El ex ministro de Defensa alega en una entrevista con un diario local que, si es enjuiciado en España, se vulnera el principio de que nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito, pero juristas creen que en realidad Ponce nunca ha sido sentado en el banquillo de la justicia nacional.
Diciembre 5. Tomado de Contra Punto.
SAN SALVADOR - El general retirado René Emilio Ponce negó que haya dado la orden de asesinar a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, y afirmó que, como ya ha sido enjuiciado sobre esos hechos en el país, la justicia española que le ha abierto una querella viola el principio universal de no ser enjuiciado dos veces por el mismo delito.
Pero abogados consultados por ContraPunto dijeron que su análisis es que Ponce nunca ha sido enjuiciado en El Salvador.
Ponce brindó una entrevista al periódico local "El Mundo", publicada el 1 de diciembre, en la que el militar expresó que “no tengo culpabilidad en ese hecho”, refiriéndose al caso de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989.
En esa fecha, seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fueron asesinados a sangre fría, junto a su empleada y la hija de esta, por un comando militar, en el marco de una feroz ofensiva guerrillera en San Salvador y varios otros puntos del país.
Ponce descartó que sea real y válida una hoja de papel manuscrita que se supone sea el acta levantada en una reunión de jefes militares, en la que se establece que Ponce dio la orden de asesinar al padre jesuita y rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, “sin dejar testigos”.
Ponce indicó que en dicha hoja se le pone a él y al actual general Emilio Zepeda como generales, cuando en realidad eran coroneles en ese noviembre del 1989, lo cual era del conocimiento de quien habría escrito dicha acta.
“Esa es la mejor prueba de la mentira”, dijo Ponce en la entrevista.
Yo no fui, fue Teté
Documentos desclasificados de los órganos de inteligencia de Estados Unidos y de España han sido presentados ante la justicia española por los querellantes como pruebas de las implicaciones de Ponce y de un grupo de militares en el asesinato de los jesuitas.
Pero el militar lo negó: “De lo que estoy plenamente seguro es que nunca di una orden en ese sentido”.
La querella fue interpuesta en noviembre de 2008 en España ante la Audiencia Nacional, por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos. En el caso son investigados 14 militares, incluyendo a Ponce, y fue acusado el propio ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) por el delito de encubrimiento, pero el juez no aceptó la acusación contra Cristiani.
Ponce era en noviembre de 1989 jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El Salvador vivía una ofensiva general del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) contra objetivos militares en la capital y varios otros puntos del país.
El jerarca militar apuntó que efectivamente el 15 de noviembre se reunieron todos los jefes militares para planificar la contraofensiva a la acción guerrillera, pero que en ningún momento hubo una orden de asesinar a los jesuitas.
“No hubo ninguna orden de ese tipo (asesinar a los religiosos). Eran 23 oficiales los que estaban allí, en ningún momento se le giró instrucciones al Coronel Benavides de entrar a la UCA y mucho menos de asesinar a los jesuitas”, dijo Ponce.
El Coronel Guillermo Benavides era el director de la Escuela Militar, de donde salió el comando del Batallón Atlacatl que penetró la UCA y dio muerte a los religiosos.
Las investigaciones independientes hechas por la comisión del congresista Joe Moackey, de Estados Unidos, después de la matanza, y el informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas (ONU) en 1993, indicaron que Ponce y un grupo de altos jefes militares planearon y ordenaron asesinar a los jesuitas como reacción a la ofensiva guerrillera.
Los militares consideraban a los sacerdotes de la UCA como los intelectuales que apoyaban y fomentaban a la “subversión”.
Ponce señaló que la demanda interpuesta en la Audiencia Nacional Española contra él y otros 13 militares no debió ser aceptada por el juez Eloy Velasco, porque en El Salvador ya el caso fue juzgado, la primera ocasión en 1991 y la segunda en 2000.
"Si se acepta la jurisdicción de la corte española en nuestro país, se está vulnerando la soberanía nacional", recalcó Ponce.
Cuestionado sobre si iría a Madrid solicitado por la justicia española que lleva el proceso, Ponce dijo: “Si me citan, lo pensaría”. Más adelante agregó: “No tengo notificación que estoy querellado (…) lo sé por los medios de comunicación. Yo analizaría bien (ir), porque las condiciones que me pueden dar son mínimas”. “En España puede suceder cualquier cosa”.
El general señaló que el juez español debería estar consciente de que ya hubo un juicio sobre el caso en 1991 y otro en 2000, y que eso es cosa juzgada. “Hay un principio del derecho universal que dice que no se puede juzgar dos veces a una persona dos veces en una misma causa”, dijo.
No ha sido juzgado… aún
Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuellar, explicó a ContraPunto que “ciertamente hubo dos procesos judiciales en El Salvador, pero en el primero no se enjuició a Ponce ni a los acusados de la autoría intelectual”.
En este juicio de 1991 únicamente resultaron culpables el Coronel Benavides y el teniente Yusshy René Mendoza, pero fueron liberados más tarde, beneficiados con una Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en 1993.
“En el segundo se procesó a los presuntos autores intelectuales, pero ambos procesos fueron fraudulentos. Y precisamente la justicia universal se reclama cuando hay impunidad a través del fraudes penales”, apuntó Cuéllar.
El concepto de justicia universal puede retomar casos en donde se compruebe las deficiencias incurridas en juicios de violaciones a los derechos humanos, y a la Audiencia Española, dicen abogados consultados, no le costará mucho aceptar todas las deficiencias y anomalías surgidas en el caso jesuitas.
Esos abogados consultados también señalaron que el General Ponce se equivoca cuando dice que él ya fue juzgado en el caso jesuitas. En realidad, el militar –y varios de sus compañeros de armas— fue acusado, querellado en ese proceso que se abrió en 2000, pero la jueza Gloria Lizama dijo que el caso ya había prescrito.
“El General confunde los términos ‘enjuiciado’ con acusado o querellado; bueno, él no tiene por qué saberlo, pero está siendo mal asesorado”, dijo a ContraPunto uno de los abogados consultados, que prefirió mantener el anonimato.
De modo que Ponce, dicen los abogados, nunca ha sido juzgado, no ha sido hallado culpable ni inocente, no se oyeron pruebas en su contra o a su favor; simplemente la jueza decidió no seguir el proceso porque lo consideró prescrito. Pero ya se sabe que los casos de lesa humanidad, como es el jesuitas, no prescriben nunca.
“Ponce no ha sido juzgado por ninguna causa relacionada con los jesuitas, entonces no se puede valer de ese principio [de no ser juzgado dos veces por la misma causa]”, dijo el abogado Félix Ulloa, del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (Iejes), en entrevista con ContraPunto. “Contra él nunca ha habido ninguna causa penal ni aquí en El Salvador ni fuera”, agregó.
Ponce pudiera ser llevado, por primera vez, al banquillo de los acusados. Y de hecho, eso está haciendo el juez español Velasco.
En España además de Ponce han sido querellados otros 13 militares por su presunta autoria intelectual y material en el caso jesuita.
El caso está también procesándose en el sistema interamericano de derechos humanos.
Los fantasmas de Walker
En tanto, el diario digital El Faro publicó a mediados de noviembre que William Walker, ex embajador de Estados Unidos en El Salvador por las fechas que sucedieron los asesinatos, envió un cable al Departamento de Estado en el que informaba que tenía información de que miembros del entonces partido oficial Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se reunieron el 15 de noviembre de ese año (1989) para planificar el asesinato.
“La información que se nos ha proporcionado nos conduce a una inquietante conclusión: los asesinatos del padre Ellacuría y sus siete compañeros pueden ser rastreados hasta una discusión la tarde del 15 de noviembre entre Roberto D´Aubuisson y sus seguidores más fanáticos dentro del Coena”, dijo Walter en el cable, según en periódico.
D’Aubuisson fue el fundador de Arena, cuyo órgano de dirección se llama Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena). También se le acusar de haber estado detrás de los temidos Escuadrones de la Muerte, cuerpo paramilitar que en los años 80 se dedicó a asesinar opositores del gobierno. La Comisión de la Verdad, de 1993, lo responsabilizó de haber sido el autor intelectual del asesinato en 1980 del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
D’Aubuisson murió de cáncer en febrero de 1992.
Ricardo Valdivieso, miembro del Coena de entonces y amigo cercano de D’Aubuisson, negó las versiones provenientes del cable enviado por el ex embajador Walter.
“Es absolutamente ridículo, absurdo”, dijo Valdivieso a ContraPunto. “Todo eso es producto del chambre de la época, y que el ex embajador pudo haber recogido”.
Valdivieso dijo que él y Walker se conocieron desde antes de que el estadounidense fuera nombrado embajador en El Salvador, y lo considera su amigo. Agregó que Walker era muy dado a dejarse llevar por información no confirmada.
“Un día, a pocos días de que Cristiani fuera juramentado como presidente, viene con el cuento de que ha sabido que se prepara un golpe de Estado contra el Gobierno de Napoleón Duarte (el presidente saliente). Y yo le digo: Mirá ¿cómo va a haber un golpe a tres días de que termine el gobierno?, eso no tiene lógica. Tenés razón, me dijo, y se fue más tranquilo”, narró Valdivieso.
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