Escrito por Luis Mario Rodríguez R.09 de Diciembre. Tomado de El Diario de Hoy.
El avance en el combate a la corrupción no ha sido suficiente en El Salvador. No obstante ser signatarios y haber ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, lo que impulsó la aprobación de la Ley de Ética Gubernamental en el año 2007, aún faltan acciones que impidan el uso abusivo de los recursos del Estado y el acceso de los ciudadanos a la información que soporta el gasto público, se trate de construcción de infraestructura, contratación de empleados y consultores, o apoyo a través de programas dirigidos a las familias más pobres.
Las reformas a la Ley de Ética Gubernamental, a la Ley de Enriquecimiento Ilícito para los Funcionarios y Empleados Públicos, que revitalicen la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la reforma constitucional para elegir al presidente de la Corte de Cuentas con mayoría calificada, y una exhaustiva política de transparencia de información por parte de los Órganos de Estado por medio de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que han promovido FUSADES, FUNDE, USAID y otras instituciones de prestigio, son sólo algunas de las tareas pendientes que debemos apresurarnos a consolidar en el próximo año.
El Gobierno de la República está dando muestras claras de su compromiso por erradicar la corrupción. La creación de una Subsecretaría de la Presidencia de la República orientada a la promoción de la transparencia y la ética en las acciones del Órgano Ejecutivo y la creación del Observatorio de la Obra Pública en el Ministerio dirigido por Gerson Martínez, son refrescantes señales de las autoridades para controlar el uso eficiente de los impuestos que todos pagamos y evitar actos de corrupción por aquellos que se aprovechan de la falta de controles legales. Sin embargo, tenemos un gran cúmulo de información que aún sigue estando secuestrada en las oficinas públicas de los tres Órganos del Estado.
La reciente publicación del uso que Casa Presidencial hizo de los fondos de "gastos imprevistos", demuestran la necesidad de contar con instrumentos legales que permitan el control de los mismos por parte de la Corte de Cuentas de la República.
Ahora que celebramos la semana de la transparencia, bien haría el Presidente de la República en presentar una reforma a la Ley General de Presupuestos que restrinja lo que atinadamente señaló FUSADES acerca de la inconstitucionalidad de las disposiciones que permiten alimentar las asignaciones de Casa Presidencial con los remanentes de lo no ejecutado por las distintas carteras de Estado. No cabe duda que el gobernante, como en cualquier parte del mundo, necesita contar con presupuestos para administrar la cosa pública en aquellas situaciones en las que otros ministerios no pueden intervenir. Sin embargo cuanto más transparente es el uso de los fondos, menos es el riesgo que el Presidente pueda ser cuestionado por el uso irresponsable de los mismos.
Pero no sólo se trata de transparentar el uso de los recursos financieros del Estado. El país está obligado a dar un salto de calidad también en la información relacionada a las discusiones, toma de decisión, estadísticas y avance en los procesos judiciales en los tribunales y al interior de la Corte Suprema de Justicia, con las reservas de ley que sean necesarias, y en los proyectos de ley que se discutan en las distintas comisiones en la Asamblea Legislativa. Tan relevante es conocer en qué gastan nuestros impuestos los funcionarios, como aquello que deciden en el desempeño de sus cargos públicos.
Actualmente existen los observatorios judicial y legislativo patrocinados por Naciones Unidas a través del programa de fortalecimiento democrático ejecutado por FUSADES. Son dos ventanas al quehacer de jueces y diputados. Los ciudadanos podemos con un "clic" conocer lo discutido en las comisiones de trabajo en la Asamblea, el avance en los proyectos de ley y las decisiones que toman en las distintas plenarias cada jueves en el Primer Órgano del Estado. Éste último cuenta con la transmisión de las sesiones en directo por televisión en cable, lo que permite conocer la posición en vivo de cada uno de las fracciones legislativas.
En tal sentido los avances en transparencia de información son mayores en la Asamblea que en el Órgano Judicial. La colaboración de este Órgano de Estado es indispensable para alimentar el observatorio judicial. La aspiración a que todos los ciudadanos podamos presenciar las discusiones de la Corte Plena y tener acceso a estadísticas a través del trabajo que en nuestra época cuando laboramos en esta institución, era atribución de la Sección de Informática Penal, son algunas de las muestras de transparencia que no dudo pronto tendrán que ser aprobadas por los señores magistrados.
Cuando el auge de los secuestros se presentó a finales de la década de los noventa, el porcentaje de condenas era mínimo y las bandas de delincuentes recuperaban su libertad prácticamente en las primeras setenta y dos horas. Con la presión mediática y el apoyo de ANEP con abogados particulares que reforzaban la acusación de la Fiscalía General, los jueces y magistrados se preocuparon por diligenciar los procesos con mayor transparencia y finalmente el noventa y cinco por ciento de los procesados por dicho delito fueron condenados.
La transparencia es un buen negocio. Lo es para la credibilidad de los funcionarios y para la tranquilidad de los ciudadanos que pueden estar seguros que los gobernantes no están actuando arbitrariamente sino utilizando los instrumentos que la ley les otorga. Cuando más conozco, menos puedo objetar; cuando se me dificulta el acceso a la información, entonces tengo que dudar. Avancemos y hagamos de nuestras instituciones, entidades a las que todos podamos observar y cuestionar cuando sea necesario.
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