18 de Noviembre. Tomado de Diario Co Latino.
La sabiduría popular podría ser, quizá, la más acertada en sus juicios, sin necesidad de testigos ni sustentos teóricos penales o filosóficos. Mientras, las administraciones de justicia, por lo menos así es en Centroamérica, siempre dejan dudas, pese a sus herramientas teóricas o a las técnicas, de pesquisas.
En el caso de los tres diputados de ARENA y del PARLACEN, que fueron asesinados el 17 de febrero de 2007, la voxpopuli, muy pronto comenzó a rumorar sus sospechas-“hipótesis”, que la muerte podría estar relacionada con la droga o cualquier otra forma del crimen organizado.
Lo anterior da pie para que este diario, el 26 de febrero de 2007, en su editorial, pidiera: “El asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en manos de policías guatemaltecos, presumiblemente vinculados al narcotráfico, debe llevar a las autoridades a realizar una exhaustiva investigación de la narcoactividad en este país”, refiriéndonos, por supuesto, a El Salvador.
“En una inusual situación alterada, el Director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Rodrigo Ávila, informó que podrían investigar hasta a los diputados asesinados, si la justicia guatemalteca, así lo demandara”, prosigue el editorial de aquella fecha.
Más adelante expresamos: el asesinato de “William Pichinte, Eduardo d´Aubuisson, José Ramón González y el custodio Gerardo Napoleón Ramírez, deben dar pie a una investigación profunda, tanto en Guatemala como en El Salvador, para terminar de una vez por todas de ese fuerte lazo que mantiene el hampa en el istmo”.
En El Salvador, las autoridades, desde las esferas políticas como policiales, se hicieron del ojo pacho, y dejaron que Guatemala hiciera lo suyo. Y, con el perdón de las autoridades de Guatemala, el caso ha sido llevado con los sobresaltos más inverosímiles de las novelas de ciencia ficción. Que manolillo, por un lado, que montaña uno, dos y tres… que Perla, que envidias y represalias, etc.
Con la vista pública que se realiza en el vecino país contra los sospechosos, gracias a un trabajo de Diario El Mundo, se ha conocido de otra investigación que Guatemala rechazó, que obviamente, cambia la dirección de la investigación que está en vista pública, y retorna a la sospecha original: droga, dinero, crimen organizado binacional.
El informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CECIG), citado por el matutino en mención, señala que los diputados fueron asesinados para decomisarles cinco millones de dólares y 20 kilos de droga que llevaba, uno de los diputados, en compartimientos especiales en el vehículo en el que se conducía.
Ávila, ex candidato presidencial de ARENA y ex director de la PNC, reveló a El Mundo que llevaba dinero, pues iba a comprar unas propiedades en Guatemala. Luego, a un canal de televisión dice que llevaba dinero, pero, el dinero que lleva cualquier viajero, y que los compartimentos del vehículo son de fábrica y que son para “llevar herramientas”.
Acepta, además, que uno de los investigadores guatemaltecos que estuvo en El Salvador, asesorando a Hugo Barrera, conocido como Zacarías, insistía que el diputado Pichinte era narcotraficante, pero, que nunca probó nada.
Zacarías, según la CECIG, era parte del crimen organizado, y fue asesinado como casi todos los que han participado en el caso de los parlamentarios.
Es decir, este juicio sobre los asesinos de los diputados del PARLACEN tendrá dos directrices: la oficial, que emana de las autoridades guatemaltecas, con su hipótesis Silva-Manolillo, y la no oficial, la CECIG, que pone otros motivos y a otros autores involucrados en el triple crimen.
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