Como se ha dicho desde distintos ángulos y con diferentes énfasis, hay dos tareas vitales que ya no es posible postergar más, so pena de inducir más crisis que la que ya nos afecta: efectividad y transparencia.
Escrito por Editorial.02 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Es un hecho sabido y comprobado que la institucionalidad pública nacional presenta, desde siempre, fallas estructurales graves así como vicios enquistados e insuficiencias endémicas. Con el ejercicio democrático, que no es perfecto pero en todo caso va siendo cada vez más revelador, todos estos defectos tienden a ponerse en evidencia, como se ve en el día a día del país. Ante esto, lo que se impone es emprender, cuanto antes, una reforma estructural del aparato estatal que ponga a la Administración, en todos sus ámbitos y niveles, en capacidad de responder a las diversas actividades que le corresponden.
Ejemplos de lo que venimos diciendo se presentan a granel, desde lo menudo hasta lo orgánico. Tomemos el caso del túnel que reclusos del penal de Ciudad Barrios estaban abriendo para hacer posible un escape masivo. Un túnel que venía siendo excavado desde hace algo así como cuatro meses, y que tenía en su interior aparatos de ventilación y de iluminación, ¿cómo es posible que se pudiera hacer sin que las autoridades de dicho centro de reclusión lo supieran? Y lo que más sorprende es que, al descubrirse la “obra” por elementos de la UMO, los encargados de la seguridad interna lo toman con una naturalidad increíble, como si fuera un hecho casi normal. Es claro que, en el plano penitenciario, lo que se necesita es un rediseño institucional total, porque ya se ve que las presuntas medidas correctivas no sirven de nada.
Desde luego, este es sólo un botón de muestra. En un enfoque más amplio, las muestras de inefectividad pueden ser bastante más dramáticas, según se ve en casos como el de los endémicamente bajos porcentajes de ejecución real y oportuna de la inversión pública, el de los resultados prácticamente invisibles de la prevención del delito y de la delincuencia, el de los forcejeos interminables para llegar a poner en verdadera vigencia la legislación contra las pandillas y el de los retrasos injustificables para poner en acción proyectos vitales como el que se refiere a las llamadas “escuchas telefónicas”. Y así podríamos seguir enumerando.
Como se ha dicho desde distintos ángulos y con diferentes énfasis, hay dos tareas vitales que ya no es posible postergar más, so pena de inducir más crisis que la que ya nos afecta: efectividad y transparencia. Sobre efectividad, aunque pueda haber algunas iniciativas muy puntuales en áreas específicas de la Administración, lo que en general hay de nuevo no pasa de ser un juego de declaraciones; y, en cuanto a transparencia, igual: se dan algunas iniciativas muy puntuales para áreas circunscritas, pero en general se mantiene la carencia de una legislación sustancial al respecto, y sobre todo, de un ejercicio de voluntad que se anime de veras a transparentarlo todo.
Estamos en un momento difícil, en el que escasean los recursos y se multiplican las demandas de gasto. En cualquier circunstancia, pero sobre todo cuando los recursos escasean, es inevitable poner en práctica una austeridad inteligente. Lo que más se opone a esto, en el plano público, es la constante interferencia de la tentación de ganar imagen, pase lo que pase. El aumento estratégico de los salarios públicos parece estar en esa línea, como ya se vio también en Administraciones pasadas. La palabra clave para todos, gobernantes y gobernados, tendría que ser hoy, más que nunca: responsabilidad. Si todos nos decidiéramos a asumir la que nos toca, de seguro las cosas podrían ordenarse para bien. En la crisis y para ir saliendo de ella.
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