Benjamín Cuéllar Martínez. 20 de Noviembre.Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - Hoy, martes 16 de noviembre del 2010, terminó ya la celebración eucarística en memoria de las y los mártires de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA). La calma de la noche le da paso a los recuerdos; también a las reflexiones sobre el largo camino recorrido para alcanzar justicia en este caso, iniciado hace veintiún años, y en torno a los desafíos que tiene por delante el país para alcanzar una paz que aún no termina de llegar, a casi diecinueve de finalizada la guerra. Razones para la esperanza, a pesar de todo, hay. Y es que en lo que toca al caso de la masacre ordenada hace más de dos décadas por el Alto Mando militar salvadoreño, la justicia universal continúa avanzando: hace unos días, exactamente el lunes 8 de noviembre, el juez Eloy Velasco Núñez dispuso iniciar la siguiente etapa del proceso penal contra las personas acusadas como autores de tan abominable hecho.
Este funcionario de la Audiencia Nacional de España, quien tiene a su cargo el Juzgado Central de Instrucción número 6 en Madrid, ha determinado que las ejecuciones de Julia Elba y su hija Celina Mariceth Ramos junto a las de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Joaquín López y López, José Ramón Moreno y Amando López “revisten los caracteres de un presunto delito de CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y TERRORISMO O ASESINATO EN EL CONTEXTO DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD”. Así de claro, no hay dónde perderse. Por ello, sostiene el juez Velasco Núñez, ahora corresponde comenzar la investigación para establecer “la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables”.
Tras conocer oficialmente esta decisión, si consideran que la misma debe reformarse, tanto la parte demandante como los acusados tienen tres días para presentar a ese tribunal un recurso en tal sentido. Obviamente, elCentro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) no lo harán, pues tal resolución es un importante paso en el sendero hacia el objetivo que buscan con la querella presentada en diciembre del 2008. Los acusados quién sabe, ya que hasta la fecha no existe indicio alguno de que hayan dado la cara en el proceso.
Así, lo que debió hacer el sistema salvadoreño y no lo hizo, se está haciendo en el marco de la justicia universal: establecer la verdad de lo ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en la UCA, sancionar a sus responsables y reparar el daño causado a las víctimas, entre las cuales debe incluirse también a las mayorías populares salvadoreñas.
Internamente, la UCA realizó enormes esfuerzos por lograrlo pero las instituciones estatales correspondientes no funcionaron ni antes ni después de la guerra; en ninguno de los dos “procesos” trabajaron de acuerdo a su misión, tanto en 1990 y 1991 como en el 2000. Por eso, los resultados fraudulentos de los mismos le abrieron a la UCA las posibilidades de que evolucionara positivamente la petición hecha dentro del sistema regional de derechos humanos.
Y es que el mismo día de la masacre, Americas Watch (AW) la denunció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aún estaba fresca la sangre de las ocho víctimas cuando Juan Méndez, abogado argentino que dirigía la citada organización internacional, lo hizo. Una década después, el 22 de diciembre de 1999, la CIDH publicó el informe nº 136/99 sobre el caso 10.488; esas fueron las referencias que le dieron en el organismo regional. Entonces, se le recomendó al Estado salvadoreño investigar los hechos y sancionar a todos los responsables reparar el daño a las víctimas; también la CIDH le pidió lo siguiente: “Adecuar su legislación interna a los preceptos de la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la ley conocida como de Amnistía General”.
¿Cuál fue la postura oficial al respecto? El entonces presidente Francisco Flores dijo que lo resuelto por la Comisión Interamericana sería recibido “como hemos recibido muchas otras recomendaciones (...) prestar atención a las sugerencias del documento atentaría contra la paz del país”.
Debido a la negativa estatal ante estas obligaciones internacionales adquiridas de manera consciente y soberana, se solicitó una audiencia para examinar el cumplimiento de lo establecido en el informe de la CIDH; ésta se realizó el 15 de noviembre del 2001 y estuvo presidida por el citado Juan Méndez, quien entonces fungía como primer vicepresidente de la Comisión Interamericana y era el responsable de todo lo concerniente a nuestro país.
Los representantes de la UCA decidieron no intervenir inicialmente, como se acostumbra, y le cedieron ese espacio a la delegación del Estado salvadoreño para que informara cómo había cumplido -si es que lo había hecho- las recomendaciones recibidas. Pero, era de esperar, no pudo disfrazar su total desacato y de forma absurda afirmó que el caso se había cerrado con la vista pública realizada en septiembre de 1991. Tuvo que intervenir un abogado de la CIDH para recordarle o enterar al Secretario General de la Fiscalía General de la República (FGR) –Miguel Francia– que el informe del organismo interamericano era de diciembre de 1999 y que, por tanto, los asuntos que se discutían tenían que ver sólo con la acción estatal a partir de ese año.
Quienes estuvieron presentes, quedaron impresionados por el pobre y demagógico ejercicio oficial en su intento por justificar lo injustificable. Sobre todo, cuando Francia sostuvo que el delito había prescrito “por culpa de las víctimas que no hicieron lo correcto” y que la Ley de Amnistía “le había dado estabilidad al país y tranquilidad”. Cuestionado por los representantes de las víctimas y los personeros de la CIDH, fue presa de los nervios y equivocó el apellido de comisionado Méndez; también soltó frases de antología como: “Hay retraso porque el tribunal conoce un montón de casos y un montón de materias”… “Hemos hecho todo lo imposible y más para resolver el caso”.
Menos no se podía esperar de una Presidencia en manos de alguien como Flores, quien entonces debía dar la cara ante los organismos internacionales de derechos humanos por ser el jefe de Estado. Fue este señor quien, el viernes 18 de octubre del 2002, sostuvo lo siguiente en conferencia de prensa: “La Ley de Amnistía es la piedra angular de los acuerdos de paz; es lo que nos permitió a nosotros perdonarnos. La persecución de los crímenes de guerra hubiera producido otra guerra […] me parece que aquellos que buscan quitar esa piedra angular de los acuerdos de paz, pueden sumergirnos en un grave conflicto adicional”.
Pero, en la práctica, la amnistía ha sido la piedra de tropiezo para alcanzar la paz por haber fortalecido la impunidad. Entonces, lo deseable era que el gobierno del “cambio” –el de Mauricio Funes– actuara en sentido contrario para marcar la diferencia. Pero no, pues las recomendaciones de la CIDH siguen sin cumplirse. Y eso fue lo que dijo Marcela Martino, del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el 22 de marzo de este año en otra audiencia similar a la antes comentada.
“[…] han transcurrido –afirmó la abogada Martino– […] más de diez de años desde la emisión del informe de fondo, no se ha tomado ninguna medida para cumplir con estas recomendaciones. Por el contrario, a pesar de que se han presentado diversas acciones en los tribunales salvadoreños para reactivar las investigaciones acerca de lo ocurrido, el caso se mantiene en la más absoluta impunidad. Como recordará la ilustre Comisión, en marzo del 2008 las partes estuvimos en una reunión de trabajo sobre este caso y ahora seguimos a la espera de que el Estado pueda tomar acciones para cumplir con las recomendaciones”.
Tomándole la palabra al presidente Funes en lo relativo a su compromiso con el respeto de los derechos humanos, Martino expresó su deseo de que la misma “se transforme en acciones concretas y en una efectiva coordinación entre los diferentes poderes del Estado, para dar pleno cumplimiento a la mayor brevedad posible a estas recomendaciones”.
Y casi ocho meses después de esa audiencia se han escuchado más palabras, palabras, palabras… Pero las palabras, “anémicas, no tienen la fuerza de agarrar a la realidad por el cogote, de sacudirla hasta que salga de su coma”. Eso dijo Hubert Lanssiers, quien también afirmó algo muy apropiado para la realidad actual salvadoreña: “Por desgracia, quien vive de la esperanza, muere en ayunas, y los Padres de la Patria tendrían que percatarse de lo obvio: cuando el pueblo pierde la ilusión de poder cambiar las cosas a largo plazo, tiene la tentación de cambiarlas de inmediato”.
Ante ese riesgo, las palabras y los hechos deben ir de la mano. Eso es lo que le da real consistencia a la esperanza, para que sea nutritiva y alimente a las víctimas. No pueden ni deben morir en ayunas. La resolución del juez Velasco Núñez sobre el caso de la masacre en la UCA, es un hecho positivo concreto en su lucha por descubrir la verdad, recibir justicia y obtener una debida reparación. Conquistas como esa son las que –tras veintiún años de haberlas pronunciado– conservan vigentes las palabras del mártir fundador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Segundo Montes Mozo: “No es tiempo todavía de cantar victoria por la vigencia de los derechos humanos, pero tampoco es tiempo aún para la desesperanza”.
Segundo Montes: palabras y hechos de esperanza - Noticias de El Salvador - ContraPunto
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