La confianza ciudadana ganaría mucha solidez si hubiera plena seguridad de que nadie, desde cualquier posición, es capaz de actuar fuera de los debidos controles.
Escrito por Editorial.8 de Diciembre. Tomado de La Prensa Grafica.
En estos días, y a raíz de circunstancias políticas particulares del momento, se ha destapado un tema que por mucho tiempo parecía estar seguro en su limbo: el los gastos presidenciales discrecionales centrados en la llamada “partida secreta”. Ya el término es una aberración, si se le ubica dentro de lo que debe ser el comportamiento institucional democrático. Se entiende que existan fondos y gastos reservados, porque la misma naturaleza de la función presidencial los requiere; pero reservados no quiere decir dejados al total arbitrio ni mucho menos quedar protegidos por una cápsula que no admite observación ni verificación desde afuera.
El sacar a luz las cifras de lo gastado en estos términos durante la gestión del Gobierno anterior pone de nuevo en evidencia que el simple dejar hacer siempre es una especie de licencia para potenciales abusos. Hubo un tiempo en que también los Presidentes de la Asamblea Legislativa y del Órgano Judicial tenían “partidas secretas”, aunque nunca se llegó a convertirlas en esa especie de hoyo negro sin fondo que fue posibilitado con la perversa disposición de la transferencia de fondos de otras partidas, sin ningún control.
El punto, pues, no se agota en el señalamiento concreto, que de seguro no pasará de la advertencia simbólica: hay que evitar situaciones semejantes en el presente y en el futuro. Es un reto de “transparentación”, para cortar tentaciones, prevenir manejos turbios, asegurar el buen ejemplo y potenciar la probidad en todo el sector público. La confianza ciudadana ganaría mucha solidez si hubiera plena seguridad de que nadie, desde cualquier posición, es capaz de actuar fuera de los debidos controles.
Hacer las correcciones del caso
Hay que considerar en esta cuestión dos dimensiones conectadas pero diferentes: el punto específico de lo que ocurrió en la Administración anterior y el tema de los necesarios controles para ponerle límites al presidencialismo rampante que ha caracterizado a nuestro sistema político prácticamente desde siempre. Hay que decir con claridad que la cuestión se ha destapado por las convulsiones internas dentro del ex partido gobernante. Las sospechas de que aquellos fondos pudieran ser fuente de sustento de las disidencias actuales parecen ser el detonador principal. Pero queda la discusión de fondo, que es a la que hay que darle cuerpo, para pasar a los reordenamientos adecuados.
Habría que asegurarse de que esos fondos que deben ser reservados no sirvan para asegurar voluntades, favorecer apetitos, alimentar compadrazgos, hacer desvíos partidarios, ni nada por el estilo. Es una tarea de recomposición que desde luego no se agota con la llamada “partida secreta”. En realidad, se trata de emprender un esfuerzo significativo y permanente para moralizar toda la gestión pública. Y aquí las voluntades personales tienen un rol fundamental. De la cabeza hacia abajo tendría que haber un compromiso explícito de honradez sin excepciones ni rendijas, en beneficio de la gestión misma, pero sobre todo en franco servicio a la salud del proceso nacional.
Si algo erosiona la confianza ciudadana es la duda sobre el desempeño de los representantes, de cualquier nivel. Eliminar dicha desconfianza es tarea prioritaria.
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