EDH-La Procuraduría General

Escrito por Luis Mario Rodríguez R.16 de Diciembre. Tomado de El Diario de Hoy.

Cuando nuestro sistema de partidos parece debilitarse por las diferencias que observamos entre los dirigentes y los militantes, las cúpulas y sus funcionarios, es buen momento para volver la mirada a nuestras instituciones. Si contamos con mujeres y hombres probos y comprometidos con la labor que realizan en las distintas entidades, los administrados tendremos la seguridad que aunque los torbellinos debiliten temporalmente a los partidos, las instituciones persistirán sin orientaciones políticas e ideológicas, representando una defensa inalienable de nuestros derechos y haciendo que cada uno seamos conscientes de nuestras obligaciones.
En estos tiempos de tanta convulsión institucional, es sano reiterar la necesidad de cumplir con la obligación que regula la Constitución de la República de elegir en tiempo y de acuerdo a la mayoría establecida, a los titulares de todas las instituciones del Estado. Desde abril del presente año, los diputados se encuentran en mora de la elección del Procurador General de la República. Por ser parte del Ministerio Público, la Procuraduría es tan importante como la Fiscalía General y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y si defendemos la institucionalidad, ninguna de las entidades estatales puede tener menor importancia que otras, principalmente cuando se trata de una, que conocida en sus orígenes como Procuraduría General de Pobres, desarrolla una función social de vital trascendencia, como es el cumplimiento de las obligaciones alimenticias por parte de los padres irresponsables, que olvidan proporcionar el cuidado que se debe a los hijos procreados, entre otras atribuciones legales.

Conocí la institución en 1992 cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho obtuvimos nuestro primer empleo en la Sección de Relaciones Familiares. A diario nuestro trabajo consistía en recibir denuncias de cientos de mujeres cuyos esposos o compañeros de vida no cumplían a cabalidad con el pago de una asignación económica para los alimentos, vestido y el estudio de sus hijos. Aunque la calificación "de pobres" ya había sido sustituida en el nombre de la institución por el "de la República", el equipo de oficina con el que laborábamos, las instalaciones, los salarios y el apoyo presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda, seguía siendo de lo más precario. A causa del terremoto de 1986, la Procuraduría se mudó de un amplio edificio ubicado cerca de la Corte de Cuentas de la República, a los jardines del Parque Infantil, en donde se construyeron "galeras de lámina" supuestamente de emergencia y temporales, pero que seis años después seguían estando ahí y fueron las que albergaron nuestro primer contacto con el ejercicio del derecho.

Diligenciar una demanda de alimentos tiene la misma importancia que el proceso judicial que se sigue contra una persona que ha cometido un homicidio. En este último se asesina de un disparo, mientras que en el primero se sufre aún más, porque se mata lentamente, con el transcurso del tiempo, cuando las madres desamparadas no pueden hacer frente a las necesidades de sus hijos, principalmente cuando se trata del padecimiento de alguna enfermedad, que requiere el cuidado a tiempo completo y en consecuencia no pueden obtener un empleo, convirtiendo su existencia en una vida precaria y de permanente sufrimiento.

Las historias que los bachilleres escuchábamos cada cinco minutos eran realmente desesperantes. Maltrato infantil, violencia intrafamiliar, infidelidades, embarazos prematuros por falta de la adecuada orientación en valores y virtudes, finalizando algunas de ellas en homicidios. Nuestro trabajo consistía en orientar a las parejas y exigir a los padres irresponsables el reconocimiento de su hijo y en su caso, además de éste, la fijación de una cuota alimenticia acorde a sus ingresos como empleado.

Adicionalmente a la sección de relaciones familiares, la Procuraduría da asistencia gratuita en materia de conflictos laborales, civiles y mercantiles, notariales, solución alterna de conflictos y la defensa de todos aquellos que han sido señalados como presuntos culpables de un acto delictivo, para darle cumplimiento a la presunción de inocencia que establece nuestra Carta Magna. Semejantes funciones ameritan un mayor interés de las autoridades de Hacienda y de la Asamblea Legislativa al momento de decidir el presupuesto que asignarán a esta institución. La gratuidad de los servicios en los distintos ámbitos relacionados puede representar para muchos salvadoreños el salvavidas que estaban esperando para solventar sus problemas legales. No podemos ver con desprecio a algunas de las instituciones que velan por los derechos de los ciudadanos; si la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación del delito y la Corte Suprema la función de administrar justicia, la Procuraduría es la entidad que representa a los desamparados, brindándoles auxilio legal cuando sus recursos limitados no les permiten contratar los servicios de un abogado particular.

Por esta razón las gremiales empresariales, los centros de pensamiento y la sociedad civil en general, deben exigir con fuerza no sólo el nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino también, con la misma beligerancia y entusiasmo, es sano que lo hagan con la elección de todos aquellos otros titulares que como en la Procuraduría General, se espera mitiguen algunas de las necesidades en nuestra sociedad.

Se especula que en la plenaria de esta semana se procederá al nombramiento del Procurador General de la República. Como demócratas e institucionalistas nos complacería mucho que así sea, no sólo porque el incumplimiento lleva ya ocho meses, sino porque se necesita mejorar los servicios de una institución que aunque su nombre se cambió por decreto, sigue siendo dedicado a los pobres.

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