La nueva administración tiene prácticamente 18 meses de haber asumido sus responsabilidades y con pena, con mucha pena, se continúan escuchando por los medios las mismas quejas y lamentos con las que inició su gestión.
Escrito por Sandra de Barraza.19 de Noviembre. Tomado de La Prensa Gráfica.
Tenemos ocho días de haber conocido el ultimátum que las autoridades de los Centros Penales dieron a los rebeldes visitantes de Mariona. Para entonces tenían 48 horas de desafiar a las autoridades. Les dieron setenta y dos horas para desistir de su conducta rebelde y desafiante. Les amenazaron con la intervención de la UMO. No les hicieron temblar de miedo como cualquiera supondría. Once días después, se escucha del titular de la cartera que estos rebeldes perderán la oportunidad del tratamiento especial que se está evaluando para que se acelere su proceso de salida por edad, enfermedad o tipo de delito. Y, a doce días de la rebeldía y a 10 de la amenaza, desafiantes y demostrándonos quién tiene el control, los rebeldes visitantes de Mariona siguen en las mismas. ¡Armados, con celulares, con intención de escapar por túneles construidos en la cara y a los ojos de los custodios y demandando trato de visitantes de suite de hotel de cinco estrellas!
La nueva administración tiene prácticamente 18 meses de haber asumido sus responsabilidades y con pena, con mucha pena, se continúan escuchando por los medios las mismas quejas y lamentos con las que inició su gestión. “Nos dejaron la situación muy mal”, “Todo lo que hicieron antes, lo hicieron mal”. “Fueron tolerantes, muy tolerantes”, “Saturaron las cárceles”, “A nosotros nos toca enfrentar el problema y no tenemos recursos”, “Estamos evaluando qué hacer”. “El problema es complejo y no puede resolverse de un día para otro”.
Mientras cualquiera escucha estas brillantes y esperanzadoras intervenciones, a alguien lo están matando a plena luz del día y a otros los están extorsionando desde el mismo lugar en donde residen los rebeldes.
Una medida concreta se conoce y reconoce: llamaron a la Fuerza Armada a involucrarse en la seguridad pública y les han dado el control de centros penitenciarios. No tienen entrenamiento. No tienen recursos. Están haciendo el trabajo con lo que tienen. Con esto seguramente están moviendo estructuras internas poco transparentes y con muchos intereses creados. Ningún gobierno anterior se atrevió a reinterpretar los acuerdos sobre el papel de la Fuerza Armada en la seguridad pública. Pero el problema es tan grande, allí hay recursos y hay que usarlos.
Pero no basta con que estén y hagan su trabajo. Nos enteramos por las mismas autoridades del control que ejerce la Fuerza Armada en los alrededores y en los ingresos de los centros penales. Por más amenazas y por más requisas, siempre encuentran cómplices de los rebeldes queriendo ingresar con teléfonos, chips, droga y cualquier otra cosa ilícita a los centros penales. Es la mamá, la esposa, la novia, el hijo, la hija, el sobrino, la sobrina, la vecina, el tío, el padrino, la madrina, la ex novia, la amiga, el amigo y cualquier otro personaje el que se toma el riesgo de pasar con objetos ilícitos y penalizados. Con tantas y tan diversas visitas, ciertamente se les pasan por más revisión que hacen.
Afuera también controlan y logran capturar a cómplices de los internos. A los que logran comprobarles ilícitos, les toman fotografía y cualquier otra evidencia para remitirlos a procedimiento judicial. ¡Cuánto trabajo hacen los de la Fuerza Armada! Y ¿para qué?
La Fuerza Armada cumple con su tarea en el marco de las reformas legales que brillantemente se hicieron aduciéndolas “indispensables”. Ellos se ocupan de revisar todo ingreso, capturar, remitir a la justicia con evidencias, las evidencias no son aceptadas por la justicia y la justicia los deja libres. Es simple y sencillamente un juego costoso para todos. ¡Hasta tres veces se captura y remite al mismo sujeto! Los especialistas en seguridad pública tienen que ser ellos, pero cualquiera reconoce que en el tratamiento del sistema carcelario y la administración de justicia hay serios problemas de coordinación, de comunicación, de conducción, de inteligencia y hasta de sentido común.
Los familiares de los residentes en centros penales han iniciado marchas haciendo demandas de respeto a derechos humanos a los que están dentro y a los que dejaron fuera cuando infringieron la ley y fueron condenados.
Quieren que continúen las visitas sin restricciones y ¡miren a lo que hemos llegado! Los residentes tienen de rodillas a las autoridades y la delincuencia nos tiene de rodillas a todos. ¿Para dónde vamos?
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