01 de Enero. Tomado de Agencia Venezolana de Noticias.
Caracas, 30 Dic. AVN.- Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, elaborada el 23 de diciembre de 1974 por la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la República de esa época, Carlos Andrés Pérez, se pretendía abrir nuevos caminos en la búsqueda de una nacionalización dirigida al pueblo venezolano.
Sin embargo, Pérez formuló e introdujo una modificación sustancial al proyecto original de la Ley (que fue promulgada el 29 de agosto de 1975, con vigencia desde el 1° de enero de 1976) que desvirtuó la esencia y razón de ser de una auténtica nacionalización.
La modificación, muy criticada por algunos sectores del país, tenía que ver con el artículo 5°: “En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada...”.
“Con este artículo se abrían las puertas para que las empresas transnacionales regresaran a la explotación y comercialización del sector petrolero, mediante las llamadas asociaciones estratégicas o, lo que luego se conoce como la "Apertura Petrolera", que no fue otra cosa que un proceso de reprivatización de la industria”, señaló el profesor Héctor Acosta, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), historiador y doctor en Economía miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Humanidades y Educación de esa casa de estudios.
Además, contra lo previsto, el Estado venezolano indemnizó a las concesionarias por más de cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs. 4.300.000.000), cantidad que superaba los beneficios que ellas pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha establecida para la reversión en las leyes anteriores.
“Nueva” empresa a la medida de las transnacionales
Un día después de la promulgación de la Ley de Nacionalización es creada Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de agosto de 1975, cuya organización se basó en una estructura casi idéntica a la preexistente, bajo el argumento de que la nacionalización debería producir la menor alteración en la actividad operativa diaria.
“Las figuras de esas compañías transnacionales pasaron a constituir los equipos gerenciales de estas "nuevas" filiales, manteniéndose el personal técnico y profesional, todo ello bajo el pretexto de que el Estado venezolano desconocía los procesos de comercialización internacional del petróleo y no contaba con la tecnología apropiada para garantizar que la industria siguiera operando con la misma eficiencia”, indicó el historiador.
Según lo establecido en el marco jurídico, el Ministerio de Energía y Minas ocupaba el más alto nivel y bajo su responsabilidad quedaba definir el lineamiento principal para el sector petrolero. Le seguía en jerarquía PDVSA, encargada de supervisar y controlar a las operadoras. Sin embargo, esta estructura era desconocida por la empresa, la cual llegó a convertirse en el centro principal, y casi exclusivo, del diseño de políticas nacionales en materia petrolera.
Así como a principios del siglo XX las concesiones petroleras fueron el mecanismo de penetración del capital transnacional, la vieja PDVSA se encargó de propiciar las condiciones para una nueva entrega del petróleo y se fue convirtiendo en un enclave, una agencia capturada al servicio de intereses foráneos.
PDVSA Socialista y plena soberanía
Es con la llegada del Gobierno de Hugo Chavez Frías cuando la defensa de la Soberanía Nacional pasa a ser el pilar fundamental de la política petrolera venezolana, reafirmando la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la nación y el rescate del control de la actividad petrolera, tanto desde el punto de vista del régimen tributario y legal, como en lo que respecta a un verdadero control de la industria por parte del Estado.
Desde este enfoque, el 10 de octubre de 2004, el Presidente Chávez anunció un nuevo impulso a la política petrolera nacional dirigido a lograr la Plena Soberanía.
El inicio de la primera etapa de la verdadera nacionalización se ubica en enero del año 2003, con la derrota de la conspiración petrolera y la recuperación de PDVSA, con la cual el pueblo venezolano inició la reversión del proceso de entrega total de los recursos que comenzó con la ejecución, a finales de los 70, de la Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, que alejaba las operaciones de la industria de los intereses nacionales.
El rescate de la Soberanía Petrolera consiste en deshacer las contradicciones heredadas de aquella vieja PDVSA controlada por intereses transnacionales: “Poco a poco vamos a corregir desviaciones, desactivar los mecanismos de dominación que fueron instalados desde hace mucho tiempo”, indicó e presidente Chávez.
La nueva fase de Plena Soberanía comprende la revisión y el ajuste legal de los malos negocios que se dieron en el marco de la llamada Apertura Petrolera en los años 90, entre ellos, los Convenios Operativos, las Asociaciones Estratégicas, y la Internacionalización de PDVSA, los cuales apuntaron hacia la privatización a destajo y significaron grandes pérdidas para el país.
Entre 1992 y 1997, PDVSA firmó 33 Convenios Operativos con el sector privado, todos con participación minoritaria, en un proceso de licitaciones donde se entregaron 24 campos “abandonados” e “inactivos” por lo que la empresa estatal acordó una tasa de regalía de apenas 1%.
Según el analista petrolero David Paravisini gracias a la puesta en marcha del Plan Soberanía Petrolera el gobierno actual tiene un dominio completo y certero de su industria.
A partir del año 2002 con la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el Gobierno Bolivariano emprendió el desmontaje de la Apertura Petrolera, logró incrementar el cobro de las regalías de 1% a 33%, así como migrar los convenios operativos y las asociaciones estratégicas de la Faja Petrolífera del Orinoco, convirtiéndolas en empresas mixtas en las que PDVSA cuenta con el 60% de participación.
El Ejecutivo Nacional ha dejado claro que en ningún caso se cuestiona la presencia de las empresas en nuestro país y que la obtención de las respectivas ganancias por parte de las mismas producto de sus inversiones; siempre y cuando esta
participación se haga basada en el respeto a las leyes.Una de las principales diferencias entre la PDVSA de la cuarta república y la que tenemos actualmente radica en su apertura y compromiso hacia lo social, desde el año 2004 y hasta el 2009 la empresa invirtió más de 60 mil millones de dólares para apoyar a las misiones, programas y planes de inversión social, en una política de Estado que impulsa la verdadera siembra del petróleo.
Para el doctor Acosta “la nacionalización de aquellos años no produjo una internalización del efecto que realmente PDVSA podía tener en la sociedad venezolana, es decir, la empresa seguía siendo un enclave externo al país, no había una apropiación real de la industria en los ciudadanos”, dijo.
“La contratación de empresas, cooperativas, apoyo al desarrollo endógeno o misiones sociales no estaban contempladas en la filosofía que manejaba Petróleos de Venezuela en ese momento, pues la empresa estaba dedicada únicamente a su función productiva, explotadora y comercializadora”, indicó el economista.
Otro aspecto diferenciador tiene que ver con la comercialización, la antigua PDVSA tenía casi exclusivamente un sólo cliente: los Estados Unidos, hoy en día el mercado petrolero venezolano se ha expandido a Latinoamerica, el Caribe, Asia y Europa, dejando atrás la dependencia económica de la nación norteamericana.
Así es como el gobierno bolivariano ha emprendido una verdadera nacionalización de su industria petrolera, haciendo realidad un sueño que le fue arrebatado por muchos años a los venezolanos, quienes nunca se habían visto beneficiados de la explotación de este recurso.
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