Joaquin Samayoa.17 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.
El tratamiento que los políticos hacen del tema tributario suele estar cargado de falsedad demagógica. Ahora que la Asamblea Legislativa se dispone a aprobar el presupuesto general de la nación para el año 2011, permítanme enfatizar, sin mucho adorno, dos o tres cosas.
El grueso del gasto público se va en mantener funcionando el aparato estatal, lo cual no es necesariamente equivalente a satisfacer necesidades o resolver problemas de la población. La racionalidad del gasto debe ser revisada con lupa. No hay prisa en aprobar el presupuesto esta semana. Queda un largo mes antes del receso de fin de año. Trabajen, señores diputados. Hagan su tarea minuciosamente. Usen el machete, como lo ha hecho la Comisión de Hacienda con el presupuesto de la CSJ, pero también usen bisturí y láser para extirpar los miles de pequeños gastos injustificados que suman cientos de millones.
Somos muchísimos los ciudadanos que, en IVA y renta, le trasladamos al fisco el fruto de uno o dos días de trabajo cada semana del año. Sepan, señores diputados, que no tenemos inconveniente en contribuir a financiar seguridad pública efectiva, buenas carreteras, vivienda para los más pobres, calidad educativa y atención oportuna en salud; pero nos molesta en grado superlativo mantener holgazanes en el sector público, pagarles viajes innecesarios y hospedaje en hoteles de lujo, mantener una cantidad cada vez mayor de oficinas y empleados para hacer trámites que podrían evitarse si la lógica fuera de servicio y no de controles cajoneros.
Nos indigna que se gasten millones en propaganda para levantar la imagen de funcionarios narcisistas o para mejorar las posibilidades electorales y las ambiciones de determinados dirigentes y partidos políticos. En este aspecto, la presidencia de la república debiera dar ejemplo de austeridad y decencia. Hagan una lista detallada de todo lo que no se vale dentro del mentiroso rubro de información y comunicaciones. No está el horno para bollos. Esos gastos son inmorales cuando hay tanta gente con tantas necesidades básicas insatisfechas.
Es inaceptable que los contribuyentes debamos pagar la factura excesiva por obras públicas que son verdaderas chambonadas y no duran o nunca se terminan de hacer, porque ciertos funcionarios corruptos o incompetentes no hacen bien los estudios de factibilidad o formulan términos de referencia convenientes para una determinada empresa o no supervisan diligentemente la ejecución de los contratos. Los contribuyentes no debiéramos tener que pagar lo que, por esas causas, pierde el Estado salvadoreño en litigios internacionales con empresas constructoras. Que lo paguen de su propia bolsa los culpables de corrupción y negligencia.
Cuando se hayan asegurado, como los obliga la ley, señores diputados, de que todas y cada una de las partidas del presupuesto están justificadas atendiendo a verdaderas prioridades con una lógica de eficacia y servicio, entonces y solo entonces, dígannos que es necesario que paguemos más impuestos. Ya basta de toda esa demagogia que pinta a la empresa privada oponiéndose a pagar impuestos por codicia insaciable y egoísmo desbordado.
El 85% de ese sector lo constituyen pequeñas y medianas empresas que a duras penas subsisten. Pero además somos los asalariados de clase media, es el pueblo pobre y eternamente defraudado, los que reclamamos racionalidad en el gasto público, los que repudiamos la actitud de los políticos de ver siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
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