Si algo ha venido quedando relegado, porque a las distintas Administraciones no les ha convenido tratarlo, es el ordenamiento del gasto público. En este punto más bien ha habido retroceso.
Escrito por Editorial.03 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
La propuesta gubernamental de reforma tributaria ya está en la Asamblea Legislativa, y, como es comprensible, el Ejecutivo pretende que se apruebe lo más pronto posible. Por otra parte, también es comprensible que desde el lado de los sectores empresariales y de las entidades privadas de análisis económico se vengan expresando diversas reservas a un proyecto que no sólo sería muy complicado en lo administrativo sino que podría producir efectos de difícil cálculo anticipado sobre la maltrecha economía del país.
El Gobierno necesita más fondos para impulsar sus programas, derivados en buena medida de promesas políticas, y la inversión pública debe ayudar a reactivar la economía nacional en lo inmediato. Esto es evidente. Pero las necesidades no se resuelven por su sola existencia: hay que generar estrategias y decisiones que viabilicen su satisfacción sin correr el riesgo de generar males mayores. Para eso están la discusión abierta, el diálogo serio y, en definitiva, la corresponsabilidad en los resultados. Pero además de ordenar la búsqueda de recursos por la vía impositiva hay que ordenar la política de endeudamiento público, que ha venido funcionando a salto de mata. En el ámbito público, faltan, pues, una verdadera política tributaria y una verdadera política crediticia.
Desde luego, no sólo hay que hablar del ingreso sino también del gasto. Si algo ha venido quedando relegado, porque a las distintas Administraciones no les ha convenido tratarlo, es el ordenamiento del gasto público. En este punto más bien ha habido retroceso. Lo que falta, en realidad, es una reforma integral modernizadora del funcionamiento del Estado, para que el aparato institucional funcione a la altura de los desafíos actuales y futuros.
Necesidad de transparencia
Los reclamos de más transparencia en todos los procesos del hacer gubernamental se han venido intensificando, en la medida que crece la conciencia democratizadora en el país. Ordenamiento y transparencia van de la mano, si en verdad se quiere entrar en un proceso de superación real y verificable de las insuficiencias y vicios que viene lastrando desde hace tanto tiempo nuestro funcionamiento institucional. La transparencia no es una cuestión opcional, sino un requerimiento básico para la estabilidad de todo el sistema, y afortunadamente se va viendo así con creciente convicción analítica y ciudadana.
FUSADES, por ejemplo, toca ya el tema de la llamada “partida secreta”, que, tal como está configurada desde que los terremotos de 2001 dieron excusa para ello, más bien es un “hoyo secreto sin fondo”. Por supuesto, la temática de la transparencia no se agota en ningún caso específico, por dramático que sea. Lo que se precisa es contar con una política que en sí sea transparentadora, en vez de ser ocultadora, como ha sido lo tradicional, aun en esta época de posguerra, y pese a los avances de la democratización.
Insistimos, pues, en el imperativo de ordenar y transparentar como tareas indisolublemente complementarias. Y esto no tiene que ver con posturas partidarias ni con adhesiones ideológicas: es la misma realidad la que impulsa estas demandas, vinculadas de manera directa con la sana práctica de la democracia, que exige que todo esté en orden y a la luz del día.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.