunidad por el delito de tortura. Ahora los que cometan tortura no podrán evadir nacional ni internacionalmente la justicia”, acotó el legislador.
La medida se tomó en medio de intensos debates. Diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como Mario Valiente, aunque finalmente dieron sus votos, consideran que con la nueva medida la delincuencia se podría aprovechar y evadir la justicia, al evadir los interrogatorios de la policía y de la fiscalía.
Esta reforma viene a realizarse 19 años después de la firma de la paz en El Salvador, en cuyo acuerdo quedó establecido que uno de sus pilares importantes sería el irrestricto respeto a los derechos humanos.

Más vale tarde que nunca
“Más vale tarde que nunca... Es un paso positivo que se establezca en la legislación interna este acto criminal como un delito contra la humanidad”, dijo Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
“También debió incluirse la desaparición forzada como delito de lesa humanidad; es decir, que la deuda persiste... Y 19 años después del fin de la guerra no impide que estos delitos que se cometieron durante o antes del conflicto bélico, puedan ser perseguidos penalmente porque El Salvador firmó (1977) y lo ratificó (1979) el pacto internacional de derechos civiles y políticos, entonces, en el texto de este documento indica que nadie debe ser sometido a torturas”, apuntó Cuéllar.
El defensor humanitario aseguró que las víctimas deben demandar la derogatoria de la Ley de Amnistía, que es una deuda con los derechos humanos que tiene el Estado salvadoreño, así como la ratificación del Estatuto Roma, porque ahí “se contemplan éstos y otros crímenes contra la humanidad”.
De acuerdo al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, se considera crimen de lesa humanidad, las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
“Aquí en El Salvador todos esos hechos ocurrieron como parte de una política de Estado y a pesar finalizado la guerra y haberse firmado los acuerdos de paz, con compromisos serios en materia de derechos humanos, y a pesar del cambio de gobierno en junio pasado, las deudas siguen siendo muy, muy grandes”, expresó Cuéllar.

La democracia está en la adolescencia
El diputado Reyes estimó que las “deudas” que aún tiene El Salvador en materia de derechos humanos, ponen en evidencia que la transición hacia una sociedad democrática no es un proceso corto en el tiempo, es un proceso largo, que puede tomar varias décadas”.
“Hay muchas cosas pendientes en materia de derechos humanos, en fortalecimiento institucional, cultura... Creo que en la antesala de un nuevo aniversario de la paz (el 16 de enero), tenemos que reconocer que aún tenemos temas importantes que como sociedad tenemos que avanzar”, reconoció el político.
No obstante, Reyes apuntó que los avances que se han logrado son producto al liderazgo político que marca el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con su fracción parlamentaria. “Ha sido nuestro grupo parlamentario el que ha estado a cabeza de estas reivindicaciones”, finalizó el diputado. 

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