Insistimos en un punto en el que siempre insistiremos: hay que poner la honradez en la primera línea de los valores nacionales efectivos, si es que queremos evolucionar sanamente y desarrollarnos de manera sostenible.
Escrito por Editorial. 17 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Es evidente que nuestro proceso democrático va avanzando, y que los distintos obstáculos que naturalmente encuentra en el camino son pruebas de recorrido que lo fortalecen cada vez más. A raíz de la alternancia en el ejercicio del poder, que siempre sostuvimos que era una prueba de alto valor a la vez que de alto riesgo, el imperativo de modernización en áreas vitales se ha hecho aún más apremiante, como lo estamos viendo en el día a día. Crece la presión por más transparencia en el manejo de la cosa pública, se vuelve imperiosa la necesidad de ordenamiento en distintos campos del hacer nacional, hay una demanda creciente de eficiencia institucional para responder a una administración verdaderamente productiva y confiable.
Para el caso, de resultas de la lucha interna en ARENA salen a luz reclamos de investigación de conductas presidenciales en los períodos anteriores. Independientemente de que esto pueda prosperar o no respecto del pasado, queda un precedente de señalamiento para el presente y para el futuro. El presidencialismo tradicional se ha venido volviendo una cámara oscura, y el proceso demanda que eso se transforme en un ejercicio controlado hasta en lo mínimo. Insistimos en un punto en el que siempre insistiremos: hay que poner la honradez en la primera línea de los valores nacionales efectivos, si es que queremos evolucionar sanamente y desarrollarnos de manera sostenible.
No hay que cejar en el aseguramiento de más transparencia en todos los ámbitos de la actividad nacional, pública y privada. La democracia es transparentadora por naturaleza, y lo que estamos viendo es, más allá de los retorcijones coyunturales, un signo de avance.
El Estado debe reformarse
En nuestro país hay sin duda un alto déficit de ordenamiento. Se ha venido instalando una tesis muy peligrosa: aquélla según la cual la libertad implica dejar hacer prácticamente cualquier cosa. En realidad, para que el régimen de libertades funcione como debe ser tienen que estar claramente determinados los límites de todas las conductas. En lo reciente, las dificultades reiteradas para la aprobación de la legislación para el ordenamiento y el desarrollo territorial grafican muy bien este tipo de resistencias. Y es que hay que decir que la falta de orden ha venido funcionando en este campo conforme aquella verdad de la sabiduría popular: en río revuelto, ganancia de pescadores.
Y en cuanto a la eficiencia en la gestión pública, este es un tema del que se habla mucho menos, pero que es decisivo para el adecuado funcionamiento del aparato estatal. El momento es oportuno para abordar el tema. El Gobierno necesita más fondos para desplegar su trabajo, y eso genera un paquete tributario. Así las cosas, se requerirían iniciativas paralelas para al menos emprender la ingente tarea de cerrar fugas, eliminar duplicidades de esfuerzos, controlar desperdicios, ajustar obsoletas maquinarias burocráticas y sellar portillos de corrupción.
En otras palabras, la reforma del aparato estatal es una urgencia estructural que ya no puede seguir postergándose, porque de no hacerla muchos recursos y energías se seguirán dilapidando, en perjuicio de la sociedad entera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.