Carlos Velásquez Carrillo. 14 de Noviembre. Tomado de Contra Punto.
OTTAWA
- No puedo sino expresar mi plena satisfacción y rotundo apoyo al Presidente Funes por usar su veto presidencial para desactivar la nefasta ley que Asamblea Legislativa aprobó hace unas semanas para eximir a los ciudadanos con altos ingresos de presentar su declaración de patrimonio. Se dijo que tal declaración ponía en riesgo la seguridad de estos ciudadanos, ya que saldría a la luz toda la riqueza que poseen y los secuestradores y extorsionadores harían su agosto con toda la información fresca.
¿Acaso no son ellos mismos los que se encargan de hacer alarde de lo que tienen, viviendo en grandes mansiones, manejando autos de último modelo, vistiéndose a la parisién, invirtiendo grandes sumas de dinero en el exterior, y apareciendo sonrientes en las notas de prensa que anuncian las ganancias que se agencian? ¿Acaso no sabemos quiénes son los dueños del país? ¿Y los mini ejércitos de seguridad privada que los protegen no son garantía para su seguridad?
La lógica es que la información que recibe Hacienda pasaría de alguna forma a las manos de los criminales (una clara insinuación de que gobierno del FMLN sería un cómplice dispuesto), pero lo cierto es que la información que tanto quieren esconder puede encontrarse fácilmente por medios mucho más efectivos que esculcar en los registros tributarios de un país donde la evasión tributaria está al orden del día.
Surgen muchas preguntas con difícil respuesta cuando se escucha a los ricos clamar por su seguridad, sobre todo cuando muchos de ellos se quedaron en el país durante la guerra civil mientras habían miles de guerrilleros armados luchando para derrocar el sistema que los sostiene (lo cual casi sucede). Ahora resulta que tienen miedo. Pero como decía mi abuela, este chanchullo se cuece en el caldo del “parajito preñado”: nadie les cree.
La verdadera razón para querer estar exentos de la ley es no querer declarar su patrimonio porque una verdadera reforma fiscal es una medida que Funes y el FMLN no han descartado del todo, y se puede dar si es que la correlación de fuerzas en los próximos años lo permite. Es una nueva manifestación de los que practican la “filosofía del privilegio” que se sustenta en la latente mentalidad oligárquica que nuestra élite económica aún ostenta. Ya hemos hablado de estos temas antes (http://contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=4283%3Anoticias-de-el-salvador-contrapunto&catid=96%3Acolaboradores&Itemid=123), y el veto de Funes, conjuntamente con el anuncio de un próximo impuesto del patrimonio para financiar la seguridad, me parecen que son medidas incipientes pero acertadas que pueden a su vez empezar a desmantelar la filosofía del privilegio y los vestigios oligárquicos que aun aquejan al país.
El objetivo final debe plantearse como la destrucción paulatina de la percepción que los oligarcas y empresarios tienen (con excepciones, por supuesto) de que ellos están por encima de la ley y todo lo que hace el aparato estatal debe ser orientado para beneficiarlos de forma exclusiva. Esta no es una tarea fácil porque hay que luchar contra una mentalidad que se ha cuajado por más de un siglo y que se consolidó con los veinte años de ARENA en el poder, aunque estos pequeños pasos pueden dar la pauta para empezar con esa labor inaplazable. Esto no quiere decir que no haya diálogo y negociación: lo que se debe lograr es que esto suceda en igualdad de condiciones entre los interlocutores, desechando jerarquías preestablecidas y que se juegue sin los dados cargados.
De igual forma, el impuesto al patrimonio es una medida necesaria, no sólo para ayudar con la recaudación, pero también para avanzar con la justicia social. Ojo: esta medida no es radical ni “socialista” bajo ningún motivo, ya que muchos países, sobre todo del mundo occidental y capitalista, la han implementado de forma sistemática. Recordemos que en El Salvador fue el gobierno de Alfredo Cristiani el que eliminó el impuesto al patrimonio con la reforma tributaria a principios de los 90s, y no es de extrañarse que un oligarca, líder del partido de la oligarquía, se haya liberado a sí mismo y a sus compinches de la carga de pagar impuestos por las propiedades que poseen.
El Presidente Funes formuló la implementación de esta medida como necesaria para financiar la seguridad, y supuestamente la idea se la sugirió el héroe y modelo de muchos derechistas salvadoreños, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe. Tendremos que esperar para ver cómo hacienda arma el plan operativo para este nuevo impuesto, y esperamos que no sea a medias tintas ni toque solamente la superficie de la riqueza. El principio es básico y directo: el que tiene más, que pague más, y el que tiene menos, que pague menos. Es mi esperanza que este principio también se aplique eventualmente al esquema de pagos del impuesto sobre la renta.
Al mismo tiempo, es fundamental poner en marcha un plan para evitar y castigar la evasión fiscal y tributaria, el deporte donde los oligarcas y empresarios salvadoreños se han llevado siempre la medalla de oro. De nada servirá que se introduzca un nuevo impuesto si los evasores de siempre se salen con la suya.
Como era de esperarse, los oligarcas y sus lacayos han salido con la espada desenvainada a atacar esta propuesta. Dicen que un nuevo impuesto no es la medida adecuada en estos tiempos de crisis, y que los inversionistas se irán a otro lado con su dinero. Pero si se entiende bien esta medida se puede entrever que los que “afectados” serán principalmente los ricos nacionales, no los inversionistas extranjeros.
Además, claramente se sabe que los ricos de este país no pagan los impuestos que les corresponde y que el nivel de evasión es uno de los más altos del continente, mientras que la carga tributaria es de las más bajas. ¿Cómo es posible que los que han evadido más de 25 mil millones de dólares en los últimos 20 años reclamen que no es justo que se les imponga un “nuevo” impuesto? Tenemos ante nosotros otra prueba de la decadencia ética y moral de los que se creen dueños del país.
Debemos apoyar al Presidente Funes en estas medidas orientadas a debilitar la cultura del privilegio que ha reinado en nuestro país por largo tiempo, aunque debemos estar conscientes que la reacción será furibunda. Pero como dice el viejo y conocido dicho, el cual ha sido atribuido a Don Quijote con un sinfín de versiones y coloridas tergiversaciones por parte del vox populi, “ladran, Sancho, es señal que avanzamos.” Sin importar quién ni cómo lo dijo, no creo que haya una representación más apropiada y concisa para ilustrar los acontecimientos que hemos examinado.
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