20 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.
Que el partido ARENA es el instituto político que salvaguarda los intereses de los ricos, a costa de los votos y de los intereses de los más pobres, es una contradicción tan verdadera como incomprensible.
Recientemente, la fracción legislativa arenera, a través de la diputada Mariella Peña Pinto, interpuso una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, para que los empresarios o persona natural pueda deducirse del impuesto de la renta lo que invierte en seguridad.
En El Salvador, según estudios periodísticos, se invierte un aproximado de 1,8 millones de dólares en seguridad privada.
Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada, desembolsan un promedio del 10% de la producción al pago de servicios de seguridad particular.
Lo anterior, indudablemente es una realidad, no obstante, sacrificar al erario nacional para disminuirle los costos al empresariado, es sencillamente inaceptable.
La propuesta de ARENA, busca, además, amortiguar el impacto al empresariado, en el caso de que el gobierno implantara un impuesto para la seguridad.
Recientemente, el Presidente Mauricio Funes anunció que ha solicitado al Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que realice un estudio y elabore una ley para imponer un impuesto para la seguridad.
El mandatario, ha argumentado que el impuesto tendrían que pagarlo lo más ricos, tal como lo hacen en Colombia, desde el primer gobierno de Álvaro Uribe, hoy expresidente.
El Presidente Funes ha dicho tajantemente que los pobres no deben cargar con un impuesto como el que se sugiere.
ARENA, y seguramente otros partidos o diputados de derecha también serán opositores a un impuesto como el anunciado, pese a que, los impuestos actuales no son suficientes, no solo para financiar los gastos de seguridad, sino otras áreas para el desarrollo económico y social del país.
La propuesta de ARENA, que no puede tener más que una lectura de clase, se suma a la defensa y apoyo que hizo para que se eliminara la obligatoriedad de que los empresarios o persona individual con ingresos arriba de $75 mil dólares anuales, o con activos superiores a los 300 mil dólares hicieran la declaración patrimonial. El decreto que modificó el artículo 91 del Código Tributario, ha sido vetado por el Presidente Funes.
Esperemos que ARENA no logre correlación en esta nueva aventura a favor de lo que
usufructúan a sus anchas más del 60% del Producto Interno Bruto, no solo porque es injusto, sino porque pone en peligro los ingresos al fisco, y, por ende, pone en más aprietos los programas y el cumplimiento de las obligaciones del actual gobierno.
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