Fortalecimiento de la institucionalidad

Mucho se habla en nuestro país de la institucionalidad, sosteniéndose en diferentes espacios de opinión la necesidad de fortalecerla, señalándose incluso que buena parte de los problemas sociales que enfrentamos obedecen a la debilidad de esta.

Escrito por Francisco Sorto Rivas. Sábado 07 de Noviembre . Tomado de La Prensa Grafica.

No obstante lo anterior, ha sido poco riguroso el debate sobre este asunto, dando la impresión, a veces, que no se tiene claro el concepto, a pesar de la relevancia que tiene el fortalecimiento de las instituciones públicas para la democracia y del hecho que la esencia de la institucionalidad proviene del apego de las actuaciones de estas al principio de legalidad, dado que su poder real proviene del derecho, se debe ejercer conforme a este y sus actuaciones deben respetar, además, en todo momento, los derechos humanos de las personas.
En estos principios se cimienta toda sociedad abierta, donde las libertades individuales pueden ser reguladas por el Estado en función del bien común, mediante reglas de aplicación general que alteran la situación jurídica de las personas al intervenir en su esfera de actuación, regulando las relaciones entre actores privados e incluso con el Estado.

En este sentido, la función estatal consiste en legislar y hacer cumplir lo normado (institucionalidad); esto último en el ámbito administrativo o jurisdiccional, según sea la naturaleza de las relaciones o los fenómenos reglados.

El principio de legalidad y de seguridad jurídica constituye entonces la base de la institucionalidad, donde las instituciones públicas administran las leyes y políticas públicas al individualizar su aplicación general, al resolver una diversidad de peticiones de los sujetos de derecho, modificando con ello sus derechos y obligaciones previas (situación jurídica).

Como consecuencia de dichas actuaciones, los afectados pueden presentar recursos de revocatoria o explorar otras alternativas que extingan los efectos jurídicos de tales actos administrativos, garantizándose así la tutela de los derechos ciudadanos, especialmente cuando mediante este tipo de disposiciones se les priva de derechos o se les restringe la obtención de beneficios.

Por otro lado no hay que olvidar que la Constitución señala que nadie puede ser privado de sus derechos sin antes haber sido oído y vencido en juicio; además contempla el derecho de petición y respuesta, hacia y desde cualquier institución pública.

Así mismo, un acto administrativo, independientemente de la opinión del afectado, puede quedar firme (ejecutoriado); por ende, dicho acto puede afectar su situación jurídica al no oponerse, oportunamente y en debida forma, a una resolución proveída por instancia “competente”, que lo perjudica; si el interesado está en desacuerdo con dicho fallo debe presentar un recurso de revocatoria.

Si no recurre a lo anterior, la institución que emitió la resolución no puede modificarla arbitrariamente, posteriormente, aun cuando se percate de que se equivocó al promulgarla o que fue sorprendida al proveérsele de información imprecisa al momento de resolver, ya que como resultado del acto jurídico, ya se engendraron derechos, y estos solo pueden ser suprimidos por entidades jurisdiccionales.

Esto no significa que las instituciones públicas no se puedan equivocar, arrepentir o considerar inconvenientes ciertos actos jurídicos anteriores; a lo que me refiero es que para modificarlos deben respetarse las garantías constitucionales a favor de las personas.

Señalado lo anterior, es necesario que los ciudadanos sometan a prueba la institucionalidad del país mediante el ejercicio responsable de sus derechos, ya que el fortalecimiento de las instituciones pasa por el acrecentamiento de la conciencia ciudadana sobre sus derechos políticos, puesto que la democracia no se construye únicamente a través de la elección de gobernantes, sino que implica además una participación activa en las decisiones públicas y en la auditoría permanente de la gestión pública.