Los gobiernos reaccionan a la defensiva cuando se les acusa de violar o tolerar las violaciones a los derechos humanos, empleando el cinismo y el sarcasmo como armas para desacreditar a los interlocutores.
Escrito por Ricardo Trotti. 17 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Maestro de esta modalidad fue Jorge Videla, quien en los años setenta acuñó el eslogan “los argentinos somos derechos y humanos”, buscando neutralizar denuncias sobre torturas y desapariciones de la dictadura militar que atribuía a una “campaña antiargentina”.
La conducta Videla sobrepasa épocas e ideologías. Los militares centroamericanos niegan todavía las miles de ejecuciones extrajudiciales de décadas pasadas, así como los del Cono Sur reniegan que haya existido una Operación Cóndor.
Hoy, Cuba y Venezuela, con presos políticos por doquier y atropello constante a sus disidentes, ni siquiera permiten la entrada de observadores internacionales para investigar violaciones; mientras Colombia acepta a regañadientes el escándalo de los “falsos positivos”, permitiendo a militares conseguir ascensos al contabilizar víctimas civiles como guerrilleros.
En informes que coincidieron con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron que en México y Brasil la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha degenerado en violaciones cometidas por militares y policías.
Con sorna, el presidente Felipe Calderón calificó esas denuncias de “voces ingenuas” diciendo que la criminalidad no desaparecerá por “arte de magia”, convencido que los 50 mil soldados desplegados es respuesta al narcotráfico. Sin embargo, AI no descalificó a los militares, sino que resaltó sus violaciones, a las que tildó de “escandalosas” y cada vez más “frecuentes”, basándose en cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que desde 2008 recibió 2 mil quejas contra militares, de las cuales el ejército investigó 110, acusando solo a seis de sus miembros.
Es posible que el ejército sea la única solución para temas de seguridad, ante una policía vulnerable a la corrupción y al narcotráfico, pero ello no justifica abusos o que la fuerza de 6,500 soldados destacados en Ciudad Juárez y Tijuana ofrezca poca protección como denuncian sus pobladores, sino atropellos e injusticias.
Los críticos aducen que los militares son proclives al uso desproporcionado de la fuerza y prefieren a los policías, cuya vocación se enfoca en la prevención.
El informe de HRW sobre Brasil es espeluznante. Demuestra que cada año las policías de Río y San Pablo cometen más de mil ejecuciones extrajudiciales y estas víctimas son contabilizadas como parte de enfrentamientos o por resistencia al arresto. Estadísticas oficiales muestran que la policía de Río asesina a una persona cada 23 arrestos, la de San Pablo a una cada 348; cifras incontrastables con las de EUA, donde se registra una muerte cada 37,000 detenciones.
Los escuadrones de la muerte pululan donde la justicia no logra revertir la impunidad. En Venezuela se calcula que existen en varios estados y que son responsables de las 7,000 ejecuciones entre los años 2000 y 2007, un 20% de los cuales, según el ministro del Interior, Tarel El Aissami, es responsabilidad de policías. Esto ha justificado la decisión del presidente Hugo Chávez de crear una fuerza revolucionaria que, por sus fines ideológicos, seguramente pronto entrará en un espiral de abusos.
Hasta que no se perciba que los gobiernos están dispuestos a combatir el propio terrorismo de Estado, ningún eslogan, por más llamativo que sea, convencerá a nadie de que somos “derechos y humanos”.
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