... Debe haber apertura para ponderar también las consecuencias indeseables que van de la mano con los resultados positivos que se espera obtener.
Escrito por Joaquín Samayoa.09 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
El paquete de reformas a la legislación tributaria es una buena oportunidad para poner a prueba el liderazgo del presidente Funes y la autonomía de las fracciones del resquebrajado bloque de derecha en la Asamblea Legislativa. La posición de los grupos empresariales más fuertes también pone en evidencia su buena o mala disposición a colaborar con el gobierno en lo que sea razonable para el país y para sus negocios.
Que yo sepa, hasta la fecha nadie ha puesto en duda que el país debe incrementar sustancialmente la carga tributaria. Las críticas más razonables que se han manifestado se refieren particularmente a algunos de los nuevos impuestos que el gobierno propone. También hay cuestionamientos a la estrategia de acudir a nuevos impuestos sin antes demostrar convincentemente que se está haciendo todo lo posible para disminuir gastos innecesarios del aparato estatal, controlar el contrabando, ampliar la base tributaria y reducir al mínimo la evasión y la elusión fiscal.
Al Ejecutivo hay que reconocerle que ha dialogado abundantemente con el sector empresarial en el proceso de formulación de las propuestas de reforma de ley. Lo que habrá que valorar más detenidamente es si el secretario técnico, el ministro de Hacienda y otros funcionarios directamente involucrados en la elaboración de la propuesta han dialogado con apertura de mente o simplemente han buscado cubrir los mínimos de legitimidad que se pueden obtener mediante cualquier proceso formal de consulta.
El presidente ha defendido con firmeza la necesidad y el contenido de la reforma, pero debe evitar ponerse a la defensiva descalificando cualquier crítica con el argumento de que responde a intereses corporativos contrapuestos al bien común. Por su parte, los diputados, particularmente los del nuevo grupo parlamentario, deben ganar credibilidad demostrando que no están dispuestos a ofrecer o a negar sus votos sin analizar detenidamente todos los ángulos de un tema tan controversial.
La propuesta de ley que en estos días discute la Comisión de Hacienda tiene alcances bastante limitados en comparación con los niveles de recaudación a los que el país debe llegar. Más adelante hará falta una discusión más pausada para conseguir un pacto fiscal que le dé al Estado una capacidad real de promover la modernización y el desarrollo mucho más allá de los niveles de mera subsistencia. Desde esa perspectiva, una aprobación precipitada de las reformas que ahora se discuten podría dejar muy comprometidas las posibilidades de alcanzar consensos más adelante.
Todas las partes que promueven una reforma o se ven afectadas por ella saben que cualquier intento de elevar impuestos o crear nuevos impuestos encontrará resistencia. Lo que no es conveniente es concluir a priori que toda crítica es mezquina o mal intencionada. Puede serlo en algunos casos, pero ello no excluye la posibilidad de que existan razones atendibles para hacer las cosas de forma diferente.
Los intereses corporativos a los que se ha referido el presidente en varias ocasiones en los últimos días son, efectivamente, intereses corporativos. Lo que no debe perderse de vista es que la economía es un complejo sistema y no una simple yuxtaposición de elementos. Hay áreas de convergencia entre algunos intereses corporativos y el interés de la población. En ese sentido, algunas medidas que perjudican a la gran empresa perjudican también a empresas de menor tamaño, a los consumidores y, en última instancia, tienden a frenar la actividad económica, que es la principal base para la recaudación fiscal.
Está muy bien que el gobierno se cuide de no afectar directamente a los más pobres con las medidas impositivas, pero ese no puede ser el único criterio para juzgar la conveniencia de una reforma ni para rebatir los argumentos que se formulan en contra de ella. El impacto de las reformas en la clase media es una consideración sumamente importante si se quiere caminar en la dirección de una reactivación económica.
En estos temas, no vale la lógica de todo o nada. Los diputados deberán analizar con detenimiento las reformas para determinar si algunas de ellas tienen altas probabilidades de provocar disminución significativa del consumo y, en consecuencia, de la productividad, de la inversión y del empleo. No afirmo que sea ese el caso, pero debe haber apertura para ponderar también las consecuencias indeseables que van de la mano con los resultados positivos que se espera obtener.
La nueva correlación de fuerzas legislativas no debe emplearse para reproducir los errores de las mayorías oficialistas del pasado. Lo importante no es quién tiene más votos sino quién tiene mejores razones.
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