LPG-Editorial-Es imperioso asegurar que el orden institucional funcione

Sólo el orden democrático bien constituido, bien respetado y bien asegurado garantiza la estabilidad y promueve el progreso.

Escrito por Editorial.19 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica.

 

Una democracia no puede avanzar con paso firme sin que se dé un estricto apego al orden institucional fundado en el cumplimiento riguroso de la ley. Es en dicho apego sin reservas y sin excepciones donde se mide la efectividad del Estado de Derecho, sin cuya vigencia plena no hay proceso nacional que prospere de veras. En nuestro país, uno de los déficits más graves y depredadores es el que se refiere precisamente al cumplimiento espontáneo y natural de la ley, y eso se percibe, para más efecto negativo, desde la misma institucionalidad.

Hay que insistir, sin cansarse, en el hecho de que una buena dinámica de conducta social sólo se garantiza desde la escuela del ejemplo. Y esto es patente en el país, en prácticamente todos los órdenes de la vida. Tenemos, para el caso, una gran cantidad de leyes vigentes, comenzando por la misma Constitución de la República, y el saldo real de cumplimiento de las mismas continúa siendo deficitario, pese a los avances que, como proceso, ha logrado mantener nuestra democracia aún en formación. Esto debería generar una reflexión nacional de fondo, tanto en el ámbito público como en los distintos planos ciudadanos, para enderezar muchas formas de conducta que están, por desgracia, bien arraigadas en el ambiente.

Los ejemplos de ese elemental irrespeto al orden institucional son abundantes y constantes, partiendo desde las más altas esferas del poder público. Y hay cosas que hasta parecen inverosímiles a estas alturas. Así, no hay explicación válida para el hecho de que, 18 meses después de que se inaugurara la actual Administración, no se haya cumplido el mandato constitucional de elegir designados a la Presidencia de la República; es cierto que no existe plazo constitucional para hacerlo, pero eso mismo indica que debe hacerse de inmediato.

Tampoco ha habido justificación en ningún caso para los diversos retrasos que se han venido dando en la Asamblea Legislativa en lo tocante a la elección de funcionarios. Los plazos constitucionales no quedan al arbitrio de dicho cuerpo colegiado, y el hecho de que no haya sanción por el incumplimiento no subsana la falla consumada con tanta reiteración. Y, en el orden de la justicia constitucional, últimamente se ha dado en la práctica de acompañar las resoluciones con una especie de cátedra fuera de lugar sobre cómo legislar en casos determinados.

Si cosas como éstas se producen en esos niveles, es de esperar que en otros ámbitos vayan apareciendo prácticas y acciones que riñen evidentemente con el orden legal y con el orden institucional. Desde luego, un mal ejemplo no legitima, de ninguna manera y en ningún caso, una conducta viciosa; pero en la vida real los malos ejemplos se convierten implícitamente en credenciales perversas para hacer lo indebido. A diario se ven actos violatorios del orden establecido, como ocurre con las manifestaciones de calle en protesta por los más diversos motivos, con los trastornos reiterados dentro de los centros penales, con los paros arbitrarios en el transporte público, para sólo poner unas cuantas muestras.

Todo lo anterior incide muy negativamente en el desenvolvimiento de la realidad, y, por consiguiente, a todos nos afecta. Sólo el orden democrático bien constituido, bien respetado y bien asegurado garantiza la estabilidad y promueve el progreso. Nadie debe estar por encima ni poder escapar de dicho orden, bajo ninguna excusa o pretexto, abiertos o encubiertos.

Es imperioso asegurar que el orden institucional funcione