En lugar de que los centros penales funcionen como si fueran cuarteles de los criminales y pandilleros, habría que transformar algún cuartel en verdadero centro penal.
Escrito por Roberto Rubio-Fabián.17 de Mayo. Tomado de La Prensa Gráfica.
La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día la sociedad salvadoreña. Vivir seguro es ya un bien de lujo que pocos tienen en nuestro país. La violencia, la cantidad y características de los homicidios, el creciente poder de la red de maleantes y criminales, los más fuertes y largos tentáculos del crimen organizado y el narcotráfico alrededor del Estado están pudriendo los cimientos de nuestra convivencia humana. Nos vemos así cada vez más empujados al desorden, a la anarquía, a la insensibilidad, a la indiferencia al dolor ajeno, a la descohesión social y familiar, al uso frecuente de la picardía y la desconfianza como mecanismos de supervivencia.
Para contener tal descomposición social tenemos que emplear las mejores energías y esfuerzos de todos los sectores sociales posibles. El deterioro de nuestra Nación merece una respuesta conjunta de Nación. Una respuesta que se nutra de las ideas y acciones de todos aquellos que queremos un país donde podamos vivir con seguridad y decencia, para el hoy y para el mañana. De ahí el deber ciudadano de proponer sus ideas y del poder político de escucharlas. En este marco se inscriben estas recomendaciones en torno a la seguridad ciudadana de nuestro país.
No soy un conocedor de las temáticas de seguridad pública, pero sí un ciudadano interesado en que circulen propuestas buenas e inteligentes de los otros que sí saben sobre el combate a la criminalidad y la violencia. En tal sentido me permito exponer, con su consentimiento, algunas recomendaciones que me hiciera uno de los abogados que considero de los más capaces y honestos de este país, Florentín Meléndez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tres propuestas dignas de ser tomadas en consideración por el gobierno merecieron mi atención.
En primer lugar, es positiva la medida presidencial de dar continuidad y mejorar el rol del ejército en el combate a la delincuencia, sobre todo de cara al control de los centros penales, foco infeccioso de inseguridad ciudadana, convertidos ahora en verdaderos cuarteles generales de las redes criminales. En cuanto a este punto sería importante considerar la habilitación/remodelación de un cuartel como centro penal de máxima seguridad, donde se ubicarían solamente los reclusos cabecillas y líderes de la red criminal. Es decir, como se dice popularmente, “hay que darle vuelta a la tortilla”, y en lugar de que los centros penales funcionen como si fueran cuarteles de los criminales y pandilleros, habría que transformar algún cuartel en verdadero centro penal para las estructuras del mando criminal y delincuencial.
Por supuesto que ello requerirá una labor de inteligencia para identificar los principales nodos de las redes criminales diseminadas en los distintos centros penales. Igualmente requerirá de personal de custodia y gestión penitenciaria especializado y entrenado, parte del cual podría provenir de las filas disciplinadas del ejército. La labor de la institución armada se limitaría a dar la vigilancia y protección perimetral. En términos prácticos, esta medida resultaría más barata y de más corto plazo que construir un nuevo centro penal. Me informaba el magistrado Meléndez que pudo conocer de una experiencia semejante y exitosa en República Dominicana, por lo que sería útil aprender previamente de ella, y de manera inmediata.
En segundo lugar, y en línea con lo anterior, será importante establecer una categorización de los presos, de tal forma que puedan separarse y dar tratamiento diferenciado a los condenados por raterismo, homicidios pasionales, violaciones, estafas, distribución al menudeo de drogas, etc. La mezcla de reos de todo tipo, en lo que se transforma es en un potencial vivero de las redes criminales organizadas al interior de los centros penales. Para aligerar la densidad poblacional de las cárceles, habría que hacer una verdadera depuración de expedientes, para acelerar la salida de las personas encarceladas por primera vez por delitos menores.
En tercer lugar, aunque ya no referido al tema del ejército y los centros penales, pero sí a la problemática de la violencia, me atrajo la idea del magistrado de declarar una moratoria temporal a escala nacional a la portación de armas, no así a la tenencia. En otras palabras, que se prohíba por 6 meses, uno o dos años, la circulación de armas, pero que se permita su tenencia en el domicilio particular y/o la empresa. Medida positiva sustentada en varios estudios, medida atrevida que todavía las autoridades no se atreven a tomar.
En fin, me parecen ideas sensatas e inteligentes, dignas de ser tomadas en cuenta en este turbulento mar de inseguridad por el que navegamos.
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