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2011/01/12

El Faro-Jueces desdeñan propuesta del FMLN para aliviar hacinamiento en cárceles - ElFaro.net

La comisión de justicia de la Asamblea Legislativa estudia una propuesta para aliviar la sobrepoblación del 300% que tienen las prisiones salvadoreñas. Este martes escucharon a los jueces de vigilancia penitenciaria, pero estos explicaron por qué creen que las sugerencias efemelenistas no tendrían efectos importantes.

Jimena Aguilar.12 de Enero. Tomado de El Faro.

 

Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibieron este martes a representantes de Centros Penales, de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces de vigilancia penitenciaria, para escuchar sus opiniones sobre las propuestas del FMLN para liberar espacio en el sistema penitenciario. A pesar de que todos los invitados se mostraron a favor de la idea de disminuir el hacinamiento en las cárceles, la posición de los jueces fue que la pieza del Frente no se corresponde con la realidad del país.

A finales de octubre del año pasado el FMLN envió tres piezas de correspondencia que pretenden ayudar a aliviar el hacinamiento de las cárceles del país que, con una capacidad instalada para albergar a unos 8 mil reos, tienen una población de 24 mil.

El FMLN pidió modificar la Ley Especial de Ocursos de Gracia, el Código Penal y la Ley Penitenciaria, de tal manera que se facilite la liberación de ciertos reos por razones humanitarias. Douglas Moreno, director de Centros Penales, llegó incluso a proponer, en mayo del año pasado, la construcción de ocho nuevas infraestructuras a base de contenedores donde se albergarían reos de baja peligrosidad para resolver el problema de sobrepoblación en los centros penitenciarios, pero esta idea no está en discusión entre los diputados.

Los invitados valoraron las propuestas y propusieron cómo mejoradas. Al principio de la reunión, la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, Rosa María Fortín, dijo no encontrar mayor objeción a las reformas más allá de algunos cambios en la redacción. Pero a medida que la discusión y las objeciones a los textos fueron apareciendo en boca de los jueces, la opinión de la magistrada dio un giro.

Las enmiendas a la Ley Penitenciaria implicarían que aquellos internos que reúnan ciertas condiciones como tiempo de reclusión cumplido, edad y padecimientos crónicos, podrían ser puestos en libertad condicional anticipada por razones humanitarias. El Instituto de Medicina Legal junto con el equipo técnico criminológico del centro penitenciario serían los responsables de establecer si la persona reúne estas características o no.

Ahí comenzaron a surgir las críticas de los jueces, porque explicaron que los equipos técnicos criminológicos prácticamente no existen. En algunos casos es nada más una persona a tiempo parcial la que integra todo el equipo que se supone debe ser multidisciplinario.

Otra propuesta que se discutió es agregar un nuevo inciso al artículo 17 de la Ley Especial de Ocursos de Gracia para que la Corte también pueda tomar en cuenta como causa para otorgar el indulto debido a desproporcionalidad en la pena impuesta y por razones de índole humanitaria como el estado de salud, discapacidad física y la edad del interno.

Además, el FMLN propuso agregar un artículo -86-A- al Código Penal, que se refiere a las formas de obtener libertad condicional anticipada. Con este nuevo artículo, aquellas personas de 70 años o más que tengan enfermedades crónicas degenerativas podrán ser puestas en libertad por razones humanitarias, al igual que aquellas mayores de 80 años, que ya hayan cumplido un tercio de su pena y para los cuales exista un pronóstico favorable de reinserción social.

Los jueces reconocieron que es necesario encontrar una solución al problema de hacinamiento, pero creen que de aprobarse las reformas tal y como están, no reducirían de manera significativa la población de las cárceles. “Creo que esta reforma no tendría efectividad de aprobarse tal y como está redactada”, comentó la jueza segunda de vigilancia penitenciaria, Noya Novais, al discutir sobre la reforma a la Ley Penitenciaria.

De los muchos desperfectos que resaltaron sobre las modificaciones a los distintos cuerpos de ley es que no se establecen plazos para notificar una resolución, es decir que los jueces podrían tomarse el tiempo que quieran para poner en libertad a las personas que cumplen con los requisitos previamente establecidos. Como consecuencia, el sistema no se liberaría con agilidad. Además, señalaron que no es posible que se solicite una evaluación del equipo técnico criminológico, cuando estos prácticamente no existen en los centros penitenciarios.

Pero la crítica que más enfatizaron fue que las condiciones que establecerían quienes obtendrían estos beneficios no tienen concordancia con la realidad nacional. La jueza Novais resaltó que las edades límites del artículo 86-A no corresponden con la expectativa de vida en El Salvador, que anda un poco por encima de los 72 años. Novais también aclaró que entre los más de mil 800 internos bajo su responsabilidad, ella no tiene ninguno de más de 80 años y que los casos de mayores de 70 años son muy pocos como para aliviar la población de centros penales. “La propuesta de los jueces de vigilancia es que legislemos para la tercera edad, que se les aplique a las personas mayores de 65 años”, dijo.

Además, los jueces solicitaron que se separara la libertad condicional adelantada por razones de enfermedad de la libertad condicional adelantada por condición de edad, ya que en la propuesta del FMLN para modificar el Código Penal se pone como precondición para salir libre por enfermedad grave ser mayor de 70 años.

En cuanto a otorgar libertad por enfermedad, los jueces de vigilancia también tuvieron varias observaciones. En primer lugar, pidieron que se sustituyera el concepto “terminal” por “grave o crónica degenerativa”. Estos argumentaron que muchas veces un médico no puede declarar una enfermedad como terminal porque existe un tratamiento para esta, pero que por la realidad que vive el país el tratamiento o no se puede proveer o no es accesible económicamente para los internos y por lo tanto resultará en su muerte, aunque no se catalogue como terminal.

Ante las objeciones de la jueza Novais, el subdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, reclamó que la institución ya tiene listas 150 internas de Cárcel de Mujeres que cumplen con los requisitos actuales para obtener la libertad condicional, pero que hay problemas con estos procesos. Rauda también dijo que es necesario aprobar dichas reformas porque le permitirían a Centros Penales liberarse de entre el 2 y el 3% de su población, que ahora ronda las 24 mil personas. Esto significa que la institución calcula que se podría liberar de alrededor de 480 reos.

Poco después de la intervención de Rauda, la jueza Novais le recordó a Rauda que ella le había solicitado al director de Centros Penales, Douglas Moreno, que le enviara todos esos expedientes para darles trámite y que ella se comprometía a liberar esos procesos en un mes. El problema, dijo, es que Moreno nunca le envió dichos documentos.

Al final de la reunión la magistrada Rosa María Fortín reconoció que muchas de las observaciones de los jueces eran pertinentes. Como, por ejemplo, la obligación de tener una evaluación física y sicológica de cada interno, e irla actualizando para observar cómo evoluciona. Fortín admitió que Medicina Legal no puede cubrir las evaluaciones iniciales de los internos y que este tendría que ser responsabilidad del equipo de los centros penitenciarios.

Además, aclaró que concordaba con las opiniones de los jueces en cuanto a la edad y a la salud. “No podemos dejar las cosas de manera cerrada. Cada caso debe ser evaluado individualmente. Por ejemplo, con la edad. La mayoría de nuestra población de agresores sexuales son tercera edad. ¿Los vamos a dejar libres solo porque son tercera edad?”, cuestionó. Fortín cerró diciendo que le agradaba que la Sala estaba casi en sintonía con los jueces.

La comisión tomará decisión sobre las propuestas efemelenistas, pero los partidos aún no aclaran si piensan atenderlas o si, atendiendo las observaciones de los jueces, las modificarán o las archivarán.

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