Escrito por Ricardo Esmahan. 01 de Diciembre.Tomado de El Diario de Hoy.
El pasado domingo 29 de noviembre el pueblo hondureño demostró su vocación democrática al acudir a votar masivamente, en una verdadera fiesta cívica se celebró con entusiasmo el triunfo de la democracia. Honduras ha marcado un hito en la historia de la humanidad y se consolida como la abanderada de la libertad y la dignidad, dictando a los pueblos de América una cátedra en Derecho Constitucional y soberanía.
Después de un largo trajinar, el pasado 30 de octubre, fue suscrito el Acuerdo Tegucigalpa–San José, en el marco del Diálogo Guaymuras, por las dos comisiones nombradas para resolver el conflicto político existente desde el 28 de junio de 2009.
El Acuerdo implico un reconocimiento del diálogo como mecanismo para alcanzar la paz y una derrota a las formas violentas promovidas por la autodenominada resistencia hondureña y por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Ese acuerdo político, como vemos ahora, tuvo como objetivo restablecer la convivencia ciudadana y lograr el camino hacia la paz, la reconciliación y la democracia hondureñas.
Se acordó el reconocimiento pleno de las elecciones generales legalmente convocadas y se autorizó la participación de las misiones internacionales de observadores. Los resultados han sido categóricos: en primer lugar, la participación ciudadana superó el 60% del padrón electoral. En segundo lugar, la importante cantidad de grupos de países que ya se pronunciaron en reconocer los resultados de las elecciones es alentador, especialmente cuando la iniciativa ha sido respaldada por países como Estados Unidos, seguidos de Costa Rica, Colombia, Perú, Panamá, entre otros. Honduras ya tiene resuelto el reconocimiento de legitimidad de los comicios. Se puede pronosticar que pronto veremos a todas las naciones del mundo reconociendo al nuevo Presidente electo de Honduras don Porfirio Lobo Sosa.
Esta gesta electoral nos dice que la sociedad hondureña realmente nunca pudo entender por qué la comunidad internacional quería imponer el retorno de "Mel" Zelaya, con la amenaza de quitar apoyo económico y comercial. Luego de esta gesta, el retorno de "Mel" hoy está en manos del Congreso Nacional de Honduras.
El Acuerdo Tegucigalpa–San José, en lo referente a la titularidad del Poder Ejecutivo, legitima al Congreso Nacional de Honduras como representante de la soberanía popular, para determinar el futuro político de Honduras. Es decir, los diputados han tenido que consultar primero a la Corte Suprema de Justicia y a otras instancias como la Fiscalía General, la Procuraduría General, el Tribunal Supremo Electoral y el Comisionado de Derechos Humanos, para que estos entes emitan un informe sobre la legalidad de lo ocurrido el 28 de junio.
Claramente se observa que el Congreso no está obligado a restituir a Zelaya y sus consultas no son una dilación de la situación política del país. El Congreso debe analizar los informes de los otros entes del Estado, que deben ratificar lo ya señalado en cuanto a la constitucionalidad de la sucesión presidencial y luego revalidar o confirmar su decisión del 28 de junio. A la fecha ya se cuenta con todos los informes referidos y el día de mañana, 2 de diciembre, el Congreso va a debatir si destituye o no a Zelaya.
Al leer con detenimiento el documento que allanó y legitimó el paso de lo vivido este domingo, es importante destacar que en ninguna línea o párrafo del Acuerdo Tegucigalpa–San José, aparecen escritas las palabras "Golpe de Estado", prudencia que demuestra cómo funciona un verdadero Estado de Derecho con real independencia de poderes.
Hermanos hondureños… ¡Qué cátedra de Derecho Constitucional!
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