Escrito por Federico Hernández Aguilar. 09 de Diciembre. Tomado de El Diario de Hoy.
El intenso debate generado alrededor del paquete tributario impulsado por el gobierno ha dado pie, como era de esperarse, a todo tipo de controversias. Los análisis y las críticas han estado a la orden del día, igual que las reacciones de los funcionarios. Las consecuencias más profundas de esta discusión, sin embargo, tal vez no se encuentren en los efectos adversos de la medida (que llegarán, sin duda), sino en los mensajes negativos y contraproducentes que se han empezado a enviar desde el poder político.
En buena parte, los argumentos contra las reformas propuestas se han fundamentado en análisis económicos serios, responsables y eminentemente técnicos. Por el contrario, algunas respuestas provenientes del gabinete se han caracterizado por los personalismos, las descalificaciones morales y una visión innecesariamente ideologizada de la economía.
Desde luego que es necesario hacer llegar más recursos al Estado. Por supuesto que existe un nivel de solidaridad al que es imperativo acudir en cualquier coyuntura histórica. Claro que hay una corresponsabilidad de todos los sectores productivos en la tarea de minimizar los efectos de la crisis global y ofrecer caminos viables hacia el desarrollo. Lo que no se debe hacer —y menos desde la altura del Poder Ejecutivo— es confundir los términos, como si la economía fuera una acumulación de fórmulas matemáticas en la que no cabe esperar nada de las subjetividades humanas.
La captación de recursos es labor en la que los gobiernos deben emplearse a fondo, pero sorteando la falacia de creer (y hacernos creer) que toda propuesta de reformas fiscales es legítima y oportuna en la medida en que hace llegar más dinero a las arcas del Estado. No es así. La legitimidad y la oportunidad de un proyecto semejante —casi trescientas modificaciones a catorce cuerpos legales— descansan en las garantías que ofrece un gobierno para transparentar el uso de los recursos, evitar la manipulación partidaria de los proyectos sociales, estimular integralmente la economía y distribuir la carga fiscal en un número cada vez mayor de contribuyentes, ampliando la base tributaria.
Cuando el Estado es incapaz de ofrecer garantías mínimas para todo lo anterior, llamar "solidaridad" a la aprobación obediente de su paquete tributario es una manera perversa de enfrentar las críticas, porque contribuye a fomentar un peligroso sesgo de lucha de clases en la comprensión social de los ciclos económicos. Y a ese sesgo, lamentablemente, le hemos visto asomar la cabeza varias veces a lo largo de estas últimas semanas.
Preocupa que los funcionarios de turno, por ejemplo, culpabilicen a gremiales, economistas y tanques de pensamiento de defender "intereses particulares y corporativos" al oponerse a las reformas fiscales, reduciendo sus aportes técnicos (incluidos los que ya fueron aceptados) a un mero asunto de conveniencia sectorial. Pero mucho más preocupa que los voceros gubernamentales, sin medir consecuencias, señalen a los empresarios como los grandes responsables de que los principales proyectos sociales del país se queden sin financiamiento.
Esta desacertada porción del discurso oficial está empezando a caldear los ánimos. La empresa privada no sólo ha tenido que correr para hacerle remiendos a una propuesta fiscal miope e incompleta, sino que ahora tiene que tragarse (y sin hacer muecas) disertaciones públicas en las que se le acusa de ser insolidaria, mezquina y sinvergüenza. ¿A qué otros extremos llegará esta clase de razonamientos en el futuro cercano?
Sin una empresa privada fuerte y exitosa es imposible, en cualquier país del mundo, apostarle a una verdadera recaudación tributaria. Los empresarios son siempre los máximos contribuyentes al fisco, porque las condiciones para el progreso honesto se encuentran en la formalización de los negocios (por muy pequeños que sean), la sanidad administrativa, buenas dosis de responsabilidad social y un compromiso vigoroso con la propia prosperidad.
El éxito del empresario que tiene estas características supone, en definitiva, un éxito para la sociedad entera, porque de allí salen los empleos estables, los salarios justos y las ventajas competitivas, es decir, la verdadera distribución de la riqueza. Únicamente la prosperidad genera prosperidad. Y sólo un ambiguo concepto de "redistribución" (a cargo, por supuesto, de papá Estado) concibe disminuir esta potestad de los ciudadanos para aumentársela a un grupo de burócratas.
El deber gubernamental de hacer pagar a los que no quieren, o de combatir enérgicamente la elusión, jamás debe llevarnos a la institucionalización de la sospecha, esa nociva práctica fiscal que penaliza el éxito y desincentiva la inversión. Y menos debe conducirnos a promover en la ciudadanía una actitud de rechazo a la actividad empresarial, como si el tamaño o la prosperidad de un negocio fueran pruebas contundentes de su complicidad con la pobreza.
Ese camino, el de la lucha de clases, aunque resulte muy atractivo para algunos miembros del actual gabinete de gobierno, desemboca en mayor miseria y cada vez menor libertad.
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