Miguel Lacayo.02 de Noviembre. Tomado de El Diario de Hoy.
Recientemente "consultores" brasileños recomendaron la concesión de represas hidroeléctricas al sector privado. Me sorprendió que nadie del FMLN, históricamente opuesto a estos esquemas, rechazara esta idea.
La participación del sector privado en servicios públicos se debe de impulsar cuando estos pueden ofrecerlos con mayores niveles de calidad, con mejores estándares de servicio, y cuando estos son más eficientes que el estado operando dichos servicios.
Hay casos en que se justifica la privatización y hay claros beneficios a la población, y hay otros donde no se justifica. En telefonía, que requiere constante inversión en tecnología y una administración ágil, la privatización claramente ha beneficiado a la población. De igual manera, la distribución de energía que demanda una eficiente organización para asegurar un alto nivel de servicio.
La generación eléctrica a base de combustibles renovables, como el bagazo de caña, y a base de hidrocarburos, son también servicios que puede prestar adecuadamente el sector privado.
Lo anterior no significa que sean perfectos o que no deben estar regulados. Pero no existe ninguna razón contundente para justificar la privatización o concesión de las represas hidroeléctricas actualmente en manos del estado ni de sus ampliaciones.
Las políticas públicas deben de tener como objetivo beneficiar al pueblo y la concesión de represas a empresas privadas en nada podría beneficiar a los salvadoreños ya que esto no se traduciría en mejores precios ni mejor servicio para la población, todo lo contrario, el escenario más probable sería un incremento en los precios de energía.
Dada las condiciones del mercado eléctrico salvadoreño y la compleja interrelación entre las represas en el Río Lempa, que utilizan la misma agua, sería prácticamente imposible diseñar un contrato que le asigne al estado las ganancias correspondientes de una concesión. Es decir, el país no podría cobrar suficiente por estas concesiones.
No podría cobrar ni cerca de lo que el país dejaría de beneficiarse económicamente al ceder la operación, y además, causaría estragos al mercado eléctrico del país con incrementos de las tarifas eléctricas.
Para beneficiar a la población vía menores tarifas eléctricas, el operador debe poder coordinar la generación de energía de todas las represas.
Estas tienen enorme flexibilidad de generación y pueden servir energía base (energía constante a un nivel determinado) cuando hay mucha agua o cuando está entrando la estación lluviosa, pero también pueden guardar agua para despacharla en horas pico, reduciendo así la demanda de energía cara a base de bunker. Esta flexibilidad debe permanecer en manos del estado.
Cuando una planta ya esta depreciada o cuando se ha pagado el préstamo para construir la misma, como es el caso en el país, el costo más alto de operación, la depreciación, ha desaparecido, por lo que el costo de producir electricidad en El Salvador en nuestras hidroeléctricas se reduce a cerca de $20/MWh o dos centavos por kwh.
Nuestras plantas hidroeléctricas son sumamente rentables pero ningún privado podría pagarle hoy al estado por toda la energía que estas represas producirán en el futuro, más cuando la cantidad de agua disponible es enormemente variable de año a año.
La complejidad de los mercados eléctricos y los bajos costos de operación de las hidroeléctricas lo tienen claro los gobiernos y es por ello que la mayor parte de las plantas hidroeléctricas en el mundo y sin duda aquellas estratégicas son operadas por gobiernos.
Los EE.UU. cuentan con una capacidad instalada de más de 100,000 MW en plantas hidroeléctricas. Aproximadamente la mitad de esa capacidad es operada por el gobierno federal y el resto está en manos de gobiernos municipales u otras instituciones gubernamentales y cooperativas de autoconsumo.
Para construir o ampliar una planta hidroeléctrica abundan los créditos blandos ya que estas son altamente rentables, tienen beneficios sociales y ambientales, y sin ningún problema generan el flujo de efectivo para pagar la correspondiente deuda. Adicionalmente, no hay nada tecnológicamente difícil para operarlas.
Por lo tanto, las hidroeléctricas deben quedar en el poder y control del gobierno central. La ampliación de cualquiera de nuestras represas y la operación de las mismas debe ser 100% manejada por CEL. Espero que el FMLN siga oponiéndose a la concesión de hidroeléctricas; ya que en este caso, si tendrían la razón.
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