Lea mañana las violaciones a los derechos ciudadanos por parte de las agencias de investigaciones.
Escrito por Jaime Ulises Marinero.09 de Noviembre. Tomado de La Página.
El 18 de octubre pasado un ingeniero y dos hijas fueron secuestrados en una residencial de Santa Tecla y posteriormente asesinados en la zona rural de San Julián en el departamento de Sonsonate.
El siguiente día la PNC logró la detención de cuatro sospechosos, entre Néstor Alexander Fernández Guevara, de 27 años, quien se desempeñaba como vigilante de la residencial y según las investigaciones policiales fue quien planificó el secuestro del profesional y sus hijas, que habían llegado con la intención de ver las casas para adquirir una.
Fernández trabajaba para una compañía de seguridad subcontratada por la empresa constructora y desde hacía algunos meses fue destacado en la referida residencial, donde junto a un hermano y otros dos delincuentes ejecutaron el crimen . La PNC investiga si el imputado está implicado en otros delitos.
El caso de Fernández es el último ocurrido con relevancia, pero a diario ocurren casos de menor envergadura y ya antes se han dado hechos escandalosos, como la captura de agentes de seguridad privada que participaron, en abril de 2006, en el asalto a un carro blindado que transportaba más de 600 mil dólares, en una gasolinera de la Troncal de Norte, en San Salvador.
En marzo de 2002 un camión que transportaba mercadería valorada en m{as de 500 mil dólares fue asaltado en la carretera Panamericana. El conductor fue asesinado y el agente de seguridad desapareció. Tres años más tarde Osmín Nolasco, fue capturado como miembro de una banda de asaltantes que operaba en la zona paracentral. Él era el agente desaparecido y aunque nunca se le comprobó su participación en la muerte del conductor y el robo de mercadería, se sigue creyendo que él fue parte de ese hecho delictivo.
“Sucede que en ocasiones los agentes de seguridad privada tienen acceso a información privilegiada, muchos de ellos han tenido contacto con personas vinculadas al crimen, por lo que se les hace factible involucrarse en estos casos”, dijo un oficial de la PNC que hasta hace algunos años perteneció a la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad de la PNC, ente responsable, según la Ley de Empresas Privadas de Seguridad, de supervisar el legal y correcto funcionamiento de dichas empresas y de las cooperativas de vigilantes.
Según el oficial, el problema se da porque los controles son demasiados superficiales, se revisan nóminas y documentaciones de armas, pero no se va al terreno para verificar si realmente se están cumpliendo las disposiciones; por ejemplo, no se verifica si los agentes cumplen los protocolos de actuación en los lugares asignados. “Los administradores de las agencias presentan informes y eso es todo, ni siquiera reportan las anomalías cometidas por sus empleados, aunque la ley los obliga”.
Los casos de agentes de seguridad privada vinculados a delincuentes o hechos delictivos son muchos, incluso se ha llegado a sospechar de vigilantes del sistema bancario; pues ha llamado la atención que muchas personas son asaltadas luego de salir de las agencias bancarias tras retirar fuertes sumas de dinero. La hipótesis policial es que personas que tienen acceso a los sistemas informáticos avisan a los guardias de seguridad que a su vez informan a sus contactos. Hasta ahora no ha habido ni una sola captura en este sentido, pero para la PNC la hipótesis es fuerte y tiene asidero real.
Las sospechas de participación de agentes de seguridad privada se han mayores en el caso de los robos de furgones; pues generalmente no oponen resistencia y tampoco les hace daño. En febrero de 2000 se dio el caso de un robo de un furgón cargado con ropa, los delincuentes vaciaron el vehículo en una bodega y antes de irse golpearon el pómulo del agente de seguridad, para que se le inflamara y pudiera decir que lo golpearon y quedó inconsciente. El conductor y su ayudante, quienes de verdad fueron golpeados, incluso uno de ellos baleado de una pierna, declararon lo ocurrido y eso permitió el arresto de Ramón Méndez, vinculado a una banda de robafurgones que a su vez tenía contacto con la banda de Margarita Parada Grimaldi, capturada y asesinada en 2005 en la cárcel de mujeres.
La Ley obliga a los propietarios de las agencias de seguridad informar a la PNC sobre las anomalías e irregularidades de su personal, cuando se reciben denuncias o sospechas, incluso no solo a la PNC, sino también a la Fiscalía General de la República, para que inicie los procesos legales si es necesario.
Incluso deben informar sobre aspectos administrativos, como la contratación y el despido de agentes de seguridad, el robo o hurto de armas de la empresa, y otros aspectos, el cambio de uniformes (que es aprobado por la PNC) y otros. Los informes se deben hacer cada tres meses.
Además están obligados a reportar cualquier incidente en el cual alguno de sus miembros se vea involucrado en una falta o hecho delictivo leve o grave.
Un agente fiscal señaló que en muchos casos encuentran poca colaboración en las empresas, sobretodo cuando se trata de revisar inventarios de armas, por lo que debe acudir a la División de Armas y Explosivos para que ayuden.
“Muchos delitos son cometidos por guardias de seguridad, pero lo que más se conocen son faltas, que en algunos casos pueden llegar a constituir delitos”, dice Manuel Retana.
Entre las denuncias más comunes, que en ocasiones se quedan en sanciones administrativas porque no trascienden a la Fiscalía, se encuentran los manoseos. En junio pasado, en un centro comercial, se conoció el caso de dos guardias de seguridad privada que tocaban en sus partes íntimas a las mujeres. Los mismos empleados pusieron la denuncia ante la empresa y los guardias solo fueron trasladados y advertidos. Una de las clientes amenazó con ir a demandar a la Fiscalía porque consideraba que había existido agresión sexual, por lo que la empresa al darse cuenta despidió a los empleados.
Carlos O. un guardia de seguridad de una de las empresas más grandes del país asegura que en la agencia para la cual labora les dan capacitaciones y abogados les dan charlas para advertirles sobre los delitos en los que pueden caer. “Pero ocurre que nos pagan el salario mínimo ($208) y algunos compañeros se meten en problemas por pura necesidad”, dijo.
Según Carlos, el trabajo como guardia de seguridad es demasiado arriesgado, además de trabajar todo el día de pie y en ocasiones hacer turnos de 24 o 36 horas continuas. “Cualquier se siente tentado a involucrarse en un delito”, señaló, al tiempo que contó el caso de guardias de seguridad de los edificios Los Héroes, que hace unos cuatro años, para obtener algunos fondos, por la noche alquilaban el parqueo para que homosexuales se metieran con sus clientes. Cuando el supervisor se dio cuenta y reportó el hecho, los trasladaron.
Asimismo contó que entre los guardias de seguridad conocen muchos casos delictivos. Vigilantes que por la noche se ponen de acuerdo con pandilleros para cometer asaltos o para hacerse los desentendidos cuando se están cometiendo los delitos.
Uno de los problemas es que no hay mayores controles. “Cuando nos contratan nos hacen la prueba del polígrafo y algunas pruebas psicológicas, pero luego ya no las hacen. Además cuando alguien ha participado en un robo o asalto grande, generalmente renuncia”, contó Ernesto P. otro guardia de seguridad.
En tono irónico señaló que ellos sospechan que uno de sus compañeros está involucrado en algo raro cuando repentinamente renuncian sin tener otro trabajo fijo. Es lo que ocurrió con un ex guardia de seguridad conocido como Amado, quien renunció después de un asalto a un furgón que él cuidaba y en menos de seis meses andaba con auto nuevo. Hasta había aprendido a manejar.
Catalino Gómez , accionista de una agencia de seguridad, reconoce que muchos de sus empleados se han metido en problemas, pero asegura que esa no es la filosofía que se les inculca. “Nosotros apoyamos a nuestros empleados cuando se meten en problemas producto de su trabajo, pero cuando cometen un delito, los denunciamos como es debido”, aseguró.
Según Gómez, antes de contratar a un agente de seguridad privada se le piden las solvencias de la PNC, Centros Penales y pasan por pruebas de alcotest, polígrafo y pruebas psicológicas, pero no se tiene control sobre su vida privada. “Hemos encontrado a guardias consumiendo bebidas embriagantes y dependiendo de las circunstancias los sancionamos o los despedimos”, añadió.
Respecto a los guardias involucrados en delitos mayores, señaló que se les presta la asesoría inicial, pero si su participación es probada, hasta se muestran como parte querellante por el daño a la imagen de la empresa.
Ni la Fiscalía ni la PNC tienen registros de cuántos guardias de seguridad han sido procesados. Los datos tampoco los tienen las agencias de seguridad porque no llevan controles o porque no los quieren dar. Sin embargo, cálculos de la PNC indican que unos 200 han sido involucrados en hechos graves en la última década, una cifra alarmante que implica que algo anda mal en los controles de las agencias de seguridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.