El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Órgano Judicial, la PNC y la Fiscalía General deberían tomar la iniciativa conjunta de estructurar un proyecto integrado de lucha contra la criminalidad...
Editorial.11 de Diciembre.Tomado de La Prensa Grafica.
La organización del crimen viene en crecimiento constante en todas partes, y sus redes se extienden globalmente con una fuerza y una sofisticación sin precedentes. Su poder es enorme en las sociedades más desarrolladas y, desde luego, no tiene barreras en países como los nuestros, caracterizados por la fragilidad y porosidad de los tejidos institucionales. Centroamérica, por su ubicación geográfica, se ha convertido en la ruta ideal para algunas peligrosísimas formas del comercio criminal, como es el tráfico de drogas, que constituye sin duda uno de los “negocios” más lucrativos del mundo, y por eso la lucha contra el mismo resulta siempre tan relativizada en los hechos.
La incidencia directa de los intereses del crimen organizado en el aparato institucional es una realidad que no puede ser ignorada y que no debería ser tratada con la superficialidad que viene dominando prácticamente todos los enfoques. Hay desde luego áreas institucionales que son más apetecidas por la infiltración criminal dado su rol en la lucha contra el crimen y a la vez más vulnerables por sus propios defectos y vacíos estructurales, como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, el Órgano Judicial y el sistema penitenciario. Poner énfasis, pues, en el fortalecimiento real y en la interacción efectiva entre todas esas instituciones constituye un elemento indispensable e impostergable para hacerle frente a los distintos embates del crimen, sobre todo el organizado.
Pero en estos temas lo que sigue imperando es la dispersión de ideas sueltas, la imposición de ocurrencias de imagen y la falta de coordinación eficiente. Y así no se puede.
Definir estrategias integrales
Las instituciones antes mencionadas aseguran, cada quien por su lado, que cuentan como mecanismos internos de depuración y con esquemas modernizadores en marcha. Pero las evidencias constantes de la realidad hacen sentir que lo que se tiene al respecto no sólo es insuficiente sino que no es confiable. Habría que superar cualquier resistencia institucional autodefensiva para pasar a un ejercicio verdaderamente serio y consistente de reordenamientos internos, que implique desde luego mecanismos transparentes de autolimpieza de malos elementos y autoevaluación de resultados.
El crimen en todas sus expresiones y por supuesto su organización creciente y potente están entre nosotros, en el día a día, y continuar con políticas que no pasan de ser amagos y con planes que no pasan de ser esquemas ocasionales es complicar cada vez más las cosas. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Órgano Judicial, la PNC y la Fiscalía General deberían tomar la iniciativa conjunta de estructurar un proyecto integrado de lucha contra la criminalidad en todas sus formas. Pero hasta la fecha no hay ni siquiera un mínimo intento de avanzar por esa ruta; cada quien parece encastillado en lo suyo, con las consecuencias que todos padecemos a diario.
Como país, el riesgo principal es que las estructuras criminales vayan invadiendo progresivamente los endebles espacios de la institucionalidad, con lo cual se podría llegar a una situación en la que todo esfuerzo posterior resulte fallido.
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