Por una política anticriminal integral

Escrito por José Guillermo Mártir Hidalgo. Domingo 08 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.

Previo a las elecciones presidenciales del quince de Marzo, el analista político, Dagoberto Gutiérrez afirmaba, que el próximo gobierno llegaría a administrar la crisis provocada por el capital financiero en el ámbito mundial. Los primeros meses del Gobierno de Mauricio Funes, corrobora los pronósticos hechos por Gutiérrez.

La Administración Funes sigue el devenir trazado por el Modelo de Desarrollo Económico Neoliberal impuesto, desde mil novecientos ochenta y nueve, por la primera administración de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La inseguridad, es concomitante a dicho modelo de desarrollo. Esto porque el Neoliberalismo signa a la Democracia, como garante de crearle condiciones favorables para que funcione el Mercado.

El Modelo de Desarrollo maximaliza la libertad como ausencia de coerción en el comercio.  Por lo tanto, considera que cualquier decisión que no viene del Mercado, contribuye a conformar un sistema de coerción individual. Por eso percibe que el Estado y la Política, dan origen a intervenciones indeseables.

El discurso Neoliberal parte de un simplismo antropológico, no hay momento de libertad más que el intercambio. Desde éste punto de vista, percibe que la libertad política se restringe a participar en elegir a sus representantes. Y la elección, igual que la necesidad, se resuelve en el mundo íntimo de la subjetividad.

La omnipotencia del Estado, dice el planteamiento Neoliberal, termina convirtiendo al individuo en un robot y éste, ante la delincuencia, se siente impotente y cree que solo el Estado podrá defenderlo. Pero, el planteamiento neoliberal justifica la capacidad del individuo de defenderse, por lo que apuestan al  derecho a poseer armas y formar milicias que resguarden su seguridad. La filosofía Neoliberal le apuesta al endurecimiento de las leyes, a mayor injerencia policial y más leyes que dicten la conducta humana.

La Lógica Neoliberal considera que solo la Empresa Privada es la única capaz de disminuir la delincuencia. Y percibe, que el Estado jamás va a librarnos de la inseguridad ciudadana. El Neoliberalismo justifica que ha sido el Sistema Privado de Seguridad el que ha inventado alarmas, sistemas antirrobo. Además, es el que ha creado seguros contra robos y secuestros, así como guardas de seguridad y porteros.

El Neoliberalismo debilito al Estado y con ello debilito la seguridad pública en beneficio de las Empresas de Seguridad Privada, las que son un verdadero negocio que mueve millones de dólares anuales. En dichas empresas participan jefes policiales, funcionarios públicos y militares en situación de retiro. En el país, existen más de cien Empresas de Seguridad Privada, las que aglutinan alrededor de veinte mil agentes y poseen entre doce y trece mil armas entre escopetas, pistolas y revólveres. En algunas de ellas, el armamento y la tecnología son superiores al de la seguridad pública. Ligado a las Empresas de Seguridad se encuentra el negocio de compra y venta de armas y municiones, pues participan los mismos nombres que en ellas.

El Salvador gasta el once por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad y paradójicamente, es uno de los países menos seguros de Latinoamérica. Hoy la seguridad se ha convertido en una mercancía que hay que comprar, esto termina beneficiando a unos en detrimento de la mayoría. Lo anterior puede corroborarse con la frecuencia de homicidios, que es más alta en aquellas zonas populares donde opera la seguridad pública que en las zonas residenciales donde opera la seguridad privada.

EXCLUSIÓN SOCIAL, CRIMINALIDAD E IMPUNIDAD
Igualmente, el Modelo de Desarrollo genera exclusión social. Es decir, expulsa a grandes mayorías de ciudadanos del consumo, para construir el beneficio de unos pocos. Hay que añadir que la Crisis Económica Global está provocando en el país la perdida de ingentes puestos de trabajo.

Ésta exclusión de la esfera productiva de amplios sectores de la población se traduce en un incremento de la violencia delincuencial, intrafamiliar y laboral. La frustración de sus expectativas en los excluidos, hace que aparezca una subcultura que alienta el uso de conductas alternas para conseguir los objetivos sociales. Por supuesto, estas conductas aceptan los ilícitos y hechos criminógenos para resolver los problemas económicos y de relaciones interpersonales.

Esta subcultura, va socializando a sus miembros a favor de la conducta delictuosa a través del Aprendizaje Observacional. Éste aprendizaje comprende la exposición a un modelo, a una conducta relacionada con él y retención efectiva. En el país, ese modelo no es castigado por sus transgresiones, por lo que es un reforzador directo de la conducta delictiva.

Y es que en el país existe un alto grado de impunidad, esto, entendido a la poca capacidad que tiene una sociedad de castigar a un criminal por su conducta delictiva. Ésta realidad hace que la conducta delictiva sea altamente rentable para resolver los problemas económicos e interpersonales. Pues en opinión de Sydney Blanco y Francisco Díaz, en el país el noventa y tres por ciento de los homicidios no son investigados. Solo el siete por ciento son procesados y solo el cuatro por ciento son condenados. Es decir, la impunidad en el país es del noventa y seis por ciento.

Policías y fiscales tienen sus propias excusas como la falta de recursos, la sobre carga laboral y la falta de incentivos. No hay, entonces, líneas de investigación sólidas y por malas investigaciones la posibilidad de encarcelar a los homicidas es poca. Lo anterior, es un estímulo para transgredir la ley, pues los asesinos piensan que pueden cometer actos de agresión o de violencia y librarse del castigo.

CRIMEN ORGANIZADO
La impunidad, ha abierto al Crimen Organizado la posibilidad de infiltrar al Estado. Por Crimen Organizado entendemos a un conjunto de personas organizadas bajo normas y jerarquías, cuyo fin es cometer actos ilícitos para obtener ganancias lucrativas. El Crimen Organizado comprende una organización estructurada en forma celular, pero, con un eje central de dirección y mando.

La Organización Criminal busca trasladar sus ganancias al ámbito legal, para lo cual crea Empresas Legales y Lícitas. Para lograr tal fin, utilizan al gobierno a través del soborno o corrupción de individuos que trabajan en instituciones gubernamentales. Por lo que la economía criminal, coexiste con la economía formal e informal.

Es un hecho en Centro América, que miembros de los cuerpos policiales estén vinculados al crimen organizado y que la corrupción tenga cotas altas en los sistemas judiciales. Por eso, la represión por sí sola no va a resolver el problema de la criminalidad. Para ello debe haber un equilibrio entre las acciones de prevención, reacción y reinserción social. 

La Prevención General se refiere, a implementar Políticas Sociales que mejoren las condiciones de vida de la población. Y Prevención Focalizada, a políticas de seguridad ciudadana. La Reacción o Represión comprendería realizar buenas investigaciones o mayor uso de la inteligencia policial, deshacer los vínculos entre policías y el crimen organizado, es decir, depuración policial, actuar o aplicarse a la legalidad y lograr la participación de la comunidad. Igualmente, la reacción comprende la mejora de actuación en los operadores del Sistema Judicial: Fiscalía y Juzgados. Y la reinserción social, a transformar las cárceles en verdaderos espacios de rehabilitación.

Por dos décadas, los gobiernos de ARENA impulsaron políticas propagandísticas de impactos mediáticos dirigidos a hacer creer a la población el descenso de la criminalidad. Pero, estos eran más bien esfuerzos por ocultar sus deficientes políticas antidelincuenciales. El nuevo gobierno, por medio del Ministro de Seguridad Pública, Manuel Melgar y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Ascencio, aseveran que la Policía está acercándose a la idea original de los Acuerdos de Paz. Y su actuación se dirige a la prevención sin descuidar la reacción policial, ahora, más inteligente y más focalizada.

La salida de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) a la calles a desempeñar labores de seguridad pública junto con la PNC, no es la solución para contrarrestar los índices de criminalidad. Más bien, parece ser respuesta al esfuerzo mediático que presentaba al nuevo gobierno como inepto y desbordado por la criminalidad. Si realmente quiere combatirse la criminalidad debe plantearse una Política Anticriminal Integral, que aborde un modelo de desarrollo incluyente, Política Social, coordinación entre seguridad pública y privada, refuerzo a las instituciones que investigan el crimen, depuración policial y judicial, prevalencia de la inteligencia policial sobre la actuación represiva, combatir el crimen organizado, prevención, reacción y reinserción social.