Escrito por Magdalena Flores. 17 de Diciembre. Tomado de Contra Punto.
Ya se reportan casos de abusos de militares que patrullan las calles en labores de seguridad pública, algo que había sido ya advertido que pasaría.
SAN SALVADOR – La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) denunció el pasado lunes 14 que miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), que combaten el crimen desde hace un mes junto a la Policía, están violando los derechos humanos, ya que han recurrido incluso al uso de tortura.
El Procurador de la PDDH, Óscar Luna, informó que están investigando 15 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares. Entre estos casos está el homicidio de Antonio Molina Durán, de 48 años, ocurrido la noche del 13 de diciembre pasado, en Tecoluca, San Vicente.
De acuerdo a declaraciones oficiales, el soldado Mariano de Jesús Rodríguez disparó en contra de Durán, cuando éste en aparente estado de ebriedad lo atacó con un corvo. El soldado se encuentra detenido en la Quinta Brigada de Infantería, esperando que la Fiscalía resuelva el caso.
2,500 efectivos militares iniciaron las tareas de seguridad pública junto a la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 6 de noviembre, un plan lanzado por el Presidente Mauricio Funes para combatir durante seis meses la criminalidad que abate al país.
Estos 2,500 soldados se sumaron a los 1,300 que ya daban apoyo a los policías en el marco de los llamados Grupos Conjuntos de Apoyo a la Comunidad (GCAC), una versión reciclada del nuevo gobierno de los Grupos de Tarea Conjunta (GTC).
El Presidente dijo que el artículo 168 de la Constitución de la República le permite hacer un uso excepcional del ejército para labores de seguridad pública.
Los soldados se desplegaron en 19 municipios, en cinco departamentos, que muestran altos índices de delincuencia. Los departamentos son: Sonsonate, la Libertad, Santa Ana, San Salvador y San Miguel.
Torturas en tiempo de paz
Sobre las denuncias recibidas, el Procurador dijo, en conferencia de prensa: “No son simples actos de agresión (…) se trata de tratos crueles, inhumados o degradantes”.
Durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que dejó unos 70,000 muertos, soldados y grupos paramilitares se dedicaron a exterminar y torturar a opositores.
Diecisiete años después de la firma de los Acuerdos de Paz, de 1992, el Procurador teme que algunas de esas prácticas de terror pudieran resurgir, tomando en cuenta las denuncias recibidas.
A parte del homicidio de Durán, también la Procuraduría tiene entre sus registro el caso
de un joven que fue atacado y golpeado por miembros de la fuerza naval, en Puerto El Triunfo, Usulután.
Según declaraciones de la víctima, un menor de edad cuyo nombre se mantiene en reserva, él fue obligado a hacer flexiones con una plancha de cemento sobre la cabeza. Cuando cayó al suelo le dieron una patada en la cabeza, arrojándolo después a un charco. Luego lo habrían obligado beber agua sucia.
Luego de eso habría sido introducido a una pila grande y finalmente llevado a la Policía, relató el procurador con cara de indignación.
También está el caso de una persona que dijo haber sido golpeada con la culata de un fusil, mientras un grupo de ocho soldados le apuntaban. Este caso ocurrió en San Salvador.
También en San Salvador un joven pandillero dijo haber sido detenido, vendado y amarrado de sus pulgares. Posteriormente habría sido golpeado antes de ser entregado a la Policía, quienes lo dejaron en libertad por no haber cargos en su contra.
Luna sostiene que hechos como estos no deberían de seguir ocurriendo porque se puede caer en errores del pasado en donde la violencia y la fuerza era el pan de cada día.
“Esto es muy delicado porque pareciera ser que se está volviendo a hechos que sucedieron en el pasado. Estamos en presencia de lo que conocemos como tortura”, sentenció Luna.
Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuellar, señaló que estos hechos son graves, sobre todo en estos tiempos de Paz.
“Es grave porque son prácticas que pueden derivarse a otros ámbitos, que pueden ser los ámbitos políticos, y que demuestra que por mucho que se haya hablado de Acuerdos de Paz, cambios, etc., ahí siguen latentes esos mecanismos como posibilidades para amedrentar”, dijo Cuéllar a ContraPunto.
Cuellar agregó que en el IDHUCA únicamente ha registrado una denuncia por maltrato de efectivos militares. Sin embargo, están contemplando retirar el caso de la Fiscalía General de la República, debido a que el joven que denunció ha pedido retirar la denuncia, ya que al parecer ha sido amenazado.
La víctima denunció al IDHUCA que él, junto a un grupo de jóvenes, fue golpeado por 15 minutos por efectivos militares, dijo Cuellar.
Payés a la Defensa
El ministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés, lamentó que la PDDH no se haya puesto en contacto con ellos cuando comenzaron a registrar las denuncias, pues según el ministro pudieron haber corregido la situación antes.
Dijo que le extrañó la actitud de la PDDH, ya que en previas reuniones habían acordado que la Procuraduría les notificaría ante cualquier violación por parte de los soldados; sin embargo, no lo hizo hasta un mes después de que miembros de la FAES iniciarán el apoyo a la PNC.
“Les anticipo que en ningún momento vamos a permitir violaciones a los derechos humanos de parte de nuestra tropa que está desplegada en el terreno y tampoco violaciones a las normas de enfrentamiento que nosotros hemos determinado”, señaló el ministro.
En cuanto a las demás denuncias, la Procuraduría está realizando las investigaciones pertinentes para interponer las demandas ante la Fiscalía.
Payés remarcó que “si hay una violación a los derechos humanos de parte de la Fuerza Armada comprobada, pues se van a seguir los procedimientos correspondientes”.
Un error anunciado
Cuando el presidente de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Mauricio Funes, aprobó que efectivos militares brindarán apoyo a la PNC ante la creciente ola de homicidios y delincuencias, diferentes entidades, entre ellas el IDHUCA, advirtieron que sería un error utilizar a militares para dar seguridad porque ya se han utilizado por muchos años y nunca han dado resultados satisfactorios.
“A pocos días se viene a confirmar lo que nosotros planteamos desde un principio. Es peligroso utilizar a la Fuerza Armada para este tipo de acciones para enfrentar los problemas de seguridad pública, para eso existe la PNC”, dijo Cuellar.
En gestiones pasadas del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se han utilizado medidas similares y no han dado ningún resultado, pero a pesar de ello el gobierno actual volvió a implementar dicha medida sin mayor modificación. La novedad es que ahora los efectivos militares sí pueden realizar cateos y registrar a sospechosos.
Cuellar señaló que “ahora en lugar de corregir y buscarle soluciones reales al problema de la inseguridad, lo que se a hecho es incrementar el número de militares, por lo tanto es lógico que en pocos días ya se esté dando tantas denuncias que preocupan”.
“Realmente ha sido un error del gobierno actual, y es más de lo mismo, pero en mayor número”, analizó Cuellar.
En su momento también la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (Ccpvj), que aglutina a varias organizaciones de derechos humanos de la región, sostuvo en un comunicado, emitido el 26 de octubre, que las medidas de involucrar a soldados en tareas de seguridad han sido ineficaces para disminuir los índices de criminalidad. Este comunicado fue emitió cuando el gobierno actual ya estaba contemplando lanzar más efectivos militares a la calle para realizar labores de seguridad pública.
Incluso el experto español en materia de seguridad, Ignacio Cano, del Laboratorio de Violencia de Brasil, había declarado a ContraPunto que es riesgoso recurrir a los militares como última tabla de salvación, debido a que el ejército puede terminar siendo contaminado con los mismos problemas que ya contaminan a las policías de la región. La corrupción o violaciones a los derechos humanos son ejemplos típicos de ellos.
Para Cuellar una de las medidas para solucionar el problema de inseguridad es aumentar la cantidad y calidad de policías, quienes constitucionalmente son los encargados de brindar seguridad pública. Al respecto destacó que una buena media hubiese sido la propuesta del rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), José María Tojeira, quien proponía que la mitad de las fuerzas militares se integraran al cuerpo policial, previo paso por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). Es decir, que salieran graduados como policías.
Al mismo tiempo lamentó que dicha propuesta la terminaron manejando en diversas formas, pero menos como Tojeira la había planteado.
Militares sin capacitación
Al respecto Jaime Martínez, director de la ANSP, dijo que a los soldados que ahora patrullan las calles no les han dado una capacitación adecuada, pero que sí se les dio una orientación básica de dos semanas de información fundamental. De cómo poder realizar operativos y patrullajes; y una formación en derechos y deberes; y los límites que tienen en el uso de la fuerza.
“Ya no es la situación de antaño cuando la Fuerza Armada podía cometer cualquier abuso y no pasaba nada. En este caso ya se había advertido que al a ver un incumplimiento de la ley o un abuso se iba a someter a los procedimientos legales”, destacó Martínez.
Aclaró que no están asumiendo que la falta de capacitación sea culpa de la Academia, porque no es responsabilidad de esa instancia formar soldados en seguridad pública.
¿Hasta dónde se pretende llegar?
Estas primeras denuncias sobre abusos y violaciones a los derechos humanos cometidas por militares reforzarían la tesis sostenida por los críticos de que los soldados no están debidamente capacitados para realizar labores de seguridad pública.
Además en países como México, donde medidas similares se han implementado, estas no solo no han funcionado sino que se han registrado denuncias de que los militares han estado involucrados en hechos de violaciones a los derechos humanos.
En julio del 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de México, elaboró un informe en el que documentó un total de 983 quejas de ciudadanos contra los militares mexicanos desde que el presidente Felipe Calderón llegó al poder en diciembre de 2006. 75 por ciento de esas quejas estaban vinculadas al accionar antidrogas de unidades del ejército.
En el caso salvadoreño, las recientes denuncias se veían venir.
Pero, del otro lado de la moneda, la población apoya la medida del presidente Funes, tan agobiada se siente del embate del crimen y, principalmente, de ola de homicidios. De enero al cinco de diciembre se han registrado 4,065 homicidios, según cifras policiales, números bastante más altos que los registrados el mismo período del año anterior.
Según un sondeo de El Diario de Hoy, conocido el 3 de noviembre, el 93.2% de los encuestados apoya la salida del ejército para frenar el crimen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.